El Informe Anual 2015 de la Procuración Penitenciaria de la Nación analiza la situación de las cárceles federales. En el último lustro se registraron más de 160 casos de torturas en Salta. La solución al problema de la sobrepoblación no se vislumbra. (Federico Anzardi)
La Procuración Penitenciaria de la Nación, liderada por Francisco Miguel Mugnolo, presentó esta semana el Informe Anual 2015. Allí analiza la situación de los derechos humanos en las cárceles federales argentinas. Registra un total de 775 casos de torturas, lo que confirma una persistencia de la violencia como estrategia de control interno. El número supera al de 2013 (730) y es un poco menor al de 2014 (823). En todo el país hubo 38 muertes bajo custodia en 2015, 19 de ellas violentas. En los últimos cinco años, en Salta hubo 161 víctimas de torturas. El año pasado se registraron 44 en la provincia.
El informe asegura que persisten graves vulneraciones a los derechos humanos en el encierro. “Enmarcadas en un contexto de colapso carcelario y deficiencias estructurales, las agresiones físicas y muertes, el uso extendido del aislamiento en solitario, la sobrepoblación, las restricciones en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales (educación, trabajo, alimentación y salud, entre otros), y las deficientes condiciones edilicias resultan las principales falencias en el sistema carcelario nacional”, expresa el trabajo en su introducción.
La situación en Salta
En Salta existen prisiones federales para hombres y mujeres. El informe de la Procuración detalla la situación de cada uno, dividido por géneros:
El Complejo Penitenciario Federal III de Gral. Güemes – Instituto Federal de Varones, posee 326 plazas declaradas. 300 alojados, 16 de ellos, jóvenes adultos. Hay 168 procesados (13 de ellos, jóvenes adultos); 132 condenados (3 de ellos, jóvenes adultos). Se registraron 39 casos de tortura durante el año, 12 de ellos con denuncia penal. Hubo 116 sanciones de aislamiento y 4 detenidos con resguardo.
En la Unidad 16 – Instituto Penitenciario Federal de Salta “Sra. y Virgen del Milagro”, ubicado en Cerrillos, hay 112 plazas declaradas y 123 alojados. 81 procesados y 42 condenados. Se registró un caso de tortura. Hubo 18 sanciones de aislamiento y no registra medidas de resguardo.
La Unidad 23 que es la ubicada en la zona de Chachapoyas de nuestra ciudad -Cárcel Federal de Salta- tiene 22 plazas declaradas y 9 varones y 6 mujeres alojados. 8 procesados varones y un condenado. No hubo registros de tortura.
Respecto a las cárceles para mujeres, los datos son los siguientes: Complejo Penitenciario Federal III del Noroeste Argentino – Instituto Federal de Mujeres. 168 plazas declaradas y 140 alojadas. 100 procesadas y 40 condenadas. Allí se registraron 4 casos de torturas, cada uno con una denuncia penal. Hubo 51 sanciones de aislamiento. Unidad Nº 23 Cárcel Federal de Salta. 22 plazas, 6 mujeres alojadas, todas procesadas. No hubo registro de torturas.
Salta, un emblema
El informe destaca casos salteños. Allí revela que durante el año pasado se registró un fallo condenatorio en un caso de agresiones físicas. El 1° de marzo de 2012, aproximadamente entre las 10:30 y las 11:30, un detenido en el CPF III de General Güemes, se encontraba hacía once días realizando una huelga de hambre para que le permitieran trasladarse a la ciudad de Tartagal para conocer el paradero de su hijo recién nacido, a quien sospechaba que habían abandonado o regalado. Como consecuencia de ese reclamo, fue sometido a una brutal golpiza por parte de al menos tres agentes penitenciarios. Lo arrastraron por unas escaleras y después lo tiraron al suelo y lo vapulearon con palos, patadas y golpes de puño en diversas partes del cuerpo hasta que quedó desvanecido.
El mismo día de los acontecimientos, el delegado regional de este organismo tomó conocimiento de los hechos, entrevistó a la víctima y exigió al médico de guardia en el complejo que constatara las lesiones que presentaba. El inmediato accionar del funcionario derivó en que los agentes penitenciarios involucrados idearan un burdo intento de encubrir la realidad de los hechos culpando a la víctima, coaccionándolo para que firmara un acta de lesión donde sostenía que “se había caído de la cama”.
A lo largo del juicio esa versión falaz fue destruida por la totalidad de la prueba producida. Particularmente, el médico de la Procuración Penitenciaria de la Nación expuso ante los jueces que era imposible que las lesiones que tenía la víctima hubieran sido ocasionadas por un accidente o que hubieran sido auto provocadas, y concluyó que evidentemente fueron producto de la golpiza sufrida.
El Tribunal, mencionando las líneas jurisprudenciales que estableció en diversos casos la Corte IDH sobre la definición de la tortura y su diferenciación con los malos tratos, resolvió condenar a Jorge Medina Escobar (quien se desempeñaba como Jefe de Área, una de las máximas autoridades del establecimiento) a la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, en orden a los delitos de severidades agravadas y lesiones. También se condenó a los jefes de turno y de requisa, Hernán Pantaleón Bogado y Ricardo Ariel Rojas, a la pena de tres años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo por los mismos delitos, y al celador Javier Corregidor a la pena de tres años de prisión en suspenso en orden al delito de encubrimiento.
El informe de la Procuración considera a este fallo como emblemático para la región del Noroeste y el país.
Malas condiciones
El informe asegura que, en general, las personas alojadas en las cárceles federales del Noroeste continúan padeciendo la falta de información respecto del estado de su causa judicial. “Esto crea una sensación de incertidumbre en el condenado, y demoras en sus incidentes para salidas transitorias, libertades anticipadas o arrestos domiciliarios. Desde la Delegación NOA de la Procuración, se realizan continuas averiguaciones telefónicas y se retiran presentaciones escritas, al ser la única vía con la que cuentan las personas detenidas para acceder a la justicia”.
“Los maltratos físicos y verbales de los agentes penitenciarios están presentes cotidianamente, principalmente en la sección para varones del CPF III”, dice el informe a la hora de analizar la situación carcelaria en nuestra región.
“En las inspecciones realizadas durante el año 2015 en los establecimientos penitenciarios de la región, se destaca como problemática la falta de atención médica por especialistas, como por ejemplo psiquiatras. Por otra parte, la atención extramuros en el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta resulta dificultosa por la escasez de turnos, sumada a la continua pérdida de estos por ausencia de móviles para realizar el traslado. Es recurrente el reclamo por la demora en los trámites de expulsión de los detenidos extranjeros, pero también hay considerables retardos en la realización de actuaciones administrativas meramente penitenciarias como la confección de legajos y altas laborales, o judiciales como la autorización para disponer del fondo de reserva. Se han relevado diversas medidas de fuerza adoptadas por las personas detenidas, como huelgas de hambre o cortes en sus brazos, en protesta por la falta de atención de las diversas áreas administrativas del complejo, reiteración de puntajes en las clasificaciones, mal funcionamiento de los teléfonos, falta de elementos de higiene, mala alimentación, y maltrato a familiares. Por otra parte, se han producido numerosos traslados de detenidos del Gran Buenos Aires y CABA, quienes han solicitado inmediatamente su retorno por la separación de sus familias. Esta situación ha creado además cierta conflictividad entre la población local y la recién arribada”.
En la Unidad N 16, el principal reclamo se asocia con dificultades para comunicarse telefónicamente. Los detenidos continúan solicitando la instalación del sistema de cobro revertido, para poder comunicarse con familiares, defensorías y juzgados.
La sobrepoblación
El trabajo, de más de 500 páginas, asegura que la construcción de nuevos sectores en las cárceles en funcionamiento, así como la edificación de más establecimientos, no es una solución perdurable para la problemática de la sobrepoblación. “Aumentar la cantidad de espacios de encierro como propuesta para hacer frente a la sobrepoblación no tiene en cuenta el carácter insaciable de la cárcel”, asegura. Critica la naturalización de la prisión preventiva y menciona el caso del Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes.
“Lo sucedido con la región NOA desde la inauguración del Complejo Penitenciario Federal III de Gral. Güemes, en Salta, representa un claro indicador de que la introducción de más cárceles solo atrasa la emergencia del problema de la sobrepoblación”, expresa el trabajo. Y agrega: “El establecimiento fue inaugurado en 2011 como consecuencia de los numerosos señalamientos por el alojamiento en condiciones infrahumanas de personas en la región, en cárceles federales de Salta (Unidades N° 16 y 23) y Jujuy (Unidades N° 8 y 22); y en destacamentos de Gendarmería Nacional.
Al habilitarse, el nuevo complejo carcelario tenía capacidad para alojar a 488 personas, mitad de cada sexo. Es decir, debería haber bastado para desafectar las viejas cárceles y los destacamentos de otras fuerzas de seguridad. Sin embargo, la capacidad de plazas federales en la región se duplicó, al no desafectarse ninguno de los cuatro establecimientos penitenciarios anteriores a la construcción del complejo, mientras las personas continuaron siendo alojadas en condiciones infrahumanas en destacamentos de Gendarmería Nacional. Por esta razón, es importante resaltar que la construcción de nuevos establecimientos es, en el mejor de los casos, una estrategia paliativa que solo funciona como un modo de posponer momentáneamente el problema del hacinamiento y la sobrepoblación en el corto plazo”.
El panorama de la sobrepoblación resulta preocupante para la Procuración, que considera que se requiere del urgente cuestionamiento del uso de las prácticas paliativas detalladas, “pues su aplicación en todos los casos detectados ha tenido por consecuencia la obstaculización del acceso de las personas privadas de libertad a una amplia gama de derechos. En simultáneo, las características materiales de alojamiento se ven seriamente afectadas, lo que provoca que los detenidos vivan en condiciones que no reúnen estándares mínimos de habitabilidad”.
Los números globales
El informe indica que la población privada de su libertad en Argentina al 31 de diciembre de 2014 era de 69.060 personas. Este número la ubica en el lugar N° 16 con respecto a la tasa de encarcelamiento de los 32 países que considera el SNEEP, con una tasa de 161,85 personas detenidas por cada 100.000 habitantes. El país con la mayor tasa de encarcelamiento es EE.UU. con 698, seguido de Cuba con 510, la Federación Rusa con 463, Brasil con 301 e Irán con 290.
En la actualidad la cifra se acerca a los 70.000 presos, lo que alerta sobre la urgencia de prevenir y abordar los focos de sobrepoblación carcelaria en Argentina. Con respecto a la distribución de la población encarcelada, la mayoría se concentra en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se ubica muy por encima del resto de las administraciones del país, habiendo alcanzado su cifra máxima en 2014 con 31.224 personas alojadas. Es seguido por el Servicio Penitenciario Federal, que a finales de ese año había incrementado su número a 10.424 reclusos.
