La declaración de emergencia económica a nivel nacional producto de la crisis heredada, ha desencadenado respuestas variadas, por parte de los gobernadores, que podrían reunirse el 19 con el presidente Milei. En consonancia, los intendentes salteños fueron convocados por funcionarios de primera linea para ser informados sobre complejidad de la situación y la urgencia de tomar medidas para superar la crisis.
La crisis económica ha golpeado con contundencia las arcas públicas, llevando a gobernadores de distintos signos políticos a reconocer la urgencia de medidas de ajuste. Desde Santiago del Estero hasta Tierra del Fuego, las administraciones provinciales han anunciado recortes, congelamientos y reestructuraciones en un esfuerzo por equilibrar las cuentas y afrontar la crisis con responsabilidad.
En las oficinas del ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzó a organizarse una convocatoria a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, para congregarlos en una reunión el martes 19 en la Casa Rosada, que podría encabezar el propio Milei.
La convocatoria muestra la necesidad de una coordinación a nivel nacional. Las medidas adoptadas por cada provincia, si bien reflejan las realidades locales, deberán articularse de manera coherente para evitar disonancias que compliquen aún más la situación. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno se presenta como un imperativo para superar la adversidad.
Medidas Adoptadas
Gerardo Zamora (Santiago del Estero): Declaró el estado de emergencia económica en la provincia y anunció medidas restrictivas y de control del gasto público por los próximos seis meses. Congelará las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial.
Claudio Poggi (San Luis): Presentó el estado financiero de la provincia, mostrando un déficit importante. Anunció una política de ajuste, incluyendo el pago de salarios estatales en dos cuotas.
Osvaldo Jaldo (Tucumán): Anunció un plan de reducción que ahorrará 219.000 millones de pesos en la Legislatura y una reestructuración del Ejecutivo, con la eliminación de 40 organismos gubernamentales.
Martín Llaryora (Córdoba): Modificó el organigrama inicial que preveía unos 32 ministerios y agencias público-privadas, reduciéndolos a 14.
Maximiliano Pullaro (Santa Fe): Manifestó la necesidad de ordenar el Estado y revisará los decretos de nombramientos, especialmente aquellos relacionados con funcionarios políticos o familiares de políticos.
Rolando Figueroa (Neuquén): Anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la eliminación del alquiler de autos y camionetas para funcionarios, y la reducción del 50 por ciento de los cargos de planta política en el Ejecutivo provincial.
Los intendentes deberán ajustarse
Si bien en Salta aún no se anunciaron medidas de ajuste en consonancia con las provincias anteriormente mencionadas, desde el área de gobierno se ha resuelto convocar a una reunión con los nuevos intendentes. Allí se manifestó la voluntad de trabajo conjunto, reconociendo la gravedad de la situación. La imposibilidad de contar con un presupuesto provincial, debido a la prórroga del presupuesto nacional, presenta un desafío adicional que requiere ingenio y adaptabilidad para continuar con las obras y servicios esenciales.
La afirmación contundente del presidente Javier Milei, “No hay plata”, es un reflejo de la urgencia y magnitud de la situación financiera. Este reconocimiento directo establece un tono realista para abordar los desafíos que se avecinan.
En palabras del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, se hizo un llamado a trabajar en conjunto con “prudencia”, reconociendo abiertamente la fuerza de las medidas a nivel nacional. Este llamado a la prudencia es más que necesario, considerando las dificultades que enfrentarán los municipios y sus habitantes en medio de ajustes y restricciones presupuestarias.
La imposibilidad de contar con un presupuesto provincial, dado que el presupuesto nacional se prorrogará para el año 2023, agrega complejidad. Esta situación deja a los municipios sin un marco claro para planificar y ejecutar sus proyectos, generando incertidumbre y exigiendo una adaptabilidad inusual en la gestión pública.
Por su parte, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho hizo énfasis en la importancia de mantener un “riguroso orden en la administración de las cuentas” y abogó por un enfoque transparente respaldado por una capacitación significativa en tecnología. Esta declaración resalta la necesidad de una gestión eficiente y la importancia de la transparencia para mantener la confianza ciudadana.
Dib Ashur, aprovechó para destacar los logros de Salta en los últimos cuatro años, subrayando la resiliencia de la provincia ante situaciones complejas. A pesar de los desafíos, resaltó el equilibrio fiscal, la reducción de la deuda y la continuidad de obras públicas esenciales. Sin embargo, la insistencia en la “prudencia” refleja una conciencia clara de los desafíos que se avecinan.
El presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno por su parte, alentó a abordar los desafíos específicos de cada municipio y expresó la necesidad de reinventarse ante las nuevas circunstancias. Aunque la incertidumbre prevalece, su llamado a la esperanza y a confiar en la capacidad de trabajo en equipo mostró tambien la determinación de superar las dificultades que se avecinan.
La reunión con los intendentes que en su mayoría se encontraron con cifras considerables en concepto de deudas heredadas de sus antecesores, dejó claro que la situación financiera es crítica, exigiendo respuestas cuidadosas y colaborativas. La prudencia, la transparencia y la adaptabilidad se presentan como pilares fundamentales para gestionar la crisis y, posiblemente, transformarla en una oportunidad para repensar y fortalecer las bases de la administración pública en Salta.
En medio de la incertidumbre, es imperativo recordar que estas medidas de ajuste afectarán a los ciudadanos en diferentes niveles. La responsabilidad de los gobernantes es garantizar que el peso de la crisis no recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables. La transparencia en la gestión de recursos y la eficiencia en la administración se tornan cruciales para mantener la confianza ciudadana.
La crisis económica exige respuestas audaces, pero también prudentes. La prudencia no implica inacción, sino una cuidadosa consideración de las implicancias de cada medida. Es momento de replantear prioridades, identificar áreas de gasto superfluo y dirigir los recursos hacia donde realmente impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Un panorama desafiante.
