En Salta, los colegios privados no confesionales afrontan enormes dificultades para acceder a subsidios del Estado provincial. Las inequidades se agravan cuando se toman en cuenta los nexos del poder político con algunas instituciones y los múltiples beneficios de los que goza la iglesia católica.
En la provincia de Salta funcionan 174 instituciones educativas privadas a las que asisten alrededor de 80 mil alumnos. 56 de esos colegios no reciben aportes estatales para su funcionamiento. Se trata, en su mayoría, de instituciones no confesionales que dependen exclusivamente del cobro de matrículas. Desde hace años solicitan ingresar al régimen de subvenciones del Estado provincial, tal como lo hicieron numerosas instituciones de fluidos vínculos con el poder político. Sin embargo, el pedido es sistemáticamente rechazado.
La Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEPSA) agrupa a 29 colegios que no reciben ayuda alguna del estado provincial, y a los que asisten cerca de 15 mil estudiantes. Las 1500 fuentes de trabajo que están bajo la órbita de la asociación están en permanente riesgo y no se descarta que algunos establecimientos cierren sus puertas el año que viene. Su titular, Pablo Pereyra, fue una de las voces que se alzó esta semana en reclamo por la igualdad de condiciones en la educación privada.
«Los colegios subvencionados dependían de Nación y había un organismo que se encargaba de regular los subsidios», explicó Pereyra a Cuarto Poder. Más tarde, todos los colegios pasarían a la órbita provincial y sería la provincia la que se encargaría de sostener esos aportes. La gran mayoría eran colegios confesionales que, además, gozaban de exenciones por funcionar en predios del arzobispado, entre otras ayuditas. Las instituciones que nacieron con posterioridad al traspaso -en su mayoría laicas- tuvieron serias dificultades para acceder a los aportes estatales, a excepción de algunas cuyos nexos con el Estado son, hasta el día de hoy, evidentes. Una clara muestra de esto se dio hace algunos días en un acto del exclusivo Uzzi College, del que participaron todos los miembros de la familia Romero. Para el resto, la respuesta siempre fue la misma: No hay presupuesto.
Ayudas millonarias
Para determinar cuánto dinero le corresponde a un colegio en concepto de subsidios, existe una fórmula polinómica aplicada por viejos profesionales que a esta altura resulta obsoleta. Uno de los valores que se toman en cuenta es la planta funcional de la institución. «No todos los colegios reciben lo mismo, pero hay colegios que perciben hasta 6 millones de pesos o más por mes», resalta Pereyra. También existen colegios de cuota cero, pero dependen exclusivamente de las transferencias del Arzobispado.
AEPSA, por su parte, propuso un esquema de valores fijos por alumno, que estaría sujeto también al valor de la cuota. Contrariamente a lo que se cree, los colegios no subvencionados tienen matrículas más accesibles, a excepción de aquellos que brindan alguna asignatura extra. «En su gran mayoría son cuotas más bajas. Si hay algún colegio de cuotas altas es porque tiene doble escolaridad u ofrece otro servicio extra. Pero la característica de nuestros establecimientos es que tienen cuotas más bajas que los subvencionados» añade Pereyra.
Cuestión de costos
En los colegios de gestión privada, los salarios representan el porcentaje mayoritario del esquema de costos. La mayoría de los colegios, además, no son propietarios de los edificios en los que funcionan, por lo que hay que contemplar alquileres y servicios de mantenimiento. A eso deben sumarse otros ítems como: seguros de emergencia, luz, agua y otros servicios adicionales.
El precio de los alquileres depende de la ubicación del edificio. Un alquiler en el centro de la ciudad oscila entre 190 y 240 mil pesos, según el titular de AEPSA, pero hay otros que cuentan con instalaciones más modernas y pueden superar con creces esos valores.
Las negociaciones salariales serán determinantes a la hora de establecer de cuánto será el aumento de las cuotas hacia fin de año. «Todavía no hay una idea del aumento. Queremos informar a las familias este 31 de octubre, pero la variable que define eso es la paritaria docente. Lo que se determine allí, se trasladará a las cuotas en forma de aumento. Este año llegamos a aumentar 80% las cuotas, sin embargo, el aumento salarial fue del 93% con una revisión en noviembre. Nuestras cuotas han quedado atrasadas», destacan desde AEPSA.
¿Subsidiar o aportar?
La Ley Nacional de Educación reconoce cuatro tipos de gestión: estatal, social, cooperativa y privada. La ley habla de «aportes a la gestión privada» (no de subsidios) y dice que son exclusivamente para financiar salarios docentes (no gastos corrientes ni infraestructura). En tanto la educación es básicamente trabajo humano aplicado, los salarios representan el mayor gasto. Sin embargo, las transferencias no son los únicos beneficios que reciben las escuelas privadas por parte del Estado.
La ley habla, además, un «criterio objetivo de justicia social» para asignar aportes a un colegio privado, «teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca». Este aspecto es permanentemente evocado por instituciones religiosas, las cuales presentan sus actividades como «sin fines de lucro» para acceder a exenciones de todo tipo.
El interior y sus desigualdades
Un informe del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) analizó las transferencias a escuelas privadas de las 24 provincias entre 2001 y 2016. Los resultados son contundentes: Más del 70% de las escuelas privadas del país reciben subsidios del Estado. Esa proporción crece si sólo se tiene en cuenta a las escuelas privadas de carácter confesional y desciende si se analiza a los colegios laicos. En algunas provincias, las transferencias a los colegios privados llegan a representar el 20% del gasto total educativo del distrito.
La situación educativa es muy distinta en cada distrito. En la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de la mitad de los alumnos del nivel secundario asisten a la escuela pública y el resto van a la escuela privada, con o sin algún grado de subvención estatal. En Chaco y Formosa, por otra parte, más del 90% de los alumnos del secundario asisten a colegios públicos.
Esto implica, por otro lado, que incluso en distritos con mayor preponderancia de la escuela privada, como Córdoba y CABA, la subvención alcanza a casi la totalidad de los alumnos, ya que más del 90% de los alumnos de estas jurisdicciones asisten a la escuela pública o a escuelas privadas con subvención total o parcial.
