Tras su polémica actuación en el caso Robbio Saravia, Cuarto Poder comparte con el Observatorio de Violencia contra la Mujer datos sobre la desigual composición de género en el Grand Bourg. De 561 funcionarios sólo 139 son mujeres: 24%.
Los datos fueron publicados por Cuarto Poder en marzo del corriente año. Allí se prescindía de las designaciones en la justicia, los cargos jerárquicos en la policía, las conducciones sindicales y las jefaturas de los numerosos entes autárquicos del Estado provincial; para señalar que de los 561 funcionarios jerárquicos elegidos por el voto popular o designados, 422 estaban ocupados por hombre lo que representaba un 75%. Los restantes 139 cargos, quedaba en manos de las mujeres.
La Capital provincial no escapa a esa condición. Del total de 243 funcionarios jerárquicos, sólo 61 son mujeres: apenas un 25% del total. En un gabinete provincial de 14 ministros y un gobernador y vice, hay una sola ministra mujer (6,2%); entre las distintas secretarias y subsecretarias de Estado del Grand Bourg, hay 28 mujeres sobre un total de 101 cargos: 27,71%. En la municipalidad capitalina la situación es similar: de las 12 secretarias y subsecretarias existentes, sólo 3 son ocupadas por mujeres: 25%. Los cargos electivos muestran una naturaleza similar: de 10 legisladores nacionales 2 son mujeres: 20%; de 23 bancas en el senado provincial 4 están en manos del género femenino: 17,39%; de 60 diputaciones 14 corresponden a mujeres: 23,33%; y de 21 concejales capitalinos, 8 escaños corresponden a ellas: 38,5%.
Interior
En el interior provincial las posibilidades de las mujeres para acceder a cargos públicos de importancia son aun menores. Delimitando la mirada a la situación de las intendencias y los Concejos Deliberantes de los 59 municipios del interior, se encuentra que de un total de 377 funcionarios electos sólo 81 son mujeres: el 21,4%. Si la aproximación discriminara entre los jefes comunales y los ediles los porcentajes empeoran. En sólo 3 de los 59 municipios los jefes comunales son mujeres: Cerrillos, General Güemes e Isla de Cañas. El número supone una participación de sólo el 5% para las mujeres.
De 318 concejales del interior electos, únicamente 78 son mujeres: 24,5%. Sólo en cinco municipios “ellas” son mayoría en los cuerpos deliberativos: General Pizarro (2 sobre 1); El Tala (2 sobre 1); Río Piedras (2 sobre 1); Aguas Blancas (2 sobre 1) y San Carlos (2 sobre 1). En los 54 municipios restantes la mayoría masculina es la regla. En 11 de esas 54 intendencias, incluso, no existe una sola mujer entre los ediles: Cachi: 0 sobre 5 ediles varones; Payogasta; 0 sobre 3; Iruya: 0 sobre 3; Isla de Cañas: 0 sobre 3; La Poma: 0 sobre 3; La Viña: 0 sobre 3; El Galpón: 0 sobre 5; Urundel: 0 sobre 3; Santa Victoria Este: 0 sobre 7; Rosario de la Frontera: 0 sobre 9 y Los Toldos: 0 sobre 3.
Rodeo monetario
Esta desigual distribución del poder político en el Estado salteño posee su correlato económico. Es imposible hacer los cálculos porque el Grand Bourg difundió información precisa sobre la remuneración que perciben sus funcionarios. Según la escala salarial publicada el 15 de febrero pasado por el gobierno provincial, el sueldo de bolsillo de los ministros es de $33.674. Es la cifra, entonces, que la única miembro del género femenino, Pamela Calletti, embolsa por mes en un gabinete provincial que gasta en sus 13 ministros hombres la cifra de $437.762.
Los cálculos pueden reproducirse para los otros escalafones. De los 55 secretarios de Estados designados, sólo 11 son mujeres. En términos monetarios ello supone $336.424 mensuales en sueldos a razón de los $30.584 que cobra de bolsillo cada secretario. Cifra muy inferior a la destinada mensualmente a los 44 hombres que ocupan el mismo puesto: $1.345.696.
La situación se reitera en el caso de los subsecretarios aunque acá, ciertos elementos impiden un cálculo certero en torno a lo que desembolso de dinero se refiere. Y es que se pueden detectar casos de subsecretarias designadas en cuyo decreto se explicita que cobraran como secretarias de estado (Mercedes Junco, Subsecretaría de Articulación de Programas del Ministerio de Asuntos Indígenas; Edith Cruz, Subsecretaría de Emergencia Social de la Secretaría de Defensa Civil; o Mónica Antacle, Subsecretaría del Registro Civil dependiente de la Secretaría de Gobierno) aunque la situación se reitera con varios subsecretarios hombres que de todos modos son franca mayoría en ese escalafón: 28 de un total de 46. Las 18 mujeres que ocupan ese cargo representan un 40%.
Reproduciendo valores
En la capital provincial, el ámbito que menos participación da a las mujeres es el gabinete de ministros donde sólo Pamela Calletti, ministra de Justicia y DDHH, ocupa un lugar. La situación indica lo obvio: a la hora de conformar una élite política y técnica que administre la provincia, los hombres prefieren a los hombres. De las 14 carteras del ejecutivo provincial, sólo en Salud y Educación hay primacía de mujeres en las secretarias y subsecretarias: 5 sobre un total de nueve en el primer caso; y 4 sobre un total de 5 en el segundo.
Lo que ocurre en Educación es de una contundencia enorme que se repite en el reparto de las Direcciones Generales: de 9 cargos, 6 están en manos de mujeres, aunque la situación esté lejos de representar un triunfo cultural de las mujeres en una parcela del poder provincial. Y es que todo parece una imposición de los valores patriarcales que dan por sentado que una tarea genuinamente femenina consiste en encargarse de transferir al estudiante el bagaje cultural acumulado históricamente y que, por supuesto, tiene un claro componente patriarcal.
Algo parecido ocurre con la cartera de la única mujer del gabinete provincial. Las designaciones en su área muestran que la ministra Calletti optó por promover a mujeres para conformar su propio gabinete: de las 12 secretarias y subsecretarias a su cargo, 6 se encuentran en manos de sus congéneres. No obstante ello, fue ese ministerio el encargado de montar en los tiempos de María Inés Diez un dique de contención legal contra todas las leyes nacionales que amenazaban las creencias, valores y prácticas del conservadurismo católico local. El caso del protocolo contra el aborto no punible es tal vez el mejor ejemplo al desautorizar en los hechos, la resolución de la Corte Suprema de Justicia que autoriza la interrupción de embarazos cuando estos son productos de una violación. La situación, por supuesto, sigue vigente con la nueva ministra.
