La Asociación de Periodistas de Salta (APES) repudió los ataques verbales y la discriminación de la diputada María Emilia Orozco contra periodistas salteños, denunciando un aumento de la hostilidad y violencia institucional contra la prensa y exigiendo al Estado la protección de la libertad de expresión.
La Asociación de Periodistas de Salta (APES) emitió un comunicado público expresando su enérgico repudio a las agresiones verbales y las expresiones discriminatorias proferidas por la diputada nacional María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) contra periodistas de la provincia. En un parte de prensa, APES denunció una preocupante escalada de hostilidad y violencia institucional dirigida hacia los trabajadores de prensa en Salta, instando a los poderes del Estado a tomar medidas urgentes para salvaguardar la libertad de expresión, pilar fundamental de una democracia sana y funcional.
La declaración de APES se fundamenta en una serie de incidentes protagonizados por la diputada Orozco, que van desde ataques verbales calificados como injuriosos hasta la expulsión arbitraria de un periodista de una sede partidaria. En un caso, la diputada tildó de «lacra» a un periodista que la consultó sobre un escándalo de corrupción, mientras que en otro incidente, expulsó a un movilero de Canal 10, declarando que «vos no sos gente de bien». Además, Orozco ha recurrido a las redes sociales para publicar acusaciones genéricas y difamatorias contra «periodistas ensobrados», sin aportar pruebas ni identificar a los presuntos implicados, generando un clima de sospecha e intimidación.
Sin embargo, el incidente que desencadenó el comunicado de APES fue un ataque directo y particularmente grave contra el periodista Daniel Murillo. A través de las redes sociales, la diputada Orozco escribió: «La naturaleza es sabia; vos sos una lacra, pero tus hijos son hermosos», un mensaje que no solo contiene insultos graves sino que también incluye una referencia explícita y ofensiva a la vida privada del periodista. Este ataque personal, considerado inaceptable por la APES, representa una clara violación de los derechos fundamentales de los trabajadores de prensa y una amenaza directa a la libertad de expresión.
La APES, junto con el Sindicato de Prensa de Salta, considera estos hechos como una grave amenaza a la libertad de prensa y exige una respuesta contundente de las autoridades. Se espera que el Estado tome medidas para proteger a los periodistas de agresiones y garantizar que puedan ejercer su trabajo sin temor a represalias ni a la intimidación.
El presidente de APES Darío Illanes, declaró a Salta/12 que las declaraciones de la diputada Orozco violan la Constitución, agravan la crisis institucional y constituyen una ofensa grave al involucrar a los hijos de un periodista en sus ataques públicos, vulnerando su derecho a la intimidad (artículo 19 de la Constitución Nacional).
