El gobierno decretó que los adjudicatarios de viviendas del IPV no podrán hacer grandes ampliaciones. En caso de que las hagan deberán cancelar la totalidad del valor de la vivienda.
Después de que todos los urtu-amigos terminaran las megas ampliaciones del Barrio Lomas de Medeiro, los funcionarios se dieron cuenta de algo: queda como el tujes que beneficiarios de viviendas sociales (que supuestamente son necesitados) ahí al toque nomás se construyan una mega ampliación, revelando así que no eran muy necesitados que digamos.
“Se considera necesario establecer por parte del Instituto Provincial de la Vivienda, la normativa que regule la ampliación en las construcciones originales a adjudicarse, fijando un porcentaje razonable de obra, superado el cual deberá el adjudicatario cancelar la totalidad del valor de la vivienda, en atención a que tal situación evidencia que aquél no necesita del financiamiento y subsidio de tasa por parte del Estado Provincial”, dice el decreto publicado hoy en el boletín oficial.
El decreto fija dos excepciones: familia muy numerosa y gente que ha recibido crédito de Procrear.
Para el resto, queda la advertencia: de superarse por parte de los adjudicatarios el porcentaje máximo permitido, sin encontrarse dentro de las salvedades establecidas, el Organismo deberá prever los mecanismos para exigir la cancelación de la totalidad de la vivienda, lo que permitirá con dichos fondos la construcción de nuevas unidades.
