En estos días, un llamativo operativo se desplegó con intensidad en contra de la empresa surcoreana Posco SAU Argentina ubicada en el nodo logístico de General Güemes, que derivó en denuncias formuladas por un ignoto funcionario de ese municipio. Por detrás, otros operadores pesados que ya acapararon gran parte de los negocios mineros, buscan reducir la expansión de capitales extranjeros que no tributen al “compre salteño” o a los actores ubicados estratégicamente por el romerato.

El área de Minería y Energía, comandada tras bambalinas todavía por Flavia Royón, ha jugado un rol preponderante en esta avanzada, junto al empresario Diego Pestaña, presidente de CAPEMISA y del grupo AGV, uno de los más favorecidos por el lobby que realiza con las grandes empresas mineras. Según lo que ellos comentan en cuanta mesa de inversores se arma para proyectar negocios en la Puna, actúan como representantes directos del Gobierno Provincial. Sin embargo, la mano del romerato aparece nítida en el sector y compite en esta disputa con el apoyo del nuevo gobierno libertario.

Ha llamado la atención que Daniel Quinteros, funcionario de bajo rango del intendente güemense Carlos Kety Rosso, aparezca como quien ha descubierto una madeja de irregularidades vinculadas con jerárquicos de la empresa Posco que tendrían residencia ilegal en Argentina. En la penumbra actúa Eduardo Romero, sobrino del senador nacional Juan Romero, recientemente designado en la estratégica Dirección General de Migraciones, quien es el que entregó la información y pidió la intervención de la Policía Federal.

Con disimulo y sutileza, el actor que encabeza los cuestionamientos por existencia de empresas proveedoras de servicios calificadas como “fantasmas”, es Diego Pestaña, presidente de CAPEMISA. Mientras denuncia que coreanos y chinos les quitan trabajo a pequeñas empresas salteñas, se ha constituido en el empresario de mayor crecimiento patrimonial con la participación en once empresas y dos UTE que acreditan una expansión varias veces millonaria producto del lobby que despliega personalmente, pero con influencias favorables de Flavia Royón.

En la Cámara de Diputados, es Juan Esteban Romero quien preside la Comisión de Minería contribuyó al escándalo contra Posco pidiendo mano dura a la Secretaria de Minería y Energía Romina Sassarini. Por supuesto, el visitante que participó de la escena y denunció discriminación es el ahora multimillonario Diego Pestaña.

Los intereses del romerato también alcanzan a Simón Pérez Alsina, hijo del actual Fiscal de Estado que supo ocupar una banca nacional por el Partido Renovador de Salta en el Senado de la Nación. Juan Agustín Pérez Alsina fue uno de los renovadores que saltó hacia el romerato en 2015 cuando Juan Romero enfrentó sin éxito a Juan Urtubey.

Hay otro comedido que siempre colabora en estas estrategias y que mantiene relación cercana con Royón. Carlos Martín Ramos fue presidente de la cámara minera salteña hasta hace poco, ex apoderado del Partido Justicialista en los 90 y que seguiría siendo testaferro de Marcelo López Arias en una seccional del Registro del Automotor. El ex legislador estuvo más de una década en la Cámara de Diputados de la Nación gracias al soporte político del romerato.

Muchos han visto como saludable que se controle a las empresas extranjeras que quieren explotar los recursos de la Puna, como también existe la impresión de que la exagerada difusión de lo ocurrido con Posco podría responder a la intención de concentrar en unos pocos las grandes ganancias que deja la inversión minera.

Saencistas o libertarios?

Pestaña es quien apenas asumido Javier Milei se mostró como apoyo local del gobierno nacional pregonando que la esperanza del crecimiento minero se dará de la mano de las nuevas políticas liberales.

El 20 de Febrero pasado, cuando la Vicepresidenta Victoria Villaroel visitó la provincia para los actos conmemorativos de la Batalla de Salta, Pestaña con Simón Pérez Alsina -Presidente de la Cámara de Minería de Salta-, Carlos Martín Ramos por Corriente Argentina S.A. y Alejandro Moro de Eramine Sudamérica, la recibieron para exponer la problemática del sector y solicitar discretamente que debían confirmar a Flavia Royón como Secretaria de Minería de la Nación.

Los pedidos se resumieron en veladas críticas hacia el gobierno provincial, traducidos en la necesidad de pavimentar la Ruta 51 para conectar a Chile, estabilidad jurídica de los proyectos extranjeros, estabilidad fiscal, ganancias, IVA y la prioridad para los emprendimientos vinculados al cobre. En realidad, Royón opera a favor de los intereses de la empresa First Quantum Minerals y la subsidiaria Corriente Argentina S.A. en donde trabaja Carlos Martín Ramos como representante, que ejecutan el proyecto de cobre Taca Taca en Tolar Grande. Existe una delgada línea entre la gestión comprometida, el cabildeo y los favores personales en un proyecto de 3.500 mil millones de dólares.

Los amigos

Durante los meses que transcurrieron entre el apartamiento de Royón del nuevo cargo, y la formal aceptación de su renuncia, se desplegaron operativos varios para sostenerla.

En Salta, esta estrategia fue reforzada con grandes titulares en los medios locales, partiendo del diario de Romero, en donde Diego Pestaña se lamentaba por el desperdicio que implicaba sacrificar a una funcionaria eficiente y comprometida con la minería. Para no quedarse corto en el apoyo, pidió públicamente que el gobernador Gustavo Sáenz la designe en un cargo provincial de responsabilidad.

A cuanto empresario y funcionario que encontraron les han informado sobre la necesidad de que sea Royón quien se haga cargo formalmente de los negocios mineros en Salta, y que sea la ingeniera quien ocupe la cartera de producción a cargo de Martín de los Ríos, o presida la empresa REMSA.

El corto recorrido de las lealtades

Lo que hace peligrar sus objetivos es la serie maniobras contradictorias que despliega la ex Secretaria de Energía de la Nación en medio de intereses empresariales de alto vuelo que muchas veces no coinciden, como también entre las facciones en las que se divide el poder político local.

En algunos objetivos Royón ha compartido intereses del gobierno provincial por las cercanías con Sergio Massa que hace poco la beneficiaron. El tigrense aparece cada vez expuesto con los intereses empresariales de José Luis Manzano y Daniel Vilá en Edenor S.A. y en algunos proyectos de litio en el norte argentino. Sin perjuicio del apoyo político que obtuvo Royón del gobernador salteño para ingresar brevemente a la Secretaría de Minería del actual gobierno nacional, los empresarios hablan de que el real soporte lo obtuvo del mendocino y ex Ministro de Interior de Carlos Menem. Edenor es una de las empresas que se benefició hace más de un año con una condonación de deudas de 140.000 millones de pesos que debía a Cammesa, durante la gestión de Royón.

Con alguna desilusión por las demoras en la contención que considera merecer, Royón inclinó sus expectativas de supervivencia hacia el romerato. Al fin y al cabo, hace rato que parece caminar por los senderos del poder empresarial con autodeterminación.

Es noticia expandida en los cenáculos energéticos que Brito incide en el mercado eléctrico con la empresa de generación Genneia, como también que el massismo está vinculado con Marcelo Midlin, presidente del Grupo Emes y de Pampa Energía S.A. que controla a la Transportadora de Gas del Sur (TGS), Petrobras Argentina, Iecsa y el Banco Santander.

El periodista Carlos Pagni, en agosto de 2022 introdujo sospechas sobre los motivos por los que Royón había ingresado a la Secretaría de Energía de la Nación cuando en Salta había concentrado sus decisiones en la inversión minera. Para ello puso en evidencia la vinculación profunda de Flavia Royón con el banquero Jorge Brito que inició su crecimiento exponencial en el rubro financiero luego de quedarse con el Banco Provincial de Salta a instancias del sospechoso proceso privatizador ordenado por Juan Romero en 1996.

Royón no solamente trabajó en el Frigorífico Bermejo durante 15 años sino que en ese tiempo quedó al frente de Fundación ProSalta, una institución creada en 2005 por el ahora senador nacional para promover inversiones e integrada inicialmente por la Provincia de Salta, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio e Industria y el Consorcio Zona Franca (COZOFRA S.A.), como socios fundadores. Actualmente está presidida por Javier Cerúsico, Presidente de la Cámara de Comercio Exterior.

El romerato parece tener intereses concretos en mantener un status quo en la Puna, poblada de concesionarios que falsifican declaraciones juradas y mienten sobre inversiones. Ricardo Alonso y Flavia Royón son dos funcionarios de este sector político que poco hicieron para desenmascarar a los especuladores.

Casi todos los involucrados en estas operaciones buscan el predominio y los beneficios económicos de una actividad con gran expansión y cada vez esconden menos su voracidad. Demasiado confiados, algunos juegan con doble interés y hacen equilibrio en una cuerda cada vez más delgada (continuará…).