¿Qué conexión existe entre el cierre de las causas contra Juan Carlos Romero, el intento de encubrimiento al comisario Mamaní y la impunidad del caso francesas? En Salta, el amiguismo en el Poder Judicial y la impunidad de los poderosos son sinónimos de Luciano Martini Bonari.
Mientras los debates en torno a los privilegios del Poder Judicial cobran fuerza a nivel nacional, el favoritismo y las ataduras al poder gozan de buena salud en la justicia doméstica. Esta semana, la corporación judicial salteña emitió una nueva señal de que la familia siempre es el límite. La senadora nacional (MC) Sonia Margarita Escudero fue citada a una audiencia preliminar en el marco de la denuncia que el juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini Bonari, le iniciara por calumnias e injurias. La abogada había criticado el apartamiento de la fiscal Verónica Simesen de Bielke de la investigación contra el comisario Walter Omar Mamaní, cuyos delitos fueron expuestos por este medio en julio de 2020.
Los señalamientos de Escudero apuntaban al responsable de aquella decisión, el juez Martini Bonari, quien dijo sentirse calumniado y solicitó el pago de 5 millones de pesos, el embargo de las propiedades de la exsenadora y el impedimento para salir del país. Todo esto a días de que la denunciada resultara electa como Convencional Constituyente.
La ira de Martini Bonari se habría desatado a partir de una entrevista que Escudero brindó a un medio local el año pasado, en la que se mostró crítica del amiguismo y el corporativismo judicial. Según parece, al joven magistrado no le agradó que, tanto él como sus socios, hayan sido caracterizados como una «banda» por la exsenadora. Sin embargo, los antecedentes, los lazos familiares y la propia historia del juez no hacen más que ratificar aquella calificación.
Un ascenso meteórico
Luciano Martini Bonari es hijo de la jueza de la corte de Justicia salteña, Sandra Cristina Bonari Valdés. Cuando todavía era un estudiante de la carrera de abogacía, fue convocado a prestar funciones en la secretaría legislativa del senado provincial, que por entonces estaba a cargo del expresidente del supremo tribunal, Guillermo Catalano. Desde aquel tiempo, el actual juez de la corte mantiene estrechos lazos con el hijo de su colega. Tal es así que, cuando Catalano desembarcó en el máximo tribunal se llevó consigo a Martini, quien pasó a desempeñarse como secretario de la Corte de Justicia. Los lazos familiares de Martini no terminan ahí, pues la esposa del juez también es secretaria de la Corte; y su hermana del es psicóloga laboral del Poder Judicial.
En 2014, sin contar con experiencia como juez y, por tanto, sin haber pasado por grados inferiores, llegó al Tribunal de Instancia Superior, un salto que sólo puede explicarse desde el favoritismo y las prerrogativas de sangre. Cabe resaltar que el magistrado no es hijo de cualquier jueza de corte, sino de quien preside el Consejo de la Magistratura, por lo que cualquier postulante en un concurso debe llevarse necesariamente bien con su progenitora.
La corte, además, goza de facultades extraordinarias como la de sancionar a los magistrados y decidir los recursos económicos y humanos con los que contarán. Estos y otros tantos motivos hacen que, en el sistema actual, sea muy difícil resistirse a presiones o sugerencias por parte del Supremo Tribunal.
En 2018, se crea la Asociación de jueces del Poder Judicial de Salta, superponiéndose al ya existente Colegio de Magistrados y Funcionarios. Martini Bonari fue el primer presidente de la institución que luego sería fuertemente cuestionada por intentar modificar por decreto la cláusula de la Constitución Provincial referida a la duración de los mandatos de los jueces de Corte.
A través de una acción popular de inconstitucionalidad, la Asociación quiso garantizar que los miembros del tribunal sean vitalicios. Al no poder resolver por sí misma, la corte anunció la conformación de un tribunal ad hoc, cuyos miembros (sorpresivamente o no) eran parte de la Asociación de Jueces. El escándalo fue tal que motivó la conformación del FOCIS (Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta), una organización que reúne a juristas de todos los campos y que se opuso de manera férrea al intento de modificación de la Constitución.
Francesas, una herida abierta
A solo dos años de haber asumido en el cargo, Martini Bonari emitió una de las sentencias de mayor impacto y trascendencia de su carrera. Sin contar con pruebas adicionales, revocó el fallo absolutorio de Santos Clemente Vera por el homicidio de la francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier. El jardinero declarado inocente en primera instancia terminó siendo condenado a prisión perpetua en 2016 y pasa sus días en el penal de Villa Las Rosas.
Los motivos pueden inferirse con facilidad. Una de las conclusiones del juicio por los asesinatos de Bouvier y Moumni fue que el doble crimen no pudo haberse cometido sin la participación de dos o más personas. Sin embargo, sólo Gustavo Orlando Lasi fue declarado culpable a pesar de los múltiples intentos por involucrar a los otros dos imputados.
En ese contexto, el encierro de Vera cierra el círculo de impunidad y le da un efecto conclusivo a la causa que repentinamente pasó a tener dos culpables. Se trata, posiblemente, de una de las más grandes injusticias de la historia judicial de Salta.
La única prueba en contra del jardinero, cuyo encarcelamiento cuestionó hasta el padre de una de las víctimas, es una prueba genética que, según el informe pericial, corresponde a su patrilínea. Años más tarde se conoció que, durante la etapa de instrucción, la policía «perdió» el material de la contraprueba de ADN ordenada por la defensa de Vera.
Mamaní, el plantín
En diciembre de 2020, una resolución firmada por Martini dispuso el apartamiento de la fiscal Verónica Simesen de Bielke de las investigaciones por el caso Mamaní. La titular de la fiscalía de DDHH había reunido los elementos suficientes para determinar la responsabilidad del excomisario en el armado de una causa trucha contra un joven de 21 años. Mamaní, que por entonces revistaba en la comisaría de Apolinario Saravia, mantenía un enfrentamiento personal con la familia del joven y decidió involucrarlo en una causa por intento de homicidio. Todo quedó descartado cuando se conocieron grabaciones de cámaras de seguridad que contradecían fuertemente el relato del comisario.
El vergonzoso hecho salió a la luz en julio de ese año y rápidamente se conocieron los vínculos del imputado con la investigación del caso francesas. Mamaní había sido afectado en 2011 a la investigación del doble crimen pese a que, por entonces, prestaba funciones en la División de Delitos contra la Propiedad. Según el relato de Mamaní, el 1 de agosto de 2011 al mediodía encontró «dos plomos desnudos. Uno estaba a simple vista, el segundo debajo de una hoja». Por el lugar habían pasado más de un centenar de personas a lo largo de toda la investigación: peritos, bomberos, policías y hasta el propio juez Martín Pérez. También se realizaron minuciosos rastrillajes con detectores de metales de Gendarmería Nacional que no arrojaron resultado alguno. Todo apunta a que el excomisario condenado a tres años y medio de prisión plantó los proyectiles en el lugar.
Las anomalías del proceso de investigación fueron plasmadas en un detallado informe realizado por el jefe de la Brigada de Investigaciones, Néstor Pícollo, y elevado al juez de Instrucción, Martín Pérez. En noviembre de 2011, Picollo fue hallado con un disparo en la cabeza detrás de la parroquia de Barrio Casino.
Testigo clave: El asesinato de Sarmiento
En octubre de 2013, Luis Sarmiento, uno de los testigos claves en el caso de las francesas, fue asesinado de una puñalada en el barrio San Agustín de San Lorenzo. El homicida, Néstor Fernando Rueda, fue condenado a 14 años de prisión por el hecho. Pero cuatro años más tarde, la Sala I del Tribunal de Impugnación redujo la pena a 10 años.
Entre los jueces que integraban el tribunal estaba Martini Bonari.
«Teniendo en cuenta la naturaleza de la acción realizada por el acusado Rueda en el momento del hecho, el medio que utilizó y el daño causado, todo ello sumado a sus circunstancias personales, se ha estimado pertinente reducir la pena impuesta a diez años de prisión efectiva», puede leerse en el escandaloso fallo.
Según Marcelo Arancibia –el abogado del fallecido Sarmiento– éste tenía previsto declarar en el juicio que la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta había “plantado” un arma en el fondo de la casa de Daniel Octavio Vilte Laxi, uno de los tres hombres que fueron juzgados y que a la postre resultó absuelto. “Sarmiento vio cuando gente de la Brigada cavaba en el fondo de la casa y enterraba el arma”, sostuvo en su momento el letrado Arancibia.
Un hangar para Juan Carlos
Martini, como si todo lo anterior fuera poco, fue quien resolvió junto a Ramón Medina la nulidad en la causa que investiga al ex gobernador Juan Carlos Romero por irregularidades en la entrega de un hangar de Aviación Civil. En pocos días se cumplirán dos años de aquella decisión.
Tanto el actual senador nacional como su hijo, el diputado provincial Juan Esteban, estaban siendo investigados desde 2013 por “defraudación en perjuicio de la administración pública”. El hecho no se presta a muchas confusiones. El exgobernador intentó ceder un hangar de Aviación Civil a su hijo, algo que en cualquier lugar del mundo hubiera terminado con varias personas tras las rejas.
El entonces Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, le atribuyó a Juan Carlos Romero la responsabilidad de la autoría de las negociaciones incompatibles con la función pública. A su hijo, Juan Esteban Romero, el fiscal lo calificó como “coautor por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública”, en su calidad de presidente de Finca La Represa S.A.
La operación “ilícita” según la imputación, se realizó el 2 de noviembre de 2007, a menos de 20 días de que Romero dejara el Gobierno.
