El ingeniero que hace diez años denuncia a la clínica que se construye en Adolfo Güemes 82 como un peligro para vecinos y futuros pacientes, fue intimado para no hablar más del tema. El advertido reaccionó impugnando los últimos informes que la empresa presentó a la municipalidad y exigiendo documentación al COPAIPA.
La carta documento está firmada por el cardiólogo y presidente del Directorio de Emprendimientos Adolfo Güemes S.A, Luis Saavedra. La misma termina con la siguiente advertencia “…vengo a INTIMARLO se abstenga de otorgar continuidad a la maliciosa campaña de desprestigio por Ud. desarrollada, bajo apercibimiento de accionar civilmente en su contra por daños y perjuicios e interponer las pertinentes denuncias penales dado su ilícito proceder”. Está fechada el pasado 13 de junio y el destinatario es el ingeniero Felipe Federico Flores, la persona que desde 2003 protagonizó la hercúlea tarea de denunciar que la edificación en cuestión está plagada de irregularidades. Preocupado por la mala construcción de una pared que colindaba con la propiedad de sus hijas, Flores no autorizó que la firma ingresase al domicilio para revocar la misma. El incidente desencadenó una de las disputas más largas entre un particular y una empresa y hasta ahora el resultado de esa disputa es ambiguo: la verdad está de lado del ingeniero, pero esa verdad no ha sido suficiente para que la Justicia haga cumplir a la empresa lo que las leyes exigen.
Flores denunció que la construcción incumplía las normas antisísmicas y que los tres pisos originalmente aprobados se convirtieron en seis. Cuatro años después, forzó inspecciones municipales que, además de corroborar las denuncias, recomendaron la paralización de los trabajos. Lo primero tenía que ver con la violación de las normas sismorresistentes denominadas INPRES CIRSOC 103. Emprendimientos Adolfo Güemes S.A. violaba las exigencias para zonas de alto riesgo sísmico, como lo es la capital salteña, e incumplía con las exigencias para establecimientos que, en caso de un sismo destructivo deberían seguir operando, como los centros militares y policiales vinculados con operaciones y medidas de emergencia, y a los hospitales y edificios de servicios médicos. A mediados de 2012, la municipalidad dispuso la suspensión de las obras. La firma presentó un recurso de amparo que la municipalidad pidió a la Justicia que se rechace por medio de un escrito del 29 de junio de 2012, el cual confirmaba la verosimilitud de las denuncias realizadas por Felipe Flores. Las obras, sin embargo, no se paralizaron.
Escándalo tras otro
Por el garantismo judicial con el que suelen gozar las empresas, la construcción siguió avanzando. Felipe Flores también. Hace un mes se conoció que la empresa había recibido, en 2010, un crédito del Estado por $1.500.000 que dinamizó la construcción justo cuando la misma estaba en manos de la firma Luxem. El que gestionó el crédito era el por entonces secretario de Comercio, Industria y Servicios y actual ministro Alfredo De Angelis, y la firma constructora pertenecía a Nilda Susana De Angeli y Mario Eduardo Nahum, hermana y cuñado, respectivamente, del Ministro. La confirmación de la noticia llegó cuando De Angelis protagonizaba otro escándalo: alquilar un edificio de la misma empresa para instalar oficinas de su ministerio.
Luis Fernando Saavedra negó en El Tribuno que las sospechas fueran verídicas. Declaró que Luxem estuvo al frente del proyecto ejecutivo hasta septiembre de 2010 y que el crédito especial de un millón y medio de pesos se había aprobado en noviembre de ese año. Flores desmintió la explicación con documentación en mano: el arquitecto Mario Eduardo Nahum, cuñado del Ministro, fue designado como “responsable técnico” de la obra el 05/01/2009 por Emprendimiento Adolfo Güemes S.A.; el día 26/04/2010 se dictó el Decreto N° 1653/10, mediante el cual la empresa recibió $1.500.000 en concepto de asistencia financiera del Gobierno de la provincia (expte. 136-34.215/10); y la empresa Luxem Construcciones S.A., se mantuvo a cargo de la obra hasta setiembre de 2010 según surge del expediente de la Municipalidad de Salta N° 3288/03.
La contraofensiva
Saavedra no dijo nada hasta el 13 de junio pasado, cuando remitió la carta documento a Felipe Flores. Allí manifiesta que la empresa ha adjuntado a los expedientes 3.288/03 y 52.049/07 de la Municipalidad un Informe Técnico de Auscultación de Armaduras de Columnas en las modalidades específicas ´Quickscan´ e ´Imagescan´ de la obra ejecutada por ellos. Informes que concluirían que la cantidad y separación de estribos en las columnas responden a lo indicado en los planos estructurales, como así también que “los sondeos de muestreo con los procedimientos Imagescan indican en todos los casos la correspondencia entre la cantidad de armadura detectada y de las armaduras descriptas en los planos estructurales. Enfatizó también que con anterioridad habían presentado otro Informe Técnico de “Determinación del Periodo Fundamental” que comprobaba que la polémica obra no tenía “vicios (…) y que la misma se corresponde con los planos oportunamente aprobados por la autoridad municipal”. Todo lo cual, resaltaron, sirve para descartar las versiones falaces que, según Saavedra, Felipe Flores difunde por los medios.
Flores respondió a lo Flores. Cuarto Poder se comunicó con el ingeniero que ante la consulta sobre la naturaleza de la documentación aportada al expediente por la firma Emprendimientos Adolfo Güemes, respondió que tales estudios no se corresponden con los que la municipalidad exigió a la firma. Una nota del 18 de junio remitida por una hija del ingeniero -Arq. María José Flores- a la Directora de Obras Particulares de la Municipalidad ilustra mejor la cuestión. Allí se remarca que la empresa no certifica que las conclusiones del estudio no se correspondan con lo ejecutado en la construcción. La arquitecta se refiere así a partes importantes de ese informe: “Siendo un supuesto ´Plano de Estructura Conforme a Obra´, en las referencias se expresa textualmente: ´La armadura determinada en la presente verificación, se aproxima a lo que figura en planos aprobados, mencionados up-supra”. En ese marco, la profesional insiste en que “No se comprobó si la armadura que se utilizó en obra, tiene correspondencia con el proyecto, en consecuencia la responsabilidad civil y penal, sigue perteneciendo a los profesionales intervinientes en la dirección y ejecución de la obra´”. Párrafo esclarecedor en tanto, enfatiza la arquitecta, el plano presentado “NO es un plano conforme a obra”, sino lo que técnicamente se define como “no conforme a obra” por tratarse de una aproximación a lo ejecutado sin que se indique en qué proporción se ha dado esa aproximación. “Técnicamente, lo que se ha presentado es únicamente un cálculo de lo que debería haberse construido en la obra, pero NO certifica que coincida con la realidad de lo ejecutado, sino que se aproxima a lo que figura en planos aprobados, mencionados up-supra. No se comprobó si la armadura que se utilizó en obra, tiene correspondencia con el proyecto (…) Es decir que no certifica lo realmente ejecutado”. Por todo lo cual, insiste la arquitecta, esa “documentación no es válida como comprobación de la seguridad del edificio ni puede ser considerada como válida para la aprobación de la obra de referencia”.
Con respecto al Informe Técnico de Auscultación de Armaduras de Columnas que Luis Saavedra menciona en la carta documento, la familia Flores dice: “solo se auscultaron las columnas (…) y no se auscultó ninguna viga”. Esta situación es interpretada como que el calculista no quiere asumir la responsabilidad por lo realmente ejecutado y termina ocultando la información de las vigas. Razón por la cual, destaca, mientras un profesional no asuma esa responsabilidad la obra no puede ser aprobada por la municipalidad. Con respecto a las variables vinculadas a las normas sismorresistentes, la denuncia de la arquitecta María José Flores señala que en la Memoria de Cálculo presentada por la firma se la consideró como “1.1. Normas Consideradas: se indica Categoría de Uso: Viviendas” (fs. 97), cuando la obra en cuestión está destinada a un edificio de consultorios.
La denuncia, en definitiva, concluye que el estudio presentado por la empresa no termina con las irregularidades denunciadas desde hace diez años, por lo cual la arquitecta Flores redobló la apuesta. Solicitó que el COPAIPA remita toda documentación y expedientes relacionados con la obra en cuestión; que con esos antecedentes se lleve a cabo la inspección; y que a partir de todo ello tanto el municipio como el COPAIPA analicen en detalle la conducta asumida por los Proyectistas, Técnicos y demás responsables de la obra, a fin de proceder a su sanción si así correspondiere.
