“Profesionales por la vida” se manifestaron en distintos puntos de la provincia oponiéndose a realizar interrupciones de embarazo si se aprueba la ley y, solapadamente, reconociendo que ya incumplen el mandato de practicar Abortos No Punibles. (Andrea Sztychmasjter)
Algunos datos expuestos del informe de la Jefatura de Gabinete encabezada por Marcos Peña en base a preguntas de diputados nacionales sobre la situación del aborto en nuestro país, son utilizados cotidianamente por parte de quienes se oponen a la aprobación de una ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), similar a las ya existentes en otros países como en Uruguay (1).
Esas cifras oficiales describen que hubo 43 mujeres muertas como consecuencia de abortos en 2016, último dato disponible, lo que convierte al aborto en la principal causa de muerte materna del país. Para el caso de los egresos hospitalarios por aborto, en 2014, último dato disponible, fueron 47.063 en hospitales públicos. Sin embargo, al hablar de una práctica clandestina y penalizada, las cifras exactas no se pueden contabilizar estadísticamente.
Fue el doctor Carlos Franco, “Asesor de Pro Vida Salta” (2), uno de los que se refirió a estas cifras oficiales aunque incompletas y mencionó: “Si me dicen a mí que yo voy a tratar de aplicar una estrategia de salud pública para salvar esas 43 vidas, pero esa estrategia lleva a 43 muertes de niños recién concebidos, no es una estrategia de salud pública”. En su alocución, Franco dijo además que “a todos” les sorprendió la decisión del gobernador sobre los abortos no punibles y quedó expuesta su estrategia discursiva: ni siquiera quieren realizar abortos en casos de violaciones, por ende están incumpliendo la ley.
La comparación fue replicada por una periodista presente en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) al promocionar la charla “Embarazo, salud y aborto” organizada por el grupo “Profesionales por la vida de Salta”. Aunque tanto el HPMI como el Ministerio de Salud Pública se desvincularon de la organización de esa charla —pues dijeron que se realizaba en la institución pública sólo porque alquilaron el lugar— los disertantes fueron todos alabados por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).
Los panelistas de la charla extraoficial intentaron argumentar sobre los derechos del “niño por nacer” (3) a cargo del tucumano Roque Carrero Valenzuela, doctor en filosofía y médico genetista. La abogada de la Universidad Católica Argentina, Débora Ranieri, por su parte, se refirió al derecho a “la objeción de conciencia”. Mientras que Luis Durand Figueroa habló sobre “los motivos políticos de la despenalización del aborto”, en donde advirtió sobre la “ilegalidad del aborto”.
Los presentes, sin embargo, no hicieron mención a los datos del hospital donde realizaron sus exposiciones. Según un informe que lleva la firma de Carlos Moreno, gerente del HPMI, la cantidad de abortos realizados por esa institución en los últimos tres años fue en 2015, 2280 abortos; en 2016, 2049; en 2017, 1981. Desglose aparte merecen los números referidos a la maternidad infantil en Salta. En el año 2017, sobre 8300 partos anuales, 1513 fueron de adolescentes, y 40 casos de niñas de entre 10 y 14 años. Las cifras golpean doblemente en el interior provincial.
Salta ocupa el segundo lugar después de Buenos Aires, según el informe nacional, como la provincia con mayor cantidad de casos de egresos hospitalarios por aborto de menores de 25 años, con 1764 casos. Nada de esto mencionaron los disertantes.
En nuestro país existe la Ley de salud sexual y procreación responsable vigente desde 2002 que establece la capacidad de disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos.
“Causal salud”
Aunque algunos interpretaron como un “guiño” el informe del Jefe de Gabinete al proyecto con media sanción, Marcos Peña manifestó estar en contra de la despenalización, en una postura similar al presidente, Mauricio Macri. Aunque su propia esposa, Luciana Mantero, autora del libro «El deseo más grande del mundo», explícitamente se manifestó a favor de que salga la ley.
En el informe presentado se da especial interés al inciso 1° del artículo 86 del Código Penal, que establece que no es punible el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.
En ese sentido, la Jefatura de Gabinete definió en su informe sus alcances de manera muy precisa. Dice que “la causal salud entendida en el marco de los derechos humanos implica que el derecho a la salud debe interpretarse en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos”. “Siguiendo la definición de la Organización Mundial de la Salud, entendemos a la salud como ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’”, señala. Y continúa: “En ese sentido, el derecho a la salud dota de contenido a la causal y permite definirla como el bienestar físico, mental y social y entender que la interrupción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo. Es decir, que se concibe la salud desde una perspectiva integral”.
El jefe de Gabinete a su vez afirmó que “una interpretación adecuada de la causal salud supone entender, además, su vinculación con los conceptos de bienestar, proyecto de vida, determinantes sociales de la salud, así como el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos”.
En esa línea, advierte Peña, “hay una serie de situaciones que involucran a la salud mental en distintas dimensiones, que se relacionan con factores de vulnerabilidad e involucran condiciones de vida, autonomía, contextos de violencia de género, etc. A su vez, otros factores que pueden funcionar como precipitadores de padecimiento mental como pérdida de empleo, la terminación de una relación íntima significativa, los aspectos específicos que dieron lugar a ese embarazo no intencional y sus circunstancias, la imposibilidad o negación a la interrupción de ese embarazo que pudieran empeorar el estado de la salud mental”.
Ver sin mirar
Aunque la directora del Hospital San Vicente de Paul de Orán, Laura Moyano, aseveró que la institución asiste aproximadamente de 10 a 15 abortos clandestinos por día y que en su gran mayoría son adolescentes, esta semana medicxs de ese hospital realizaron una concentración para sacarse una foto y decir que “el 80% de los médicos le decimos no al aborto legal”. El doctor José Arduz fue incluso más ilustrativo y mencionó: “Casi todos los profesionales del área estamos en contra no se quienes realizarían los abortos si se aprueba la ley, va a ser un médico con suerte y va a tener que realizar de 6 a 8 abortos por día”. En su rebeldía, Arduz no sólo negó una realidad sino que además nada mencionó sobre la vida de las mujeres y sus decisiones personales de qué hacer con su cuerpo.
Al igual que el cirujano infantil Omar Narváez que se refirió al juramento hipocrático (4), los doctores se limitaron a seguir reproduciendo un modelo hegemónico que impone que las decisiones de los médicos deben rebasar incluso la de las propias “pacientes”.
En el Materno Infantil la movilización de los profesionales médicos incluyó un abrazo simbólico y una “cantata por la vida”. La cineasta feminista Lucrecia Martel junto a un grupo de mujeres difundió un video en donde develan las inconsistencias discursivas de uno de los médicos que dice defender “las dos vidas”. Se trata de Esteban López Cuesta, tocoginecólogo del hospital hace 13 años, quien se animó a decir incluso que “las mujeres están mal informadas, porque sacan estadísticas que son falaces”.
El cardiólogo y miembro del comité de bioética del HPMI, Ezequiel Mainoli de “Profesionales por la Vida Salta” señaló que “la postura de la sociedad salteña siempre fue en contra del aborto”. Señaló que para ellos la vida comienza desde la concepción pero que ésta no es una creencia personal sino ciencia. “No es capricho, es sentido común, no existe otra manera de mantener la especie humana sino a través de mantener la unión de un hombre y una mujer”, describió.
Mirar y ver
En nuestro país existe la Ley 25.673 (ley de salud sexual y procreación responsable) vigente desde el año 2002 que establece que los derechos sexuales, son aquellos que involucran la capacidad de disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos. Y que los derechos reproductivos, se refieren a la posibilidad de decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre sus nacimientos, para lo que se requiere disponer de información suficiente y acceso a los medios adecuados.
Más de 800 profesionales de la salud de todo el país forman parte de una red que tiene referentes en Salta agrupadxs en “Red de Profesionales de la salud por el derecho a decidir”. “La diferencia con los grupos antiderechos radica en que nosotrxs hacemos uso de las leyes vigentes para garantizar atención de calidad y encuadrada en los derechos humanos vigentes”, han señalado mediante un comunicado y agregan que es el ejercicio del principio rector denominado “transparencia activa”, su deber como profesionales de la salud dar opciones. Es la persona que consulta la que tiene autonomía para decidir lo que más le convenga según su contexto social, preferencias, entre otras.
“No es una Ley Antiderecho Médico como esgrimen, esta ley es un paso más en la garantía de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, es un paso más en la conquista de los derechos de muchxs por sobre los privilegios de pocos”, finalizan haciendo hincapié en que “No somos lxs profesionales de la salud quienes morimos a causa de los abortos clandestinos, no somos lxs profesionales de la salud quienes sufrimos con nuestros cuerpos la violencia institucional ante una situación de aborto, tampoco seremos lxs profesionales de la salud quienes propiciemos tratos inhumanos y denigrantes a las personas por decidir vivir su sexualidad plenamente”.
(1) En 2012, Uruguay conquistó una ley que despenaliza el aborto y se convirtió en uno de los países de América Latina —junto a Cuba, Guyana y Puerto Rico— que permite la interrupción del embarazo por la simple voluntad de la mujer. La ley demostró que no sólo se redujeron las muertes evitables de las mujeres, sino que en lugar de provocar un aumento en el número de abortos provocados, tiende a reducirlos.
(2) Desde el Comité de Bioética y la mesa directiva del Colegio de Médicos de Salta señalaron mediante una solicitada “con toda la tradición hipocrática y con la renovada claridad que el estado de la ciencia y de la reflexión biomédica actual ofrece, reafirmamos que no es aceptable reconocer al aborto como una praxis médica, disponible al arbitrio de la voluntad de un solicitante”.
(3) El 7 de diciembre de 1998, el entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem, declaró el 25 de marzo “Día del Niño por nacer”. La fecha fue escogida por ser el día en que los católicos celebran la “fiesta de la anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María”, por obra del espíritu santo.
(4) Juramento Hipocrático: Fue realizado por Hipócrates, considerado “padre de la medicina moderna”. El mismo inicia así: “Juro y pongo a Apolo el médico, y Asclepio e Hygiea y Panákeia y a todos los dioses y diosas como testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso”. El escrito que data entre el siglo VI a V a.C. al I d.C fue modificado en Ginebra, por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM) en 1948. El mismo deja en evidencia que este tratado de carácter ético fue formalmente religioso ya que se invocaba a los dioses.
