El juez federal de Orán, un jefe de Aduana, un contador y un fiscal fueron amenazados por narcotraficantes. Se realizaron 34 allanamientos en Tucumán, Salta y Chaco. Hubo tres personas detenidas: dos en nuestra provincia.

El juez federal de Orán, Raúl Reynoso, ordenó ayer el allanamiento de 34 domicilios ubicados en localidades de Salta, Tucumán y Chaco. Fue después de que Reynoso, el fiscal federal José Luis Bruno, un contador y un jefe de Aduana recibieran amenazas de muerte que habrían surgido de una banda de narcotraficantes que también están ligados al lavado de dinero y la evasión fiscal.

La banda está ligada a una red regional de carnicerías que funcionaría como pantalla. Ante las amenazas, Reynoso ordenó los allanamientos, que se realizaron durante toda la jornada de ayer. «Había mucha preocupación en Gendarmería y la Policía porque, si bien a lo largo de mi carrera he recibido amenazas, habría gente con antecedentes que trabajaría para la red», dijo el magistrado, según informó El Tribuno.

La premura de los operativos realizados ayer se debió en parte a los informes confidenciales de la Policía de la Provincia y de Gendarmería Nacional, que hicieron saber al titular del Juzgado Federal 3 sobre una posible contratación de sicarios profesionales en la zona de frontera, por parte de personas vinculadas al narcotráfico, con intenciones de atentar contra la Justicia Federal oranense.

Las investigaciones llevadas a cabo en dos expedientes paralelos habían comenzado a dar frutos al vincular a varios de los sospechosos con las actividades del sector cárnico. El cruce de información entre AFIP, Aduanas, Gendarmería, Policía y la Justicia Federal fue clave.

Las conexiones abarcan a tres provincias: Salta, Tucumán y Chaco, donde la cadena de carnicerías había abierto locales con distintos nombres.

Fueron detenidas tres personas: una en un country de Salta capital, otra en la localidad de Presidencia de la Plaza (Chaco) y la última en Tartagal. Todos son hombres mayores de edad.

El magistrado también dijo que fue secuestrada cocaína «pero en poca cantidad», y numerosos documentos que estarían relacionados con el lavado de dinero y la evasión.