Bajo el título “El festival de los desmontes no se detiene”, la organización internacional Greenpeace presentó un informe que dio cuenta de la situación provincial. Se trata del informe que dio lugar a la acusación de que Urtubey sigue la política de desmontes de su antecesor Romero. (Andrea Sz)
Después que activistas de Greenpeace reclamaran afuera de la Catedral con banderas dirigidas principalmente al gobernador: “Urtubey, desmontar es pecado”, la organización presentó un informe con fotografías e imágenes satelitales de las zonas y fincas desmontadas. Las fotos y el informe completo pueden consultarse en el sitio: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/bosques/InformeSalta-2013-FINAL.pdf. El título del mismo juega con una de las frases que el gobernador Juan Manuel Urtubey lanzó apenas asumió en diciembre de 2007; “Se acabó el festival de los desmontes en Salta”. Pese a eso, el informe señala que “Salta es una de las provincias con mayor nivel de deforestación del país en los últimos años, la cual fue motorizada principalmente por la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria (soja transgénica)”.
En su campaña de Bosques julio 2013, Greenpeace reclama al gobierno de Salta que se cumpla lo establecido por la Ley de Bosques, para ello solicitan: No modifique su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) disminuyendo las zonas clasificadas en las Categorías I – rojo y II – amarillo; no realice recategorizaciones prediales de bosques nativos; cancele los permisos de desmonte otorgados antes de la sanción de la Ley de Bosques (28 de noviembre de 2007) en bosques nativos clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo; no autorice ningún tipo de desmonte en bosques nativos clasificados en la Categoría I – rojo y II – amarillo y/o que puedan afectar a comunidades campesinas e indígenas; mejore significativamente los controles para evitar la deforestación ilegal y restaure u obligue a restaurar a sus titulares los bosques nativos que fueron desmontados en las Categorías I – rojo y II – amarillo.
La herencia no revisada
El informe señala que “varios de los desmontes se realizaron con permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques, que el gobierno de Urtubey no adecuó a la nueva normativa forestal”. Según datos oficiales citados por los activistas, en Salta hay una sistemática violación de esa Ley: “los reportes de cambios de usos de la tierra de la región chaqueña que periódicamente difunde la Asociación Guyra Paraguay estiman que entre julio de 2011 y marzo de 2013 en la provincia de Salta se deforestaron 114.396 hectáreas”. A esas hectáreas desforestadas se suman otras 350.642 deforestadas desde la sanción de la Ley de Bosques Nacional, y que fueron autorizadas por el gobierno de Juan Carlos Romero.
El trabajo citado detalla la deforestación en Salta por departamento y por categoría de conservación del OTBN. Entre la zona más afectada se encuentra el departamento de Anta, con 5.948 hectáreas desforestadas en zona roja, 1.178 en zona amarilla y 44.429 en zona verde, representando el 52.027 de pérdida de bosque nativo. En segundo lugar está Metán con 22.288 hectáreas desforestadas, seguido de General San Martín con 20.400 hectáreas. Las cifras fueron tomadas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación del año 2011.
Greenpeace consigna además que “un reciente informe realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) con la cooperación técnica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), estima que entre enero de 2008 y septiembre de 2012 en la provincia de Salta se han desmontado un total de 330.504 hectárea”.
Comunidades afectadas por los desmontes
“Los desmontes que fueron ejecutados a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afectaron seriamente a varias comunidades campesinas e indígenas. Un claro ejemplo es la dramática situación de las comunidades wichi de Cuchuy, Corralito, San José y Chaguaral (departamento San Martín), que vienen siendo históricamente acorraladas por los desmontes. Esto fue advertido en junio del año pasado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, que solicitó la intervención de autoridades provinciales y nacionales. El año pasado las comunidades autoridades salteñas que empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir desmontando a cambio de cederles algo. Cabe señalar que el OTBN de amarillo, que no permite desmontes”, señala el informe.
El trabajo advierte también que la ganadería intensiva pone en riesgo a 3 millones de hectáreas de bosques nativos, ya que miles de familias campesinas e indígenas que viven en los bosques del norte de Argentina basan su sustento en la producción vacuna, y también caprina. Se indica también que generalmente se realiza el “desmonte selectivo”, “desarbustado” o “desbajerado”, que normalmente se realiza con rolo o topadora, y que esto resulta un desmonte o el paso previo al desmonte; lo que, sumado a la implantación de pasturas exóticas, no garantiza el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos: “Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, luego de la aplicación del rolo o la topadora son muy pocos los árboles que quedan en pie. Además, el rolado intensivo y la implantación de pasturas implican la destrucción del futuro de ese bosque, el sotobosque, fuente de alimento para gran parte de la fauna que los habita”.
Salta, llena de terratenientes
Los activistas no sólo compararon las políticas ambientales del actual gobernador con su antecesor Juan Carlos Romero, sino que también acusaron a la Sociedad Rural de ser la promotora de los desmontes y la violación de la Ley de Bosques en Salta, mientras reclama ayuda económica de Nación por la sequía. En febrero de este año, la Sociedad Rural Salteña responsabilizó a la Ley de Bosques “por el freno durante 4 años a los permisos de habilitación de tierras ganaderas y escasa o nula inversión en el sector, perdiendo Salta en ese tiempo la oportunidad por precios y costos diferentes a los actuales, de poner en producción y poblar parte de las 3.000.000 de hectáreas estimadas, hoy sub aprovechadas”.
Greenpeace sigue culpando al gobierno de Urtubey por cambiar lo establecido en la Ley de Bosques a pedido de los grandes terratenientes. Dicha ley fue sancionada en noviembre del 2007 y significó un avance sin precedentes en materia ambiental estableciendo la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice su propio ordenamiento territorial, realice un estudio de impacto ambiental, para así respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan y crear un fondo para la protección de los bosques a distribuir entre las provincias que sancionen por ley su ordenamiento. En Salta la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta fue sancionada el 16 de diciembre de 2008.
La manipulación del espíritu de la ley por parte de la provincia, según Greenpeace, obedece también a la intención de la provincia de cuadruplicar su stock ganadero para 2030, lo cual significará el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos en zonas protegidas.
