Luego que vecinos de Alto La Sierra denunciaran que los acusados por la violación en banda de una niña wichí no cumplían la prisión preventiva, informaron que serán trasladados a la Alcaidía de Tartagal. El “chineo” y la doble violencia de niñas y mujeres de comunidades originarias. (Andrea Sztychmasjter)
El pasado 3 de junio, al realizarse una nueva marcha nacional para decir basta de violencias contra las mujeres, las organizaciones convocantes elaboraron un documento donde consignaron diversas responsabilidades estatales. El caso de la niña wichi -Juana, como mediáticamente se lo conoció- ocupó líneas del documento porque fue la muestra cabal de las irresponsabilidades de los encargados de efectuar justicia en una provincia que dice luchar organizadamente por esta problemática. Salta fue así reconocida otra vez a nivel país por vulnerar los derechos humanos y femeninos.
“Desde 1921 existen supuestos de aborto legal en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que recordarlo hace 5 años, sin embargo historias como las de Juana, la niña Wichi violentada sexualmente en Salta, a quien le negaron el derecho al aborto, le ponen cuerpo a la revictimización y nos muestran que siguen atrasando un siglo”, reflejó aquel documento.
Este caso como tantos otros, quedará en la memoria del movimiento de mujeres de este país como el fiel reflejo de la doble violencia que sufren mujeres y niñas de comunidades originarias. Fue la abogada Mónica Menini quien relató que la niña jamás tuvo posibilidad de ir al colegio, como así tampoco su madre: “Los padres denuncian la violación, pero nunca más nadie se acercó. No tuvo ni tiene abogados, no accedió a la pastilla del día después, no le informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel porque no había ningún traductor wichi en toda la provincia. La salud pública no existió y el Estado tampoco”, explicó la abogada.
Hoy, a dos años, el caso vuelve a ilustrarnos la burocracia y lentitud judicial en Salta. Recordemos que por la violación en banda están acusados nueve hombres, seis de los cuales tienen prisión preventiva. Ahora según afirmaron testigos de la comunidad -entre los que se encuentran el cacique Asencio Pérez y el periodista de Santa Victoria Este, Brian Salazar- vieron en libertad a Luis Fernando Lamas, Pantaleón Javier Mansilla, y Juan Domingo Verón, tres de los imputados con prisión preventiva. Los otros detenidos son Omar Alcides Arias y Sebastián Matías Salvatierra.
En marzo de este año el fiscal Penal número 2 de Tartagal, Pablo Cabot confirmó la captura de Jorge Gabriel Sala, el único que se mantenía prófugo. Según el letrado, en ese momento no pudo ser imputado dado que las condiciones climáticas impedían el traslado desde la localidad donde fue detenido, hasta Tartagal. Además hay tres menores imputados en la causa que ya fue elevada a juicio por el juez de Tartagal Mariscal Astigueta.
El cacique de la comunidad wichi de Alto La Sierra afirmó que, entre otras irregularidades, “los policías comen asado en la casa de los presos”. Cansado de que la justicia ni siquiera pestañee, decidió denunciar públicamente que hoy los violadores están libres.
Este viernes la abogada comunicó que después de la denuncia pública el Cacique Asensio Pérez le informó que todos los detenidos por el caso de violación en Alto La Sierra serán trasladados a la Alcaidía de Tartagal y los menores al Centro de Protección juvenil de Tartagal.
Estado ausente
Mónica Menini señaló a este medio que fue el cacique quien anotició sobre la situación de libertad de los imputados y que inmediatamente se comunicaron con la Defensora en Violencia de Género del Ministerio Público de Tartagal, Valeria Magadan, quien les aseguró que iba a hablar con el fiscal.
“Ella tiene un poder anterior al nuestro para la defensa. Nosotras evaluamos junto con la Defensoría General de la Nación que también tiene poder, que si nos presentábamos formalmente hacíamos caer ese poder de la defensora en violencia de género que tiene despacho en Tartagal y que lo mejor es acompañar a la familia y a la comunidad. De allí que con la Dra. Magadan hablamos cuando el cacique nos comunicó la situación. Ellos tienen un problema con este accionar de la Policía de Santa Victoria, pues la policía es agente de la justicia y por eso decimos que a quien la policía se le va de las manos, es al poder político o sea al ministro”, describió Menini.
Mónica recordó el terrible caso de la niña a quien “arrastraron, la violaron en banda, la dejaron tirada, quedó embarazada producto de la violación y siete meses después de llevar adelante un embarazo anencefálico recién se hizo cargo el estado salteño de ocuparse de su salud. Durante 12 años no tuvo diagnóstico, ni tratamiento de su discapacidad, tampoco certificado de discapacidad”.
La letrada recordó además que desde la violación y hasta los siete meses, el Diputado del departamento, Ramón Villa, pidió ayuda al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia a cargo de Pamela Calletti, quien apareció recién cuando el caso había alcanzado niveles de movilización nacional.
“Hace tiempo que quienes están con prisión preventiva caminan por la calle burlándose de las víctimas y todo el pueblo wichi. Las Comisarias de Santa Victoria y Alto La Sierra ya tienen llamados de atención por parte de la Fiscalía por causas similares. Es una práctica común, no es la primera vez, no es el primer caso. La Policía es una fuerza que no se le puede ir de las manos al poder político. El Ministro de Seguridad de la Provincia es responsable del accionar de la Policía y tiene no sólo facultades sino presupuesto otorgado por ley para cumplir con esas responsabilidades”, manifestó la letrada del Foro de Mujeres por la Igualdad de oportunidades. Y se preguntó “¿Hasta cuándo piensan seguir considerando ‘cultural’ lo que sucede en esa parte de nuestra provincia?”.
El “Chineo”
¿Cuál es la matriz racista, sexista y machista por la cual el “chineo” sigue presente aun hoy en provincias argentinas con comunidades originarias?
El “chineo” no es una práctica desconocida por los efectores de justicia. Un juez de casación la definió así en un fallo del año 2008: “Se sabe que el llamado ‘chineo’ es una pauta cultural de nuestro oeste provincial. Se trata de jóvenes criollos que salen a buscar ‘chinitas’ (aborígenes niñas o adolescentes) a las que persiguen y toman sexualmente por la fuerza. Se trata de una pauta cultural tan internalizada que es vista como un juego juvenil y no como una actividad, no ya delictiva, sino denigrante para las víctimas”.
Queda expuesto que los propios hombres de la justicia son quienes definen a este delito desde una matriz cultural.
“Es de suma gravedad que abogados defensores de los agresores, y hasta magistrados, hagan un ejercicio ilegítimo y hasta ilegal de la antropología cuando intentan recurrir a ‘la costumbre’ o a la ‘cultura’ para justificar o ‘atenuar’ un delito y una práctica aberrante que contiene agravantes discriminatorios de género, etnia, edad y condición socioeconómica, por lo menos”, describió la antropóloga social Ana González y agregamos que pese a la escasa investigación sobre el “chineo”, es una práctica que debe ser urgentemente visibilizada.
