Las irregularidades investigadas por Cuarto Poder fueron ratificadas esta semana por varias fuentes y el impacto económico de la maniobra ejecutada desde la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) superaría los $1.440 millones solamente en 2022. EDESA aparece como cómplice, el Concejo Deliberante callado y la Justicia también inactiva. ARMSa casi fue utilizada como un arma contra el bolsillo de los contribuyentes capitalinos. El asalto todavía no tiene autoridad que lo investigue.
Una intendenta que sigue cayendo
Las encuestas muestran que la Intendenta Bettina Romero se encuentra a la cola de todos los intendentes de las capitales del país. Su imagen negativa hoy supera el 60% y explicaciones pueden encontrarse la vuelta de cualquier esquina. Las ideas y vueltas con el contrato de Agrotécnica Fueguina que multiplicó las ganancias de esa empresa; las sospechas sobre la obra pública y el funcionario Juan Carlos Segura, los acomodos de familiares y las renuncias frecuentes por supuestos destratos a funcionarios del gabinete, son algunas de las causas sobresalientes en apenas dos años y medio de gestión.
Una de las últimas, que ya explotó y desparrama esquirlas en la órbita del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, es una maniobra de la que no existen mayores antecedentes en la Municipalidad de Salta y que, según lo reconocen los propios funcionarios de la Secretaría de Hacienda, afectaría a una franja de aproximadamente 40.000 contribuyentes de tributos a los que se les habría multiplicado ilegalmente el cobro.
El golpe
La investigación de Cuarto Poder puso sobre el tapete que hace aproximadamente un año la agencia de recaudación municipal decidió dar un golpe a los bolsillos de sus contribuyentes propietarios de inmuebles, igualando la cantidad de los números de usuarios de la electricidad con los números de catastros municipales.
Es por eso que desde hace un tiempo los dueños de inmueble que cuentan con más de un medidor de energía eléctrica comenzaron a recibir en cada boleta el agregado de los rubros municipales que incluyen Impuesto Inmobiliario, Tasa General de Inmuebles y la Tasa de Protección de Bienes y Personas.
De un día para el otro primero cayeron los empresarios inmobiliarios que se vieron obligados a pagar sumas importantes que, en el caso de algunos edificios o loteos, significaron cientos de miles de pesos en el período anual.
Los damnificados detectaron que en una de las facturas el número de catastro era el correcto, pero en las restantes figuraban otros números que cuando los consultaron en la Dirección General de Inmuebles les informaron que no existían. Este registro provincial, a cargo del abogado Luis Cornejo, hizo llamativo silencio. Algunos empleados de menor rango sostienen que la Municipalidad de Salta no está autorizada para crear nuevos catastros, para lo que están obligados a realizar trámites en ese registro, y que esto podría tener serias consecuencias por la manipulación que realizaron funcionarios municipales en los sistemas informáticos.
Los casos más groseros son los de quienes siendo dueños de un solo catastro, y por diversos motivos alquilan una porción de sus casas con otro medidor, tienen que pagar doble o triple impuesto. El Impuesto Inmobiliario solamente puede cobrarse sobre cada matrícula catastral, por lo que el cobro indebido ha dado lugar a cuestionamientos que podrían terminar en la justicia dado que intencionadamente se habrían falseado las facturas e informaron un número de catastro “trucho”. Las facturas mencionan un número de catastro inexistente y esto se multiplica en miles de casos.
Siendo que los tres conceptos que habrían cobrado indebidamente alcanzan la suma promedio de $3.000 mensuales por cada salteño, claramente la dimensión del supuesto fraude alcanzaría a los $120.000.000 mensuales, o $1.440.000.000 solamente en el año 2022. La cifras asustan a todos, menos al romerato que sabe de grandes negocios ejecutados en épocas pasadas.
Concejo incompetente
El poder avasallante de la gestión romerista en la capital le permitió en medio de las fiestas de fin de año la aprobación del presupuesto con el voto negativo de los ediles Paula Benavides, Ricardo Colque (ambos de SI), Alberto Salim, Laura Jorge Saravia (ambos de la UCR), Carolina Am, Marianela Pérez (ambas de UPS) y Soledad Gramajo (PS). Sin embargo, ninguno de los ediles cuestionó en la misma sesión del 27 de Diciembre de 2021 la reforma express del Código Tributario Municipal.
Las defensas del municipio quieren concentrarse en la nueva versión del código por concejos que daría el influyente abogado del gabinete Daniel Nallar. Otros más prudentes sostienen que ni buscando las mejores interpretaciones podrían justificar las decisiones de Levín que se habrían ejecutado antes de diciembre y no habrían sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal con texto completo, ni notificadas a los miles de contribuyentes a los que les cambiaron las formas de calcular los tributos.
El daño que provoca la ineptitud de los ediles también abarcó, en la misma sesión, la actualización para este año de un 56% del valor de la Unidad Tributaria (UT). Es decir que, además del impuestazo que engordó el presupuesto municipal hasta llegar a los $14.300 millones, los ingresos por izquierda representarían casi un 10% más.
El deliberativo de la Avenida El Líbano arrastra crisis desde hace varios años pero esta versión anodina e incompetente es la que ha permitido que se avanzara con una modificación que luego fue utilizada para gestar una estafa multimillonaria. Las autoridades del Concejo Deliberante, más alejadas todavía de la gente, no piensan en intervenir en este tema que provoca un alboroto que crece y se agrandará con las próximas boletas que se repartirán con iguales defectos en los próximos días. Darío Madile, José Gauffin y Paula Benavides por ahora prefieren el silencio.
Comprometidos
La excusa inicial que brindan desde el Municipio es que los barrios y edificios que no subdividieron catastros le privan de cobrar lo que les corresponde sobre casas y departamentos que reciben servicios municipales.
Obligaron inicialmente a los empresarios que podían pagar cifras importantes, pero luego se cebaron y fueron por más. Entonces avanzaron sobre la totalidad de los usuarios de electricidad sin importar que se cobraba dos, tres o varias veces más el impuesto.
El funcionario más comprometido es el contador Alejandro Levín, director ejecutivo de ARMSa, quien habría firmado numerosas resoluciones ordenando que se asociaran los inmuebles con el padrón de EDESA.
El artificio contó con la complicidad de EDESA con la que el municipio tiene firmado un convenio desde el año 2005, en tiempos de Miguel Isa. Esta empresa recibió en los últimos meses padrones que habían reproducido por miles los contribuyentes de años anteriores sin cuestionar nada. Lo que es peor, en sus facturas favoreció el engaño al relacionar los cobros con números de catastros inexistentes.
Todavía se desconoce cuánto es la ganancia que tiene la empresa concesionaria de la luz por sus servicios de cobranzas, pero no son pocas las especulaciones sobre una reunión que habrían sostenido los directivos de Edesa con la Intendenta Municipal y sus asesores de hacienda, previo a que avanzaran con esta operación.
El Ente Regulador de Servicios Públicos informó a algunos medios que ha iniciado una investigación a raíz de algunos reclamos, aunque reducida a la incorporación de estos cobros ilegales en las boletas de luz. Su titular Carlos Saravia convocó a una reunión para el lunes próximo para conocer más detalles aunque amenazó con suspender el cuelgue en las boletas de servicios. A esta reunión asistirán los funcionarios del poder ejecutivo, concejales y el Tribunal de Cuentas. En su mayoría integrantes del staff romerista, no se esperan mayores resultados que la confirmación de todo lo hecho.
En menos de una semana las hipótesis que se habían difundido por este medio no solamente se han confirmado, sino que se ampliaron y podrían comprometer no solamente a los funcionarios de la segunda y tercera línea de la Avenida Paraguay, sino también a su cabeza Bettina Romero. A estas alturas ya no se habla de que existieron errores, sino acciones que podrían ser calificadas como delitos contra la Administración Pública.
Los cobros ya realizados, y su falta de reintegro a los desprevenidos ciudadanos, son el principal inconveniente de un gobierno codicioso que no quiere dar el brazo a torcer, ni aceptar errores garrafales. El dinero es la prueba concreta de un fraude masivo que tiene registro de ingreso y que también cuenta con instrumentos con firmas y sellos. A pesar del peligro, no piensan en devolver la bolsa con el dinero arrebatado a los capitalinos. Ya instalados en tiempo de campaña y con necesidades concretas, los súbditos de la Intendenta solamente recibieron instrucciones de resistir, cueste lo que cueste.
