Una auditoría sobre la sociedad estatal Complejo Teleférico Salta delata conculcaciones en las contrataciones y compras realizadas por la administración. El directorio ni siquiera tiene documentación sobre algunos manejos de fondos. (Franco Hessling)
Cada unidad del teleférico es un cubículo flotante en el que caben unas cuatro personas y que viaja pendiendo de un cable reforzado, siempre recorriendo el mismo trazado entre el parque San Martín y el cerro San Bernardo. En los momentos en que las nubes se abroquelan y los cubículos pasan por los sostenes que aparecen en el recorrido aéreo cada cierta cantidad de metros, la luz escasea y, pese a los ventanales, las unidades se tornan cajas negras por unos instantes. Todavía con menos iluminación, las finanzas de la sociedad del estado Complejo Teleférico Salta se mantienen en las tinieblas según indica el último informe emitido por la Auditoría General de la Provincia (AGP).
Si bien la auditoría se publicó en mayo pasado, está basada en el ejercicio 2014 de la administración del teleférico aunque el informe devela una rara forma de “administración”. Los apuntalamientos sobre las contrataciones, licitaciones y registros contables van en un mismo sentido: no hay un acopio organizado de la documentación sobre cómo se manejaron los fondos, incluso se violaron leyes en algunos contratos y se empleó a privados que no estaban registrados en la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia (UCC).
En las primeras líneas de la auditoría se hace una salvedad sobre las limitaciones del material analizado. Al no haber registro de las compras que en los hechos son visibles, la AGP, en términos de papeles, no puede tomarlos en cuenta para su análisis: “La Sociedad del Estado Complejo Teleférico Salta no planifica sus compras ni las enumera, por lo tanto no se puede conocer la cantidad total de contrataciones realizadas en el período (año 2014), entonces la labor de auditoría quedó limitada a la evaluación de las contrataciones informadas por el ente en sus listados”, explican los técnicos designados por el órgano de control.
La AGP le recomienda a la administración de la sociedad del estado (un directorio designado por el gobierno salteño) “elaborar el programa anual de contrataciones, conforme lo establece el artículo cuarto de la Ley provincial 6.838”, que todavía rige el sistema de contrataciones de la Provincia. Este año, el Ejecutivo presentó una propuesta en la Legislatura para modificar el sistema facilitando mecanismos para el sobreprecio y dejando vacíos sobre montos mínimos para que licitar sea obligatorio. Por estos días, el proyecto de ley forma parte de las discusiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, es probable que se trate en el reciento en la segunda mitad del año. Por lo pronto, el sistema que rige es el de la Ley 6.838, que vio luz en 1996.
El teleférico presentó una gestión sórdida, con más oscuros que claros, aun traspasando el límite de lo legal en varias ocasiones. El directorio no solamente omitió elaborar un programa anual de contrataciones, tal como establece la ley, sino que tampoco llevó “registros de contabilidad presupuestaria, lo que implica incumplimiento a las pautas técnicas aplicables a todo el sector público en lo que respecta a las etapas de registración del gasto y de los recursos” (Sic).
Por si lo dicho hasta aquí no bastara, la AGP añade que “en las actuaciones correspondientes a las contrataciones directas, no consta la verificación de saldo disponible en las correspondientes partidas presupuestarias y el registro de la afectación preventiva”. Es decir, no se conoce a ciencia cierta el destino de algunos dineros administrados por el directorio de la Sociedad del Estado.
Las violaciones a los procedimientos establecidos a través del sistema de contrataciones no culminan en lo hasta aquí enumerado: “Existen contrataciones directas en las que se procede a seleccionar al proveedor siguiendo el procedimiento de contratación con precio testigo o libre elección por negociación directa, sin dejar constancia del encuadre legal y de los fundamentos seguidos para tal elección”.
Limpiaculo de oro
La observación 5.5.a de la auditoría lleva al ridículo el desorden -digámosle desorden- en el manejo de los fondos en la posta que enlaza un terruño del parque San Martín con el pináculo del San Bernardo. El inciso dice textualmente: “En las siguientes actuaciones no consta el visto bueno de la autoridad competente para iniciar el proceso de contratación previsto en el artículo quinto de la Ley 6.838”. Sin embargo la AGP comprueba que las compras se hicieron igualmente, sin autorización.
Las actuaciones a las que hace referencia son dos, por una parte la contratación de un servicio de catering a un prestador no registrado entre los habilitados por la UCC de la Provincia, Osvaldo López, por un valor de 23.290 pesos. Lo curioso se presenta con la compra de papel higiénico, la segunda actuación enfocada por la observación 5.5.a: en la adquisición cuestionada -no necesariamente la única que se hizo en el año- se gastaron 23.161 pesos en papel higiénico. A valores de 2014, son millas y millas de rollo en una apropiación efectuada por fuera de los márgenes legales.
El manejo
El trabajo de campo de la auditoría concluyó en agosto del año pasado, a principios del que estamos transcurriendo se elevó un informe provisorio al directorio del Complejo Teleférico Salta. Según consta en el informe definitivo publicado un par de meses después, en los albores de este año los administradores de la empresa respondieron vía notificación algunas de las observaciones planteadas en el documento provisional. Pese a la respuesta, las justificaciones de la Sociedad del Estado parecen haber sido insolventes ya que la auditoría final no enuncia ninguno de los fundamentos del directorio; se limita a mencionar que se dieron por notificados y contestaron el informe provisorio.
Tanto en 2014 como en la actualidad, el presidente del Complejo Teleférico Salta es Martín Víctor Miranda. Por aquel entonces, la vicepresidencia estaba en manos de Martín Coraita y como directora titular fungía Mirta Cancinos. Desde que la empresa volvió a constituirse como una Sociedad del Estado luego de ser disuelta en 2007, el 4 de noviembre de 2010, el Ministerio de Cultura y Turismo se hace cargo de asignar a los miembros del directorio. Es bajo la órbita de la cartera de Mariano Ovejero, quien sonara tibiamente como candidato a principios de año, que la administración del paseo presentó estos manejos contables enlodados.
