El panorama económico en Salta se ve amenazado con fuertes aumentos en los servicios esenciales, ya que EDESA y COSAYSa buscan incrementos considerables en sus tarifas. El Ente Regulador de los Servicios Públicos ha oficializado la convocatoria a audiencias públicas para debatir estos pedidos, programadas para enero de 2024 en modalidad remota. ¿Están los salteños preparados para afrontar tales incrementos?
La situación toma un giro preocupante con la solicitud de EDESA, que busca un aumento del 71%, basando esta petición en la variación estimada de los últimos seis meses. Más allá de esta cifra ya alarmante, la empresa también aspira a implementar una actualización automática trimestral de la tarifa, junto con modificaciones al régimen de subsidios y criterios de segmentación de usuarios. ¿Se justifica tal voracidad económica en medio de las dificultades que enfrenta la población?
Por otro lado, COSAYSa no se queda atrás, solicitando un aumento del 363,3%, justificado por el supuesto coeficiente de variación de costos desde marzo de 2021 hasta octubre de 2023. La empresa va más allá, proponiendo cambios en el régimen de facturación para usuarios no residenciales y baldíos, así como en el régimen de tarifa social para usuarios residenciales. Estos incrementos, ¿no constituyen una carga excesiva para los ciudadanos?
La gota que colma el vaso es Aguas del Norte, anunciando un aumento en el agua a partir de enero de 2024. Este incremento se basa en la Audiencia Pública celebrada en agosto, que determinó el tope social del 50% de las paritarias del período junio-diciembre de 2023. La resolución del Ente Regulador establece una actualización tarifaria equivalente al 50% de los aumentos de la Administración Pública Provincial durante dicho período, estimado en un preocupante 97,5%. Este nuevo aumento se suma al ya aplicado del 29% en agosto. ¿Hasta dónde llegará la presión económica sobre los salteños?
La solicitud de aumentos desmedidos por parte de estas empresas prestadoras de servicios es un golpe directo a la economía de los salteños. ¿Es sostenible cargar sobre los ciudadanos con incrementos que van más allá de cualquier razonabilidad?
