El ex asesor y amigo de Urtubey, Horacio Aguilar, fue señalado por los organismos de DDHH jujeños como parte de la defensa de Pedro Blaquier que opera mediáticamente para influir en la Cámara Federal de Salta. Blaquier es el dueño del ingenio Ledesma y se lo acusa de colaborar con la dictadura en 1.976
La noticia fue amplificada en el día de hoy por Página 12 que informo que los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una “escalada mediática” en la estrategia de defensa del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. Los datos falsos y descontexualizados de los artículos de prensa publicados, dijeron, aparecen como una “acción psicológica” destinada a “tergiversar la memoria colectiva, instalar una “verdad” por fuera del expediente y “presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta que tienen que resolver en breve la situación procesal de los imputados”. Como se recordará, Blaquier fue procesado en noviembre del año pasado por su intervención en los secuestros de 29 personas producidos entre marzo y julio de 1976. La medida espera una confirmación o no de la Cámara de Apelaciones de Salta, que quedó integrada para resolver esta causa en mayo de este año y, de acuerdo con lo que pudo saber este diario, en la Justicia salteña suponen que esta resolución está próxima a salir.
Las notas de prensa a la que se refieren los organismos aparecieron en La Nación esta semana. En uno de ellos se defienden la tesis de la defensa que dirige Aguilar, según la cual no hay pruebas de que Blaquier y Lemos hayan consentido el aporte de camionetas para los secuestros. Eso contradice la postura del propio juez federal a cargo de la causa, Fernando Poviña, que probó dos tipos de colaboración de la empresa Ledesma con aquellos secuestros: el aporte material de la empresa a los secuestros a partir de los “vehículos” y el “dolo”, entendido como la voluntad de colaborar con una dictadura.
Los artículos de La Nación cuestionan también el alejamiento del juez Carlos Olivera Pastor y su reemplazo por el juez Fernando Poviña. Esos artículos silencian que éste último fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia, y silencian también que el juez que el diario La Nación prefiere Olivera Pastor pasó de ser secretario a juez federal sin acuerdo del Senado. En este punto aparece otra vez directamente involucrado el amigo de Urtubey: Horacio Aguilar. Y Olivera Pastor paralizó durante años las causas Blaquier,que tuvo que renunciar como consecuencia de un lapidario informe elaborado por la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración, que planteó una situación de gravedad institucional en Jujuy por la impunidad que se vivía en la provincia. Tampoco dicen que Olivera Pastor era secretario del mismos Horacio Aguilar cuando este era Juez de Jujuy y que ahora defiende a Blaquier y de Lemos. Allí, justamente viene lo otro: el salteño Horacio Aguilar fue juez de la misma causa en la que hoy es defensor.
Actualmente, finaliza el artículo firmado por Alejandra Dandan, la atención está concentrada en la Justicia de Salta. “Allí estaba el juez Renato Rabbi Baldi Cabanillas, denunciado por el Ministerio Público desde hace años por el modo en el que sostuvo y justificó la actuación de Olivera Pastor. Rabbi Baldi fue recusado por los querellantes de Jujuy por su relación con Blaquier, dado que forman parte de la procesista Academia de las Ciencias Morales. El aceptó su retiro, pero la defensa del empresario apeló su decisión. En mayo, Rabbi Baldi quedó apartado y la Cámara de Casación reintegró el tribunal que quedó compuesto por los jueces Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea y, como tercer integrante, se sumó el santiagueño Federico Díaz, titular del TOF de Salta desde diciembre de 2012. Desde entonces pasaron tres meses. En ese tiempo resolvieron distintos tipos de presentaciones, sobre todo de la defensa.
En el marco de la causa Arédez, los abogados de Blaquier pidieron una “nueva vista” antes de las vacaciones de invierno. Esto significa lo siguiente: el trámite que en buena parte del país es oral, allí se está haciendo escrito y el tribunal, antes de tomar una decisión, da “vista” a las otras partes sobre cada requerimiento. Así, cada uno puede responder. Luego, los jueces deberían recoger todas esas respuestas, leerlas y dar a conocer su fallo. Antes de las vacaciones, la defensa de Blaquier volvió a pedir una nueva “vista”. Según las fuentes, la Cámara tomó la decisión porque consideró que, así como en un juicio oral el acusado tiene la última palabra, en este caso también cabría ese derecho. El problema, entre otros, fue que la “vista” de cinco días hábiles fue más larga porque atravesó las vacaciones de invierno. Así las cosas, ahora todo debería estar dado para que se acerque la decisión final”.
