A más de dos años de que Urtubey firmará el decreto 1170/12 que obstaculiza el acceso al aborto no punible, un proyecto en el senado y otro en diputados piden que la provincia acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó la posibilidad de interrumpir un embarazo en caso de violación. (Andrea Sztychmasjter)
Esta semana la senadora Gabriela Cerrano presentó un proyecto de resolución en el senado que solicita al Ejecutivo Provincial que se deje sin efecto el Decreto 1170/12 y el Protocolo de Aplicación (RES 797/12) del Fallo de la Corte Suprema de Justicia en los casos de Abortos No Punibles. Por otra parte el diputado Lucas Godoy presentó un proyecto de Ley para la aplicación de la Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque con diferencias, ambos proyectos se complementan y toman relevancia luego que el Jurado de enjuiciamiento decidiera desestimar un jury tanto a la asesora Flores Larsen, como al juez Soria, responsables de obstaculizar un aborto no punible a una niña golpeada y violada por su padrastro.
Recordemos que el decreto del gobierno de Urtubey, firmado en 2012 y fuertemente repudiado a nivel nacional, establece que “no debe recaer en los médicos la responsabilidad de recibir y evaluar declaraciones juradas que refieren a un hecho delictivo y que resulta conveniente para los intereses y la protección integral de la víctima, que la declaración jurada, a la que se alude en el fallo, sea realizada con la asistencia tutelar del Ministerio Público”.
Contra las políticas reaccionarias
Con una mesa-debate que tuvo como eje principal el tema del acceso al aborto no punible en Salta, la senadora del PO, Gabriela Cerrano, y la abogada Mónica Menini, integrante de la Alianza de Abogadas por los Derechos de las Mujeres, se refirieron a diversos puntos que pusieron en descubierto la desprotección para con las mujeres que existe todavía en nuestra provincia, con esto hacemos referencia a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, poco acceso a la Justicia, un servicio de salud público deficiente, intromisión de creencias religiosas de jueces y asesores de menores que perjudican principalmente a las niñas y la desprotección del gobierno provincial como principal responsable de la no implementación de políticas contempladas por ley, fueron algunos de ellos.
“El decreto de Urtubey es un instrumento para impedir el acceso al aborto no punible, lo hemos visto en la práctica cuando se dieron los casos. Hay un pedido de inconstitucionalidad que la Corte salteña rechazó y que ahora sigue su curso en la Corte de la Nación. Creemos que al margen de lo que ocurrió con el jury al juez Soria, tenemos que eliminar este instrumento para que no puedan actuar ni Soria ni ningún otro juez”, mencionó la senadora Cerrano y agregó “Hasta el año pasado teníamos la información que existen alrededor de 3.000 casos anuales de abortos sólo en el hospital Materno Infantil de capital aunque esta cifra no esté discriminada entre abortos clandestinos o espontáneos. Sabemos además que en ciudades fronterizas como Tartagal y Orán las mujeres viajan a Bolivia para practicarse abortos y esto tiene un impacto negativo porque se lo realizan en situaciones muy precarias, entonces las mujeres vuelven en malas condiciones pero se van hasta ahí porque les sale más barato. Este año volvieron a rechazarme que el Ministro de Salud venga a la Cámara a dar explicaciones sobre este tema, en el gobierno de Urtubey hay un fuerte hermetismo para tapar estos datos”.
Cerrano mencionó que tanto el proyecto presentado por ella como el presentado por el diputado Lucas Godoy son complementarios: “Sin embargo creemos que el oficialismo con esto intenta salvarse del repudio popular, luego del caso de Soria y hay que ver si los diputados van a aprobarlo”. Lucas Godoy fue uno de los pocos diputados que manifestó su disconformidad con la decisión del juez Soria cuando el caso de la menor de 14 años se dio a conocer: “En una manifestación arcaica a esta menor le fue rechazado su derecho, los jueces deben estar sometidos a la investigación de su conducta en el marco de la ley. Hay sectores de la justicia que no cambian en esa viejas prácticas de decisores”, repudiaba en una sesión el diputado.
Conocer los derechos
La abogada Mónica Menini también se refirió a diversos temas en la charla que se brindó el miércoles “Los derechos de la mujer y el acceso al aborto no punible”, su disertación comenzó con una frase de la filosofa feminista Diana Maffía: “El primer obstáculo es no conocer nuestros derechos”. Menini hizo un repaso desde aquel 22 de marzo de 2012 cuando el gobernador Urtubey manifestaba que en Salta no se iba a acatar el fallo de la Corte Suprema con respecto al aborto no punible. El mandatario se refería también a los supuestos “casos fabricados”. “La defensa que Urtubey realiza de los valores del patriciado salteño, debería, ya, tenernos hartos” era la frase con la que comenzaba una nota de este medio titulada “Violatest” (26 de marzo de 2012) daba cuenta de esto.
Durante su charla la abogada mencionó que este protocolo de Urtubey “fue una estrategia política, no ideológica” y agregó que actualmente “la Justicia no nos está respondiendo con justicia”, en referencia a las escasas sentencias que existen en causas por violencia de género.
La letrada se mostró preocupada por el acceso a la salud pública de las mujeres salteñas y los obstáculos al aborto no punible que impone el decreto 1170/12. “En el Hospital Publico Materno Infantil siempre atiende un único médico cuando vamos por este tema”en relación a la objeción de conciencia dijo y recordó los 500.000 abortos por año que se realizan en el país, cifra que representaría casi un 40 % de los embarazos totales. Mencionó los casos de Uruguay, país que desde que implementó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo redujo casi en un 100% las muertes maternas; y el de Suecia dónde hace 40 años el aborto es legal. Nombró a estos países como una muestra de ejemplo a seguir y recalcó la importancia del accionar del sistema judicial en la salud, libertad y autonomía reproductiva.
Salta, la arbitraria
Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles que realizó un relevamiento en todo el país sobre el cumplimiento del fallo sobre el aborto no punible en las 24 provincias, se señala que 8 provincias son consecuentes con lo dictado por el máximo tribunal, otras 8 tienen reglamentos que pueden implicar obstáculos para el acceso a los abortos legales y las 8 restantes siguen sin cumplir la sentencia dictada en marzo del 2012.
Las provincias que poseen un protocolo en relación al fallo son: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las que no cumplen con ningún proceso legal: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras que quienes redactaron protocolos, pero con exigencias que no estaban establecidas ni en la ley ni en el fallo y pueden implicar una barrera al derecho de las mujeres: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta.
Cerrano y Menini finalizaron la charla mencionando que lo que hace el decreto en cuestión, firmado por nuestro gobernador, es desproteger a las más vulnerables: las niñas. Agravado con el tinte de que las violaciones a menores casi siempre se dan dentro del seno familiar. Ambas, con sus pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, invitaron a las presentes a informar a sus conocidas sobre los derechos femeninos.
