El excomisario Walter Mamaní, condenado por plantar pruebas y armar causas, podría verse beneficiado y eventualmente salir en libertad por una llamativa limpieza de su planilla prontuarial. La omisión de la justicia alcanzó al más pesado de sus antecedentes: Haber plantado un arma en el marco de la investigación por el asesinato de las francesas. ¿Quiénes están detrás del operativo impunidad?

Nicolás Bignante

En su edición del 4 de julio de 2020 este semanario puso en evidencia la conexión entre dos hechos de extrema gravedad institucional que involucran al hoy condenado Walter Omar Ezequiel Mamaní. El excomisario afamado por diseñar minuciosos fraudes en investigaciones sensibles es apenas uno de los tantos engranajes de la red de impunidad que mantiene en vilo a buena parte de la sociedad salteña. No obstante, su figura resulta crucial a la hora de entender el entramado que atraviesa horizontalmente a altos mandos del Poder político y judicial.

El más reciente de esos hechos tuvo lugar en plena pandemia en el municipio de Apolinario Saravia, donde el joven Luciano Diez de 19 años resultó detenido y falsamente acusado por tentativa de homicidio. Las circunstancias quedaron plasmadas en la amplia cobertura mediática del caso. El comisario, enemistado con la familia del joven por supuestos dichos vertidos en un canal local, decidió embaucarlo una madrugada en la que se circulaba en su camioneta. Lo acusaron de haber intentado atropellar a los efectivos y de circular a altas velocidades de manera zigzagueante. Cuando llegaron hasta la casa de la víctima para detenerla, adulteraron la patente de su vehículo para simular un choque que nunca existió. Para desgracia de Mamaní, los dos hechos quedaron plasmados en grabaciones de cámaras de seguridad.

La filmación permitió constatar que, no sólo los uniformados habían mentido en cuanto al intento de homicidio, sino que además habían actuado de manera temeraria al efectuar al menos cinco disparos al aire. Para entonces, el muchacho ya había sido detenido y sometido a tratos crueles en la comisaría local, lo que incluyó golpes, amenazas y hasta cuatro baldazos de agua helada en pleno invierno.

El caso del joven Diez abrió interrogantes sobre los derechos y garantías de aquellos que, sin otro recurso más que su palabra, se topan con una determinada cuota de autoridad policial. ¿Cuántos casos similares se habrán pasado por alto por no contar con registros fílmicos que los desmientan?

El hecho relatado derivó en una exigua condena contra Mamaní de tres años y medio de prisión por privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica. La actuación de la fiscal Verónica Simesen de Bielke fue reconocida por Jean Michel Bouvier, padre de una de las francesas asesinadas en San Lorenzo en 2011.

La conexión

El segundo hecho que involucra a Mamaní tiene que ver, precisamente, con la investigación del asesinato de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Las profundas irregularidades de su accionar, curiosamente, no figuran en su planilla prontuarial, de allí que se especule con que podría ser beneficiado en el cumplimiento efectivo de su condena.

Mamaní fue quien sospechosamente “encontró” los casquillos de los proyectiles. Según relató en el juicio, “uno estaba a simple vista, el segundo debajo de una hoja”. Lo llamativo es que por el lugar habían pasado más de un centenar de personas a lo largo de toda la investigación: peritos, bomberos, policías y hasta el propio juez Martín Pérez. Además, se realizaron minuciosos rastrillajes con detectores de metales de Gendarmería Nacional que no arrojaron resultado alguno.

Como si las coincidencias no fueran muchas, Walter Mamaní secuestró tres días después el arma calibre 22 que coincidía con esas balas. Lo hizo en el marco de un allanamiento por robo ordenado por el juez Esteban Dubois en la casa de Raúl Sarmiento. En ese procedimiento no se encontró un sólo objeto de los que supuestamente se buscaban, sólo el revólver enterrado que terminó incorporándose como prueba a la causa. Más tarde, el juez Pérez se lo exhibió a Gustavo Lasi y éste se lo adjudicó maliciosamente a Daniel Vilte Laxi.

Muchos interrogantes se desprenden de aquel curioso hecho: ¿Por qué tenían el arma en su poder? ¿De dónde la habían sacado? ¿A quién o quiénes buscaba encubrir?

El propietario de la vivienda en la que se encontró el arma fue exonerado por falta de pruebas. Se esperaba que su hijo Luis declarara más tarde y que dijera ante el juez que el revolver fue “plantado”, pero fue asesinado de una puñalada en octubre de 2013. Por el hecho fue condenado Nestor Fernando Rueda a 14 años de prisión, pero en 2017 esa pena fue reducida por la Sala Primera del Tribunal de Impugnación a 10 años.

Un embustero con espalda

Entre los que jueces que integraron el tribunal que benefició al asesino del testigo clave para la causa, estaba Luciano Martini Bonari, hijo de la jueza de la corte de Justicia salteña, Sandra Cristina Bonari Valdés. Además de hombre de confianza del expresidente del supremo tribunal, Guillermo Catalano, Martini Bonari es reconocido por haber otorgado el espaldarazo judicial a cada uno de los fraudes de Mamaní.

A solo dos años de haber asumido en el cargo, Martini Bonari emitió una de las sentencias de mayor impacto y trascendencia de su carrera. Sin contar con pruebas adicionales, revocó el fallo absolutorio de Santos Clemente Vera por el homicidio de la francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier. El jardinero declarado inocente en primera instancia fue condenado a prisión perpetua en 2016 y pasa sus días en el penal de Villa Las Rosas.

Los motivos pueden inferirse con facilidad. Una de las conclusiones del juicio por los asesinatos de Bouvier y Moumni fue que el doble crimen no pudo haberse cometido sin la participación de dos o más personas. Sin embargo, sólo Gustavo Orlando Lasi fue declarado culpable a pesar de sus múltiples intentos por involucrar a los otros dos imputados. En ese marco, las acciones de Mamaní y la decisión de Martini Bonari guardan sospechosas coincidencias.

Sin embargo, este no sería el único nexo entre ambos. En 2020, en medio de las investigaciones por el armado de la causa contra Luciano Diez, Mamaní dio a conocer mensajes del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. El funcionario, que debió haber dirigido, controlado y virtualmente imputado a Mamaní por la detención ilegal de Diez, le ofreció vía Whatsapp ingresar a su despacho para modificar, eliminar o hacer desaparecer las pruebas en su contra.

La causa contra Dantur quedó en manos de la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, quien denunció obstáculos en la investigación, desencadenando un enfrentamiento inusitado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Con una celeridad pocas veces vista, la Sala I del Tribunal de Impugnación, a cargo de Martini Bonari, apartó a la fiscal Simesen de Bielke e incluso solicitó que se la investigara por delitos indeterminados. ¿La excusa? El secuestro sin orden judicial de una línea telefónica que se creía era de propiedad del Ministerio Público, pero que pertenecía a Dantur.

Sin embargo, ni en la justicia ni en la órbita del Ministerio Público se vinculó aquella decisión con aspectos netamente procedimentales. Más bien, fueron muchos los que apuntaron al pasado de Dantur como asesor y persona de confianza de un hombre fuerte de Anta: el exdiputado Pedro Sández.

El legislador retirado mantuvo durante muchos años una estrecha alianza política con el ex Procurador y actual Juez de la Corte, Pablo López Viñals que, sumada a su relación con Guillermo Catalano, le permitieron el control absoluto del Poder Judicial y el Ministerio Público en Anta.

Ya sea para apartar a una fiscal que lo investiga o para convalidar las falsas pruebas aportadas en el juicio por el homicidio de las francesas, Mamaní siempre contó con banca judicial. Sus sospechosos hallazgos en la investigación del caso acaecido en 2011 motivaron que su entonces jefe, el comisario Néstor Piccolo, elevara un informe al juez Martín Pérez sosteniendo que las pruebas habían sido claramente plantadas. Las consecuencias de aquel hecho no necesitan siquiera ser recordadas.