Los abusos de poder los ejercen los superiores en un 51,9% de los casos, en segundo lugar, los sacerdotes con un 34,2%, seguidos de los formadores con un 23,1% y por último los obispos con un 10%.
Por Andrea Sztychmasjter
Mientras en Salta lxs abogadxs de las monjas Carmelitas descalzas pidieron que el Arzobispo Cargnello, el cura Lucio Ajalla, el obispo emérito Martín de Elizalde, y el juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval se capaciten en la Ley Micaela en el marco de la investigación de las denuncias por violencias de género, económica y psicológica que efectuaran las monjas contra los religiosos y mientras organizaciones feministas salteñas, tucumanas y latinoamericanas presentaron Amicus Curiae para acompañar a las monjas en la causa, se siguen vislumbrando hechos de violencias dentro de las instituciones.
La Unidad de Delitos Económicos de Salta continúa la investigación sobre la economía del Convento San Bernardo y tienen el ojo puesto especialmente en los administradores del monasterio. Por otro lado, el Colegio de Abogados no autorizó al Instituto Jurídico con perspectiva de género de la institución que se presenten como amicus en la causa, por lo que sus integrantes tuvieron que hacerlo con el aval de otras organizaciones.
El Colegio se escudó en la resolución Nº 012/2022,-emitida después de la presentación de abogadas- según la cual «la intervención de la Institución bajo la figura de amicus curiae se limita exclusivamente a los casos de femicidio o aquellos en que intervengan como parte denunciante un abogado o abogada.» Sobre esa resolución las abogadas del Instituto de Género presentación una apelación, aun sin respuestas.
En un comunicado el Arzobispo de Salta dispuso y habilitó que el próximo 10 de diciembre se realice la Misa en la ermita del cerro “designándose al efecto a quien presidirá dicha celebración”.
Violencias religiosas
Una investigación realizada por la Comisión de Atención y Protección a la Niñez, Adolescencia y Adultos Vulnerables de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR) detalló que el 55,2% de las religiosas de América Latina y el Caribe sufrieron abusos de poder dentro de la vida religiosa.
La encuesta anónima fue respondida por 1.417 hermanas de 23 países de América Latina y el Caribe. Los resultados se publican en el libro titulado «Vulnerabilidad, abusos y tratos en la vida religiosa de las mujeres”.
En cuanto al acoso sexual, el 14,3% de las monjas afirma haber sido acosada por un sacerdote, el 9,7% por laicos y el 8% por otros religiosos. En relación a los abusos sexuales genuinos, el 19,8% de las monjas afirma haber sido víctima de esta conducta.
También indaga sobre el acoso espiritual y aunque el 61 por ciento aseguró que no existe tal cosa, el 30 por ciento dijo no sólo que existe, sino que además los sufrió.
La hermana Liliana Franco, presidenta de la CLAR, dijo que la elaboración del libro representa el último paso de un proceso que es fruto de la “conciencia de la dimensión profética de la vida consagrada”. Esto implica aceptar que existen “modalidades relacionales alejadas de la voluntad de Dios que generan abuso de poder, abuso de conciencia y abuso sexual”. Corresponde a los mismos religiosos y religiosas sacar a la luz esta realidad, «ponerle un nombre, para seguir caminos de justicia, de reparación».
Los abusos en la iglesia siguen
Según una reciente investigación publicada por el medio el diario.ar son 128 los sacerdotes, monjas y religiosos de la Iglesia católica que fueron involucrados en casos de abuso sexual en nuestro país y sólo 31 miembros de la Iglesia recibieron una condena judicial, uno poco más del 24 por ciento. La expulsión del sacerdocio, máxima pena de la justicia canónica, fue impuesta a 28 sacerdotes, alrededor del 21 por ciento.
Aunque la investigación señala que “hasta el momento ninguna monja fue sancionada y sólo cuatro enfrentan un proceso judicial”, en Salta el caso de la ex monja Valeria Zarza denunciante del ahora condenado cura Agustín Rosa Torino es la muestra de la persecución católica y judicial contra quienes se animan a denunciar. Zarza enfrentó un juicio y fue estigmatizada después de denunciar a Torino. Luego del proceso judicial fue absuelta de los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante continuado, en concurso real, por los que llegó requerida a juicio, por no mediar acusación fiscal.
En Argentina la lista publicada en 2017 por la agencia Télam fue la primera que dio a conocer el mapa del abuso eclesiástico y que determinó que 59 curas y 3 monjas habían sido denunciados por delitos sexuales luego del caso Grassi.
