Luego de conocerse que el Arzobispo de Salta y funcionarios provinciales y municipales cobraron el ATP, desde el Partido Obrero apuntaron contra la enorme discrecionalidad con que se distribuyó el ATP, que fue a parar a empresas muy grandes.

«Aunque formalmente no sería incompatible no deja de ser un robo», señaló el diputado MC Pablo López.

«El caso es de suma gravedad. Aunque formalmente no existirían incompatibilidades, no deja de ser una apropiación de recursos del estado. Refleja además la enorme discrecionalidad con que se distribuyó el ATP, que fue a parar a empresas muy grandes y que no interrumpieron su actividad ni un minuto, como empresas mineras por ejemplo.

Lo mismo ocurre con la Universidad Católica de Salta, beneficiaria de todo tipo de exenciones impositivas y subsidios estatales, que recibió esta nueva ayuda, y es donde la habría cobrado Cargnello como docente. El mismo caso es el del mismísimo ministro de educación de la provincia, Matías Cánepa. La UCASAL, a la vanguardia de la educación a distancia en el país, siguió cobrando las cuotas religiosamente, pero justifica el cobro de la ATP en una supuesta caída de su recaudación. Cargnello y Cánepa, se justifican en nombre de que la gestión la hizo la universidad. Pero ellos no son cualquier docente, y supieron siempre del cobro porque figuraba en sus recibos de sueldo, por lo tanto son cómplices de la universidad», manifestó el referente de izquierda.

 

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