La senadora provincial por el PO, Gabriela Cerrano, escribió una columna en el portal nacional Infobae. Lo hizo para repudiar al fallo de Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués en el que se vulneró los derechos de un niño abusado. Aseguró que en Salta también hay varios casos “Piombo”.
Transcribimos a continuación el artículo:
“Hay pronunciamientos pidiendo jury, la lucha de los estudiantes universitarios obligó a Piombo a renunciar a sus cátedras en la UNLP y la Fuba reclama el juicio académico en la UBA. Personajes como estos siguen al frente de los juzgados de familia y de menores y hasta en los tribunales superiores, magistrados misoginos, homofobicos y conservadores son los que construyen, junto al poder político, la impunidad de la violencia hacia a las mujeres y los niños.
En Salta también tenemos varios «Piombo». En el año 2006 la Corte de Justicia Provincial presidida por Guillermo Posadas anuló el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal reiterado a un hombre que abusó y embarazó a una niña Wichi de 11 años, en nombre que la cultura de las comunidades indígenas del noroeste permite que las niñas conciertan relaciones sexuales desde el comienzo de la menstruación. Semejante fallo fue repudiado por las propias comunidades y organizaciones de mujeres de todo el país.
Por aquellos años gobernaba en Salta Juan Carlos Romero, Posadas fue su pilar en la Justicia y hoy sigue presidiendo la Corte en el gobierno de Urtubey.
Otros casos en el 2013
La directora del CIF (Cuerpo de Investigadores Fiscales) Gabriela Buabse firmó un peritaje en que afirma que una niña de 9 años ,abusada por el conductor de un transporte escolar, tenía aspecto de mujer y por lo tanto podía ser objeto de deseo. Aun conociéndose la posición de esta persona, Urtubey la promovió como fiscal penal, cargo que ocupa en la actualidad, pero no es la única. En el mismo año, el ex Ministro de Seguridad Maximiliano Troyano, al ser consultado sobre el caso de una turista japonesa que fue violada en Cafayate, respondió que son las mujeres las que se «exceden en confianza». Este hombre renunció a las pocas horas ante un gran repudio, pero unos meses después el Gobernador también lo impuso como fiscal penal, o sea que el ejecutivo provincial en vez de tomar medidas para proteger a las mujeres que sufren violencia, promueve a sus verdugos en el plano judicial.
La explicación a todo esto está en que la Justicia es tutelada por el poder político y como tal crea una corporación adicta que reproduce todas las formas de opresión social, en Salta acentuadamente feudal, clerical y de oligarquías. El escándalo del intendente Mazzone «enfiestado» con chicas menores de edad son el estado natural de las cosas. El hombre antes y después fue encubierto por la Justicia y ungido candidato kirchnerista nuevamente. Se trata además de un estanciero, que regentea trabajo semiesclavo, al que el poder político y judicial protegen.
Con una Justicia de esta calaña, que se corresponde con un poder político de la misma estatura, lo natural es tener las cifras más negativas en materia de femicidios. Según datos de La Casa del Encuentro, Salta está en primer lugar en crímenes de mujeres por cantidad de habitantes, desde el 2010 van más de 100 mujeres asesinadas y un acumulado de 100.000 denuncias por violencia sin resolver desde el 2006 hasta hoy. Crece la trata de personas y la desaparición de mujeres para la explotación sexual, crecen las cifras de embarazo en niñas producto del abuso, crecen las cifras de nacimientos de madres adolescentes por falta de educación sexual y de anticonceptivo, como también las muertes por aborto clandestino, un dato importante, ya que en Salta no se cumple con el fallo de la Corte de aborto no punible y rige un decreto totalmente restrictivo sobre el acceso al aborto legal. Esta política cuenta incluso con un taparrabos feminista. El brazo de la cooptación estatal ha llegado muy lejos y ha producido enormes daños.
Desde el Partido Obrero en Salta, planteamos con un proyecto de ley para que los magistrados de los juzgados en violencia de género sean electos por el voto del padrón femenino y sujetos a revocabilidad. Es una medida para fortalecer a la mujer ante el Estado y para romper con el esquema de impunidad de la justicia actual, ligado directamente a los favores que en el campo judicial estos jueces realizan al poder político y económico. Hombres y mujeres de la Justicia no podrán postularse o será motivo de revocatoria si emiten fallos absolutorios o favorables a violadores, abusadores o a quienes hayan ejercido violencia a la mujer o niños. Esto es una medida de emergencia para proteger la vida de las mujeres. De fondo es necesario terminar con el régimen social que garantiza la impunidad política de los jueces responsables de los femicidios y de las humillaciones que sufrimos por ser mujeres”.
