La sustracción de 20 millones de pesos de los aposentos del ex secretario legislativo «Pepe» Alfieri encendió la alarma entre los antiguos ocupantes de Mitre 550.
A varias horas de haberse consumado el robo de $20 millones en moneda extranjera al ex secretario administrativo de la cámara baja y mano derecha de Manuel Santiago Godoy, los partes policiales brillan por su ausencia. Lo que no escasean son los rumores y entredichos que ponen la mira en el origen de la pasta y los vínculos del infortunado con el poder político legislativo.
Al momento, los relatos extraoficiales indican que el ex funcionario legislativo y economista José «pepe» Alfieri fue víctima de un asalto con tintes peliculescos en su domicilio de B° 20 de febrero, de donde se llevaron un botín cercano a los 20 millones de pesos nominados en dólares y euros. El damnificado alegó que se trataba de sus «ahorros».
Alfieri estuvo al frente de la Secretaría Administrativa de la cámara baja hasta diciembre pasado, cuando culminó la presidencia del diputado Manuel Santiago Godoy. Ambos supieron surfear muy bien la ola cada vez que se le requirieron detalles respecto de la dimensión desconocida de las «gastos reservados». Más bien, el presupuesto legislativo en su conjunto -en 2019 fue de $1.208.933.010, lo que implica que cada legislador costó $14,5 millones a la provincia- aparece como un espectro difícil de fiscalizar.
El ítem «Gastos reservados» fue eliminado de la norma presupuestaria en el año 1997, y desde entonces, el poder legislativo no puede echar mano de manera discrecional a buena parte de los fondos que envía el ejecutivo provincial. Hasta ahí lo escrito. No obstante, hay algunas mañas que nunca se pierden. Las partidas no dejaron de enviarse desde aquel año, sino que fueron distribuidas en otros rubros, lo que hizo aún más difícil su control.
Pasajes de avión, estadías, viajes al extranjero, alquileres, servicios de catering, eventos, absolutamente todo puede ingresar en el triángulo de las bermudas de los «gastos reservados». Los años «indios» aportaron al historial legislativo una larga lista de operaciones complejas de justificar como: nombramientos a dedo y cuantiosos sueldos a cargo del erario público, algunos en expresa incompatibilidad con otros cargos dentro de la función pública. Más allá del desbarajuste, tales movimientos financieros no serían mucho más que la punta del iceberg.
¿Cómo es que, por mucho menos, municipios y otras dependencias provinciales afrontan rigurosas auditorías y la legislatura no levantó ni sospechas en toda la era india? Los dieciséis años de Manuel Santiago Godoy al frente de la presidencia de la cámara de diputados le prohíben alegar desconocimiento o ligereza ante semejantes anomalías.
