La iniciativa de reforma del Código Procesal Penal en Salta, presentada ante el Senado, ha desatado profundas reflexiones entre legisladores, miembros del Ministerio Público Fiscal, la Corte de Justicia y funcionarios de las áreas de Seguridad y Justicia. A pesar de su objetivo de modernizar la justicia, la provincia parece no estar completamente lista para los desafíos propuestos por esta reforma.
Uno de los pilares fundamentales de la reforma, es la incorporación de la oralidad en todas las etapas del proceso judicial, con la intención de hacer los procedimientos más eficientes y ágiles. Este cambio va de la mano con la redefinición de competencias tanto de los jueces como de los recursos humanos del sistema judicial. No obstante, este enfoque, aunque innovador, no está exento de desafíos logísticos y presupuestarios.
El Procurador General, Pedro García Castiella, destacó la importancia de la posición del Ministerio Público Fiscal en este proceso, expresando la necesidad de una cuidadosa consideración durante la transición hacia un sistema oral, haciendo énfasis en la responsabilidad del Ministerio Público y la importancia de una planificación presupuestaria y logística meticulosa. Se refirió al cambio de paradigma de un sistema acusatorio a uno adversarial, señalando las diferencias y la importancia de consideraciones cuidadosas.
Por su parte el Ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, señaló acertadamente la necesidad de abordar los desafíos potenciales que la reforma podría plantear en términos de infraestructura carcelaria, algo que ya había advertido García Castiella. A pesar de los avances en la ampliación de plazas en la Alcaldía de la provincia, subsiste un déficit importante que requerirá atención urgente. Además, la propuesta de una Policía Judicial ha desatado debates sobre su conveniencia y viabilidad constitucional.
En tanto Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia de Salta, resaltó la implementación exitosa de un plan piloto de oralidad penal que ha llevado a cabo más de 1.200 audiencias. Ovejero destacó la importancia de acercar la justicia a la gente, reducir los tiempos procesales y aprovechar la tecnología para dejar atrás la burocracia del papel. Sin embargo, reconoció la necesidad de adaptar las leyes a esta evolución, marcando un cambio de modelo hacia una justicia más eficiente.
¿Una Reforma para el 2024?
A pesar de las intenciones de avanzar en la reforma durante el próximo año legislativo, legisladores como el Senador Javier Mónico señalaron la necesidad de conciliar las posiciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público antes de abordar cambios significativos en el Código Procesal Penal. La discusión sobre la conveniencia de la Policía Judicial, los desafíos carcelarios y la adaptación legislativa requerida para la transición hacia un sistema más oral plantean interrogantes que deben resolverse cuidadosamente.
La reforma del Código Procesal Penal en Salta, aunque busca modernizar y agilizar la justicia, enfrenta cuestionamientos y desafíos que requerirán un diálogo continuo entre los distintos actores involucrados. La decisión de avanzar en esta reforma marcará un hito en el sistema judicial de la provincia y deberá ser respaldada por consensos, análisis detallados y adaptaciones legislativas necesarias para garantizar su efectividad y respeto a los principios fundamentales de la justicia. En este momento, Salta parece aún no estar completamente preparada para afrontar los cambios propuestos, y será crucial abordar estas inquietudes antes de llevar a cabo una transformación de tal envergadura.
