Tras 17 años de tolerancia, la Fundación Trabajo y Solidaridad de Abel Ramos dejará de operar y sus trabajadores devendrán en agentes estatales. La incertidumbre sobre los detalles de la operación no opacó la alegría de los trabajadores que protagonizaron varias huelgas para mejorar sus condiciones de trabajo. (Daniel Avalos)
Sorpresa, alegría e incertidumbre. Esas fueron las emociones que atravesaron a los poco más de 600 trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad, la misma que redituó una enorme fortuna a Eduardo Abel Ramos durante casi dos décadas.
La sorpresa se explicó por lo inesperado del anuncio. Y es que aun cuando entre los trabajadores circulaban rumores sobre la inminencia de un anuncio de ese tipo, todos creían que vendría de la mano de una nueva licitación que recaería en alguna empresa amiga del gobierno. Finalmente eso no ocurrió y el desenlace de la historia empezó en la movida mañana de ayer cuando, también sorpresivamente, los trabajadores de la Fundación que prestan servicios en el Hospital del Milagro se dieron con que varios colectivos, camionetas y hasta camiones los esperaban afuera para trasladarlos al Auditórium del Grand Bourg. Allí se presentaron el gobernador Urtubey, el intendente Miguel Isa, el ministro de Economía Carlos Parodi y el mismísimo Eduardo Abel Ramos que con pose paternalista explicó a sus maltratados empleados que hacía tiempo que con “el compañero Urtubey” venían madurando la medida; que una etapa de las tercerizaciones estaba agotada; y que desde noviembre la prestación y control de los servicios de mantenimiento, limpieza, lavado, ropa y alimento serían retomados por el Estado con lo cual ellos, los trabajadores, se convertirían en agentes estatales.
La alegría invadió entonces al salón. Tras años de protagonizar huelgas que siempre exigían mejoras en las condiciones de trabajo, la vieja reivindicación de convertirse en agentes del estado devenía en compromiso efectivo. De inmediato empezaron las conjeturas que aún hoy atraviesan a los trabajadores y que fueron compartidas con Cuarto Poder: el anuncio gubernamental hablaba de 440 trabajadores pero ellos saben que son poco más de 600. Las respuestas preliminares al interrogante también se ensayaron de inmediato: puede que a los más próximos a jubilarse se les ofrezca el retiro voluntario; o puede que la diferencia entre el número anunciado y los realmente existentes obedecieran a que hay algunos que siendo contratados por la Fundación también prestan servicios en el Estado como ocurre con varios agentes sanitarios. Las presunciones incluían también aspectos vinculados a los trabajadores que prestan servicios administrativos y de limpieza en el hotel que la Fundación posee en Castañares y en el colegio Teresa de Calcuta.
Entre estos, las preguntas que atravesaban las charlas fueron varias: si serán reasignados a salud o educación y en el caso de que ocurriera lo último, si el Estado respetará la antigüedad y las horas cátedra con las que cuentan los preceptores del colegio de Ramos que, desde septiembre de 2011, cuenta con un subsidio que se estipuló en $858.000 anuales (Decreto Nº 4255/11). Las respuestas de los asalariados a estos planteos revelaron una vez más la precariedad laboral de los involucrados: muchos aseguraban que aun cuando ahora se encuentren prestando servicios en el hotel, todos saben que han pasado por el colegio o los hospitales porque así lo dispuso la empresa a lo largo de muchos años. La conclusión lógica ante semejante anécdota se imponía: se creen con experiencia para prestar servicios en salud o educación.
Retazos de la infamia
Esa precariedad estaba lejos de ser un secreto. No sólo por las numerosas huelgas que protagonizaban los empleados de la Fundación sino también porque la Auditoria General de la Provincia las certificó en un informe que publicó el 28 de noviembre de 2014. Cuarto Poder la había analizado ampliamente, incluyendo los orígenes de la misma vinculada a la increíble transformación de COCIRAP SA, TODOLIMP SA y TRABASANI SA en Fundación.
Una digresión se impone. Servirá para explicar la complicidad del Estado con las maniobras de Ramos. Y es que el proceso comenzó en el gobierno de Juan Carlos Romero, el mismo que consolidó en Salta el proceso de tercerización y privatización de los servicios públicos en general, y de los vinculados al sistema de salud en particular. Ocurrió en 1998 mediante el Decreto Nº 2.948/98 y sus modificatorios que adjudicó los servicios a las empresas vinculadas a Ramos: COCIRAP S.A. (Provisión de Raciones Alimentarias en Cocido), TRABASANI S.A. (Mantenimiento, Portería y Limpieza) y TODOLIM S.A. (Provisión y Lavado de Ropa). Ese decreto no sólo aprobaba el contrato, también establecía en la Cláusula Sexta que una causa de rescisión lo constituía la cesión de los servicios con lo cual la empresa no podrá subcontratar, transferir, ni ceder a terceros, los derechos y obligaciones del contrato. Contrariando esas normas, las tres empresas antes mencionadas lo transfirieron a la Fundación Trabajo y Solidaridad. Durante nueve años el gobierno de Romero permitió la irregularidad que luego continuó el propio Urtubey, quien en el año 2010 prefirió emprolijar el desmanejo legalizando la irregularidad: emitió el Decreto Nº 4.218 en octubre del 2010 y aprobó el contrato de cesión de los derechos y obligaciones a favor de la Fundación Trabajo y Solidaridad.
Retomemos ahora lo evaluado por la Auditoria en el 2014 que en casi 100 páginas plagadas de observaciones, recomendaciones y fotos denunció tantas irregularidades que resulta imposible enumerarlas aunque pueden resumirse bien así: mal con el personal, mal en la cocina, mal en la limpieza, mal en la recolección de residuos y mal en el servicio de lavandería. Un ejemplo ilustra el generalizado descalabro: el personal de limpieza debía encargarse también de la distribución de las raciones alimentarias a los enfermos. A casi un año de aquel informe lapidario, se da por finalizado el contrato con una empresa que fue permanentemente noticia por las huelgas protagonizadas por sus trabajadores, las palizas públicas que estos mismos recibían de parte de los hijos del empresario, sindicalista y diputado provincial que sin embargo prestaba servicios desde mayo de 2014 con el contrato vencido.
Lo que promete ser un misterio eterno es la cantidad de dinero que Ramos percibía del Estado por la prestación del servicio. Con respecto a los motivos profundos que llevaron al anuncio de hoy, ninguno de los trabajadores consultados cree que Ramos haya recapacitado y concluido que la etapa de las tercerizaciones ha cumplido un ciclo. Menos que Urtubey y Ramos se hayan tomado este tiempo para pensar cómo hacerlo sino más bien los términos de la capitulación de Ramos que ya se había convertido en una mochila de plomo para un oficialismo que tras el triunfo de Urtubey en mayo pasado siente que no precisa de nadie distinto al cenáculo propio. Autosuficiencia “U” que en este caso particular ha dado lugar a un hecho que todos podemos celebrar.
