El Día de la Mujer inclina a recordar la desigualad de género en la composición del Estado salteño. De 561 funcionarios, entre electos y designados en cargos de alto escalafón, sólo 139 son mujeres: 24%. Criterios patriarcales y Poder. (Daniel Avalos)

La situación es evidente. No hay que averiguarlo ni descubrirlo. Está a simple vista. Alcanza con ingresar a la página oficial del gobierno provincial, hacer un clic en el link autoridades, deslizar el mouse a la ventana “Nómina de autoridades” y hacer otro clic. Entonces el navegante web accederá a una lista de 94 páginas. En ella se detallan nombres y apellidos de quienes ocupan los principales cargos electivos de la provincia (gobernadores, intendentes, legisladores nacionales, senadores y diputados provinciales y concejales de los 60 municipios); cómo así también de quienes fueron designados en los  principales cargos jerárquicos de Salta. Son, por así decirlo, el Estado Mayor Conjunto del Estado provincial.

Prescindiendo de las designaciones en la justicia, los cargos jerárquicos en la policía, las conducciones sindicales y las jefaturas de los numerosos entes autárquicos del Estado provincial; hay 561 funcionarios jerárquicos. De ese total, 422 son hombres, lo que representa un 75%. Los restantes 139 cargos, queda en manos de las mujeres. Una obvia conclusión se impone: aunque la mayoría de los funcionarios digan abrazar las reivindicaciones de género y aseguren que las demandas de “ellas” son lo deseable para la sociedad, la tradición patriarcal sigue imponiendo criterios que determinan la distribución del poder político en el propio Estado provincial.

Todos patriarcales

Establecer las razones profundas de esa situación, es objeto de una rica literatura producida por el movimiento feminista que trasciende el objeto de estas líneas que se concentran en pincelar esa parcialidad estatal que contribuye a dibujar el todo provincial y nacional: son los hombres quienes controlan y mantienen para sí la facultad de darle una direccionalidad política a la provincia.

La Capital provincial, por supuesto, no escapa a esa condición. Del total de 243 funcionarios jerárquicos, sólo 61 son mujeres: apenas un 25% del total. En un gabinete provincial de 14 ministros y un gobernador y vive, hay una sola ministra mujer (6,2%); entre las distintas secretarias y subsecretarias de Estado del Grand Bourg, hay 28 mujeres sobre un total de 101 cargos: 27,71%. En la municipalidad capitalina la situación es similar: de las 12 secretarias y subsecretarias existentes, sólo 3 son ocupadas por mujeres: 25%. Los cargos electivos muestran una naturaleza similar: de 10 legisladores nacionales 2 son mujeres: 20%; de 23 bancas en el senado provincial 4 están en manos del género femenino: 17,39%; de 60 diputaciones 14 corresponden a mujeres: 23,33%; y de 21 concejales capitalinos, 8 escaños corresponden a ellas: 38,5%.

En el interior provincial, ese heterogéneo territorio donde muchos municipios se caracterizan por contar con una elite reducida, una clase media estrecha y una sobredimensionada pobreza; las posibilidades de las mujeres para acceder a cargos públicos de importancia son aun menores. Ocurre en municipios como San Lorenzo que pueden presumir de una importante población con acceso a servicios y a niveles de consumo propios del primer mundo, pasando por ciudades como Orán o Tartagal donde a pesar de su cercanía con las luces hay muchos barrios de excluidos, hasta esos municipios que en las profundidades del monte parecen vivir una historia detenida

Delimitando la mirada a la situación de las intendencias y los Concejos Deliberantes de los 59 municipios del interior, se encuentra que de un total de 377 funcionarios electos sólo 81 son mujeres: el 21,4%. Si la aproximación discriminara entre los jefes comunales y los ediles los porcentajes empeoran. En sólo 3 de los 59 municipios los jefes comunales son mujeres: Cerrillos, General Güemes e Isla de Cañas. El número supone una participación de sólo el 5% para las mujeres.

Hay más. De 318 concejales del interior electos, únicamente 78 son mujeres: 24,5%. Sólo en cinco municipios “ellas” son mayoría en los cuerpos deliberativos: General Pizarro (2 sobre 1); El Tala (2 sobre 1); Río Piedras (2 sobre 1); Aguas Blancas (2 sobre 1) y San Carlos (2 sobre 1). En los 54 municipios restantes la mayoría masculina es la regla. En 11 de esas 54 intendencias, incluso, no existe una sola mujer entre los ediles: Cachi: 0 sobre 5 ediles varones; Payogasta; 0 sobre 3; Iruya: 0 sobre 3; Isla de Cañas: 0 sobre 3; La Poma: 0 sobre 3; La Viña: 0 sobre 3; El Galpón: 0 sobre 5; Urundel: 0 sobre 3; Santa Victoria Este: 0 sobre 7; Rosario de la Frontera: 0 sobre 9 y Los Toldos: 0 sobre 3.

Rodeo monetario

Esta desigual distribución del poder político en el Estado salteño posee su correlato económico que bien podríamos denominar “desigual transferencia de recursos según el género”. Si acá es imposible hacer los cálculos para cada uno de los estados y poderes mencionados, ello obedece a que sólo el Grand Bourg difundió información precisa sobre la remuneración que perciben sus funcionarios. El ejercicio, sin embargo, sirve para ejemplificar la cuestión.   Según la escala salarial publicada el 15 de febrero pasado por el gobierno provincial, el sueldo de bolsillo de los ministros es de $33.674. Es la cifra, entonces, que la única miembro del género femenino, Pamela Calletti, embolsa por mes en un gabinete provincial que gasta en sus 13 ministros hombres la cifra de $437.762.

Los cálculos pueden reproducirse para los otros escalafones. De los 55 secretarios de Estados designados, sólo 11 son mujeres. En términos monetarios ello supone $336.424 mensuales en sueldos a razón de los $30.584 que cobra de bolsillo cada secretario. Cifra muy inferior a la destinada mensualmente a los 44 hombres que ocupan el mismo puesto: $1.345.696.

La situación se reitera en el caso de los subsecretarios aunque acá, ciertos elementos impiden un cálculo certero en torno a lo que desembolso de dinero se refiere. Y es que se pueden detectar casos de subsecretarias designadas en cuyo decreto se explicita que cobraran como secretarias de estado (Mercedes Junco, Subsecretaría de Articulación de Programas del Ministerio de Asuntos Indígenas; Edith Cruz, Subsecretaría de Emergencia Social de la Secretaría de Defensa Civil; o Mónica Antacle, Subsecretaría del Registro Civil dependiente de la Secretaría de Gobierno) aunque la situación se reitera con varios subsecretarios hombres que de todos modos son franca mayoría en ese escalafón: 28 de un total de 46. Las 18 mujeres que ocupan ese cargo representan un 40%.

Reproduciendo valores   

En la capital provincial, el ámbito que menos participación da a las mujeres es el gabinete de ministros donde sólo Pamela Calletti, ministra de Justicia y DDHH, ocupa un lugar. La situación indica lo obvio: a la hora de conformar una élite política y técnica que administre la provincia, los hombres prefieren a los hombres. Es una generalidad que se repite en todos los ministerios. De las 14 carteras del ejecutivo provincial, sólo en Salud y Educación hay primacía de mujeres en las secretarias y subsecretarias: 5 sobre un total de nueve en el primer caso; y 4 sobre un total de 5 en el segundo.

Lo que ocurre en Educación es de una contundencia enorme que se repite en el reparto de las Direcciones Generales: de 9 cargos, 6 están en manos de mujeres, aunque la situación esté lejos de representar un triunfo cultural de las mujeres en una parcela del poder provincial. Y es que todo parece una imposición de los valores patriarcales que dan por sentado que una tarea genuinamente femenina consiste en encargarse de transferir al estudiante el bagaje cultural acumulado históricamente y que, por supuesto, tiene un claro componente patriarcal. Concepción que incluye una educación de tipo religiosa que en su momento administró el inefable ministro de educación Leopoldo Van Cawlaert y ahora regentea sin grandes estridencias un hombre de perfil más bien tecnócrata: Roberto Dib Ashur.

Algo parecido ocurre con la cartera de la única mujer del gabinete provincial. Las designaciones en su área muestran que la ministra Calletti optó por promover a mujeres para conformar su propio gabinete: de las 12 secretarias y subsecretarias a su cargo, 6 se encuentran en manos de sus congéneres. No obstante ello, fue ese ministerio el encargado de montar en los tiempos de María Inés Diez (esposa del inefable Leopoldo Van Cawlaert) un dique de contención legal contra todas las leyes nacionales que amenazaban las creencias, valores y prácticas del conservadurismo católico local. El caso del protocolo contra el aborto no punible es tal vez el mejor ejemplo al desautorizar en los hechos, la resolución de la Corte Suprema de Justicia que autoriza la interrupción de embarazos cuando estos son productos de una violación. La situación, por supuesto, sigue vigente con la nueva ministra.

Tal realidad puede explicarse también por una máxima de la política: mayor número no siempre es igual a mayor fuerza política a la hora de imponer o perforar las bases de un determinado tipo de tradición. La situación no es una rareza en tanto suele ocurrir que l@s much@ de un ámbito, bien pueden existir para ejecutar las órdenes políticas de pocos hombres.

Observatorio miope

En la semana de la mujer, además, un nuevo organismo estatal concito la crítica de muchas mujeres militantes: el flamante Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Razones tienen las que critican. Conformado por seis directoras (Pamela Ares, Tania Kiriarco, Laura Postiglione, Alicia Ramos, María Eugenia Burgos y Alfonsina Morales) que según los decretos de designación perciben una remuneración similar a la de Directora General ($20.690 de bolsillo), carecen hasta ahora de logros evidentes en la misión para la cual fue creado el organismo.

Y aunque algunas de esas voces críticas enfatizan que delimitar las tareas del organismo a la producción de estadísticas y a la sugerencia de iniciativas parlamentarias supone una renguera fundacional cómplice del actual estado de la cuestión; cierto es que se trata de una tarea importante, a condición de que el Estado que ahora cobija a esas mujeres con blasones feministas, también sea objeto de un análisis riguroso. Un Observatorio que hasta ahora ha sido filoso para denunciar las conductas patriarcales que anidan en la sociedad, pero que prescinde de la mirada descarnada de ese Estado provincial que en el fondo parece querer dejar en claro una cosa: que la tradición siempre tienen más fuerza que las leyes escritas, aun cuando la legitimidad de estas últimas provenga de un movimiento femenino que se esfuerza por equiparar a las mujeres con los hombres.