Tras la revelación de Cuarto Poder sobre un nuevo caso vínculos familiares en una selección del Consejo de la Magistratura, entre la consejera Rodríguez y el abogado Petersen, el presidente de la entidad dialogó en exclusiva para justificar el asunto y opinar que no debe reformarse la constitución provincial. (Milcíades)
Luego de que Cuarto Poder publicara dos artículos sobre la terna que elevó el Consejo de la Magistratura (CdM) al Ejecutivo provincial para la vacante de Juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en el Distrito Judicial Centro, el presidente del organismo, Abel Cornejo, dialogó con este semanario al respecto del proceso de evaluación y selección. Presentamos en estas líneas sus explicaciones.
Pero antes de continuar, como ayuda memoria ofrezcamos un repaso sobre el caso que nos interesa. La terna presentada por el CdM al Poder Ejecutivo está conformada por lxs abogadxs Ricardo Pedro Lucatti, Sergio Petersen y Alejandra Salim. Pocas céntimas de diferencia obtuvieron entre uno y otro en los resultados de las evaluaciones escritas. Hasta aquí todo parece normal. Pero como ocurre con frecuencia en el sistema de evaluación y selección de magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios menores del Ministerio Público, entre lxs evaluadorxs y lxs evaluadxs suelen haber conexiones y relaciones políticas, que según sean sus pesos relativos y cómo las dispongan cada uno de los bandos en sus enfrentamientos internos, lograrán inclinar la balanza para uno u otro lado.
En la terna que pusimos sobre la lupa la más evidente de las contradicciones era la que relacionaba políticamente al abogado Sergio Petersen —un concursante— con la consejera de la Magistratura y Camarista Civil, Adriana Rodríguez. Pero la abogada Salim, otra de las ternadas, según una fuente de Cuarto Poder, también tendría su respaldo de la mano de cierto diputado provincial del otrora Frente Romero+Olmedo, alineado en el bloque Un Cambio para Salta, casado con una exjueza de Corte. Detalles menores.
A esta altura, el equilibrio republicano que puede llegar a representar la potestad constitucional del Poder Ejecutivo que selecciona a unx de lxs ternadxs es, de mínima, cuestionable. Como ya se reseñó en artículos anteriores, son numerosos los casos escandalosos, anti-éticos, que se repiten en el seno del Poder Judicial y en sus ramificaciones. Por eso, si el problema solo es ético, aplica el refrán popular: mal de muchos, consuelo de…
Realizamos algunas preguntas al juez de la Corte, Abel Cornejo. Esto fue lo que nos contestó:
¿Cómo va a seguir este proceso de evaluación? ¿La decisión del Consejo de la Magistratura ya es inamovible?
El escándalo fue la persona que copiaba, ¿no? (Se refiere a Alfredo Alejo, que participó del mismo concurso y utilizó en la primera evaluación su celular para “machetearse”. El caso se hizo conocido a nivel nacional). Porque los concursantes tienen un período para recusar a los consejeros, así como los consejeros tienen un período para excusarse, siendo un cuerpo plural, tenemos un serio inconveniente legal que es que no se estableció en la ley 7016 un mecanismo de subrogancia de los consejeros. Entonces, cada titular tiene un suplente, en Salta está previsto que puedan actuar titulares y suplentes a diferencia de Nación, o sea que el Consejo se puede integrar por consejeros titulares y/o suplentes, pero por fuera de eso no hay una nómina a la cual se pueda llamar, como existe en el caso de los jueces. La terna, a mí forma de ver, no tiene ningún tipo de anomalía, se puede coincidir o no en quiénes fueron los seleccionados, pero quien termina decidiendo después de la terna elevada es el Poder Ejecutivo, elige uno de los tres, está dentro de las facultades constitucionales del Ejecutivo.
¿Por qué cree que la camarista Rodríguez no se excusó, siendo que Petersen sí lo hizo en 2014 cuando era Consejero y la doctora se postulaba para la vacante que ocupa actualmente?
Eso depende de cada consejero, no puedo responder sobre los procederes que adopten otros consejeros, cada consejero es soberano para decidir por sí mismo que es lo que va a hacer respecto de cada examen, y si siente que tiene imparcialidad o no. Hay que recordar que el Consejo de la Magistratura es un órgano administrativo, no jurisdiccional, en lo cual hay una diferencia importante porque no es lo mismo en un órgano jurisdiccional las exigencias respecto de las excusaciones y recusaciones, que son mayores. Y por otro lado, yo insisto en que hay un vacío legal respecto de la subrogancia, porque también al no haberse previsto un mecanismo de subrogancia que permita más personas en una lista por cada uno de los consejeros por cada estamento que representa, se vuelve más difícil. También hay que aclarar otra cosa respecto de este caso puntual. Es cierta la relación de parentesco político que existe entre la consejera Rodríguez y el doctor Petersen, pero el doctor Petersen integró también listas del Colegio de Abogados del oficialismo actual, sino quedaría también sin posibilidades de concursar, y no existe un impedimento legal en ese sentido, en la 7016… es una de las cosas a reformar en el Consejo en el futuro.
¿Qué sería necesario reformar para mejorar los procesos de evaluación y selección? ¿Algunos ejemplos?
Para mí dos cosas que son urgentes. Una el tema de los consultores técnicos, y por otra parte establecer un régimen de subrogancia por estamento. Es decir que hay un estamento del Poder Judicial, otro de abogados, otro de diputados, otro del Ministerio Público y otro de la Corte, habiendo un titular y un suplente, es muy poco, por lo menos tendría que haber tres suplentes, lo que permitiría garantizar el quórum del Consejo y una mayor variabilidad en su composición. La crítica que tengo hacia el Consejo que hago siempre, es que lo ideal sería que participe gente en los procesos de selección, o sea ciudadanos comunes, que puedan estar sentados ahí observando algunas cosas. Por ley se podría invitar a personas como también a ONG’s para que participen como veedoras en el proceso de evaluación y selección de jueces. Para dar mayor participación, porque sino están únicamente los concursantes y los consejeros, que son grabados, pero no hay participación ciudadana.
¿Y qué le parece la discusión sobre la reforma de la constitución provincial? ¿Usted tiene acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo con que se reforme la constitución provincial, porque me parece que hay cambios muy importantes que se están produciendo en la sociedad, y la gente que tiene que cambiar la constitución tiene que ser de otra generación diferente a la mía. (A.C.)
Yo no estoy de acuerdo con que se reforme la constitución provincial, porque me parece que hay cambios muy importantes que se están produciendo en la sociedad, y la gente que tiene que cambiar la constitución tiene que ser de otra generación diferente a la mía. Ahora hay muchos colectivos que se están expresando, que antes no existían o ahora han empezado a expresarse, por ejemplo, en el caso que se debatió recientemente en el Congreso de la Nación, con la ley de despenalización del aborto, ahí claramente se manifestó que hay un sector de la sociedad representado mayoritariamente por la juventud y que tiene ideas diferentes, ideas nuevas, de quiénes ya antes reformaron dos o tres veces la constitución de la provincia. Y si es el tema de los mandatos, podría haber un acuerdo político, donde se sancione una ley que acorte los mandatos, pero para eso no hace falta reformar la constitución. Mientras tanto, los cambios en el Consejo de la Magistratura se pueden hacer a través de una reforma de ley, sin necesidad de tocar la constitución. En realidad en el Consejo de la Magistratura lo que hay que ponerse de acuerdo es en respetar determinados procesos de selección necesarios para que haya una mejor justicia. Por ejemplo, hay una diferencia abismal entre la cantidad de concursantes que se presentan para el distrito judicial del Centro, que los que se presentan para sedes en el interior. En todo caso, habría que tratar de lograr que exista un incentivo por radicación, para que abogados que tienen los requisitos legales, por jóvenes que sean, puedan ir a concursar cargos en mayor cantidad que los que se concursan ahora. Todo esto se puede discutir y llevar adelante, pero sin necesidad de reformar la constitución provincial. Insisto, tiene que venir una nueva generación que tenga ya un pensamiento mucho más moderno institucionalmente y que discuta lo que necesita reformar, sin urgencias políticas, porque tampoco podemos ir a reformar una constitución cuando el año que viene hay elecciones de las mayores autoridades de la provincia.
