Una mezcla de frustración y enojo que viene creciendo es el que se ubica en el seno de las fuerzas de seguridad, ante la incertidumbre por la falta de novedades para un centenar de policías retirados. Este fin de semana, “Cuarto Poder” registró numerosos testimonios que plantearon esta inquietud, en vistas que el Ejecutivo provincial anunció que para lo que correspondía al mes de marzo dejaría impagos los $ 20.000 que debía percibir este sector de los uniformados.
Este centenar de personal retirado, en su mayoría quedó en este limbo luego de haber tenido alguna lesión en cumplimiento de su servicio, pero que quedó a mitad de camino porque el Ejecutivo provincial aún no giró los expedientes a ANSES para hacer cobro desde ahí a este salario. Las principales diatribas fueron direccionadas hacia la Jefa de Policía, Norma Morales, a quien se le achacó haber ordenado la suspensión del “pago de sueldo a retirados”, agravado porque tampoco se le dio el alta en el organismo previsional para percibir dicho haber.
Por ello, le cuestionaron a la comandante de esta fuerza de seguridad dejar a la intemperie a muchos jefes y jefas de familia, que en su mayoría “se accidentaron en y por acto de servicio”. Junto con este reclamo global, en la faz operativa también hubo pullas hacia Morales, luego de haber dictado esta resolución que dejó sin pagos a los retirados de manera ilegal, ya que se antedató hacia el 1 de marzo pasado y llevó fecha de 30 de marzo. Es decir, al lunes pasado.
“Arbitrario e inhumano por donde se lo mire”, le dijeron fuentes del sector policial a este medio de prensa. Un expediente que llegó hasta nuestra mesa de trabajo permitió ratificar que a una oficial se le dio de baja en cuanto al cobro de haberes y se le informó que podría “interponer reclamos de conformidad al artículo 67 y subsiguientes del Decreto 1490/14” para lo cual emplazó a hacerlo desde el día siguiente a tal notificación. O sea, hace menos de 72 horas.
La situación paradójica que generaron estas resoluciones en el ámbito interno de la Policía de Salta se produjeron al tener en plena vigencia un Decreto de Necesidad y Urgencia nacional que prohíbe los despidos y cesantías. Además, un reciente compromiso provincial explicado por el Secretario de Trabajo provincial, Alfredo Batule, de “garantizar los puestos de trabajo de los salteños como así también los pagos correspondientes” de sus haberes.
