Una legisladora de la ciudad de Buenos Aires comunicó que el Ministerio de Defensa despidió a los especialistas que estaban examinando los archivos de las Fuerzas Armadas para colaborar con las causas de lesa humanidad, y solicitó la intervención del organismo regional. Anteriormente, ya había presentado una denuncia similar ante las Naciones Unidas.
Victoria Montenegro, diputada porteña, miembro de Unión por la Patria (UxP), presentó una nueva queja a nivel internacional contra Luis Petri por haber desmantelado los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que estaban analizando los archivos en posesión de las Fuerzas Armadas para colaborar con las causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Recientemente, Petri expresó públicamente que los expertos eran un «grupo de persecución» que practicaba el «macartismo» entre los militares.
Montenegro realizó esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular ante la relatoría de Argentina y la relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia. La legisladora calificó como graves e infundadas las declaraciones del ministro de Defensa, Javier Milei, y solicitó la intervención del organismo regional.
El 24 de marzo la CIDH emitió un comunicado recordando que no eran posibles indultos o beneficios para condenados por crímenes contra la humanidad, en medio de crecientes rumores sobre una posible decisión favorable para ellos por parte de la administración de La Libertad Avanza (LLA). En su comunicado, Montenegro manifestó su inquietud por los acontecimientos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, incluyendo los numerosos despidos y la decisión de desmantelar el equipo que estaba a cargo del sitio web juiciosdelesahumanidad.ar.
Organismos de derechos humanos han denunciado que la decisión de Petri de desmantelar los equipos tiene como objetivo obstaculizar las investigaciones sobre crímenes contra la humanidad. Diversos fiscales también expresaron su inquietud a este diario por las posibles implicaciones de perder los informes clave elaborados por expertos, fundamentales para los juicios.
Es importante saber que los equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) se establecieron en 2010, en un momento en el que los procesos por crímenes contra la humanidad cobraban fuerza. En enero de ese año, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó documentos de las Fuerzas Armadas relacionados con el período 1976-1983. Desde entonces, estos equipos han proporcionado más de 170 informes a la justicia, que han sido fundamentales para demostrar aspectos como la mecánica de los vuelos de la muerte, la etapa final del exterminio.
El pasado 27 de marzo el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, anunció el despido de diez de los trece trabajadores de los ERyA. Los despedidos denunciaron en una conferencia de prensa que Erbes les comunicó la decisión de poner fin a esa política y que las respuestas a las solicitudes judiciales estarían a cargo de las propias Fuerzas Armadas, que en el pasado han perdido documentación vital como el expediente de Alfredo Astiz. En el Ministerio de Defensa no han explicado cómo planean apoyar las investigaciones sobre secuestros, desapariciones y robos de bebés. Voceros del ministerio mencionaron que estaban llevando a cabo una «auditoría» sobre los ERyA, a los que acusan de haber investigado a familiares de figuras públicas como el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En una indagatoria realizada en octubre pasado, el marino Horacio Luis Ferrari (quien se encuentra actualmente en juicio) criticó duramente a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Mencionó que había integrantes de la querella entre los equipos del ministerio. Cuatro meses más tarde, Petri parece haber tomado nota de esas críticas, ya que afirmó a Clarín que desconocía quiénes supervisan los equipos.
Desde que asumió en el ministerio, Petri ha expresado que las Fuerzas Armadas han sido injustamente demonizadas por sus acciones durante los años ’70. Se ha fotografiado con Cecilia Pando y ha enviado funcionarios -como Erbes- a la Unidad 34 de Campo de Mayo para reunirse con presos por delitos de lesa humanidad. Los represores se mostraron muy satisfechos con estas acciones.
