Salta es una de las provincias con más tierras en manos extranjeras, según el relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales presentado por la presidenta Kirchner. De casi 16.5 millones de hectáreas rurales salteñas, más de 1.8 millones están en manos extranjeras. (Gonzalo Teruel)
En cumplimiento de la ley 26.737 aprobada en diciembre de 2011, los ministerios de Justicia y Agricultura junto a otros organismos nacionales y provinciales realizaron un mapeo del territorio argentino para determinar la cantidad de hectáreas que son propiedad de extranjeros.
En total, Salta posee casi 16,5 millones de hectáreas rurales de las cuales algo más de 1,8 millones ya están en poder del capital extranjero. El porcentaje de tierras rurales extranjerizadas en la provincia es de casi el 11% y duplica la media nacional que no llega al 6%. Según lo anunciado por Cristina Kirchner el martes, Argentina -el octavo país del mundo en superficie- tiene casi 270 millones de hectáreas rurales. Los extranjeros ya son dueños de más de 15,8 millones de hectáreas. Los extranjeros son dueños, entonces, del 5,93% del suelo argentino.
Según se informó desde Casa Rosada, el objetivo del trabajo interministerial es “proteger la soberanía territorial y los recursos naturales, determinando la cantidad de tierras rurales y limitando la adquisición por parte de extranjeros”. En consecuencia, la ley establece que, de ahora en más, los extranjeros que quieran comprar tierras en el país deberán primero pedir permiso al Registro de Tierras Rurales.
Taxativamente, la ley indica, además, que no puede venderse al capital foráneo más del 15% de la superficie nacional, provincial o subprovincial. Salta en consecuencia tiene poco por vender ya a extranjeros. Sólo el 4,06% de la provincia podrá enajenarse a extranjeros en el futuro. Parece poco pero es mucho: son casi 668.500 hectáreas, de acuerdo a las estadísticas oficiales.
En el país, en cambio, hay demasiado para vender: más de 24 millones de hectáreas. Al establecer en 15% del territorio nacional el límite para los extranjeros, el gobierno que dice defender la soberanía, sacó a remate casi 25 millones de hectáreas. Ese fue el principal argumento de quienes se opusieron a la sanción de la ley. Ante la Asamblea Legislativa de 2011, el dirigente de Federación Agraria y diputado por la provincia de Chaco, Pablo Orsolini, había gritado a Cristina Kirchner pidiendo “una ley de tierras”. La presidenta le contestó e impulsó la actual ley. Orsolini y sus compañeros de Federación Agraria -y de múltiples organizaciones sociales- siguen lamentando aquella intervención. “Queríamos un límite pero límite de verdad, del 5% como máximo, y el gobierno le puso bandera de remate a 25 millones de hectáreas”, resumió el legislador chaqueño. Una verdadera ley de tierras sigue pendiente.
El conflicto por la tierra también es argentino
El gobierno presentó también esta semana otro informe sobre la titularidad de la tierra. La subsecretaría de Agricultura de la Nación confirmó que más de 9 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal.
“En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos”, indica el informe gubernamental sobre conflictos rurales y advierte que “el 64% de los conflictos comenzó en las últimas 2 décadas y tiene relación con el modelo agropecuario”. (ver nota de páginas 6 y 7)
Periodismo de anticipación
El año pasado, Cuarto Poder accedió a datos provisorios del informe que presentó ahora Cristina Kirchner, el cual reveló entonces que “casi 335 mil hectáreas rurales están en manos extranjeras en Salta” y que “el número ubica a Salta segunda, después de La Rioja, entre las provincias más extranjerizadas del país”. Advirtió, además, que los números eran en extremo conservadores y que “la mensura oficial (…) parece lejana a la realidad si se tienen en cuenta datos de distintas organizaciones rurales del país”.
El artículo titulado “Tierras de nadie, tierras de otros” causó impacto y fue levantado por varios portales web y otros medios de comunicación. También causó risa entre varios empresarios agroindustriales, vinculados a inversores extranjeros, que se comunicaron con este periodista para informar que “las tierras extranjeras en la provincia eran muchas más”. Tenían razón: de aquellas 335 mil hectáreas se llegó a estas casi 2 millones de hectáreas.
En un breve repaso, el año pasado Cuarto Poder indicó que “cerca de 160 mil hectáreas pertenecen a una sola empresa: Quebracho Colorado SA cuyo titular es el norteamericano Paul Gabel” y que “en Cafayate y los Valles Calchaquíes, la presencia de norteamericanos y franceses es fácil de reconocer en el negocio vitivinícola”. “Otros grandes tenedores de tierras son la australiana LIAG con unas 20 mil hectáreas y la ex PYRYNES Sudamericana que mutó su denominación a Agropecuaria Andorrana y administra 10 mil hectáreas (…) La canadiense Artha Risources controla de unas 55 mil hectáreas en Cachi. También en esa zona, otra firma australiana posee la titularidad de 70 mil hectáreas (…) El Tejar SA, compró Agro Invest SA que posee el campo Los Guayacanes en Las Lajitas de 10.877 hectáreas”, informó también.
A partir de información periodística, reclamó que “al igual que con el total nacional, el número de hectáreas extranjerizadas en Salta debe estimarse a partir de la multiplicación -por 10- de los datos del Registro de Tierras Rurales”. Un sólo caso sirvió de ejemplo: la compañía norteamericana AIG controla unas 1,5 millones de hectáreas o el 7% de la superficie de la provincia.
Latifundios y latifundistas
Mientras se discutía la ley de extranjerización, la Universidad Católica Argentina fue sede de un simposio organizado por el ministerio de Agricultura y destinado a difundir las bondades del proyecto. Entre los disertantes se destacó el sacerdote Víctor Manuel Fernández, entonces rector de la UCA.
“El riesgo de los latifundios se vuelve más grave e incontrolable cuando el dominio de las grandes extensiones está en manos de corporaciones extranjeras, y allí se hace patente que la tierra argentina deja de ser nuestra”, dijo el religioso. A continuación argumentó que “cuando alguien posee una extensión inmensa en un país que no es el suyo, es más posible que la use para el propio beneficio, y que exprima sus recursos, no tanto que la sienta nuestra y que la cuide para las próximas generaciones”.
“De un modo sutil, los latifundios extranjeros contradicen una sana concepción de la propiedad privada”, concluyó el amigo del entonces cardenal Jorge Bergoglio y hoy papa Francisco.
