Con una orden de la Unidad Fiscal Salta, Gendarmería Nacional allanó durante las últimas horas importantes «objetivos» en el norte de la provincia. Uno de ellos fue la delegación de la Policía Federal en la ciudad norteña de San Ramón de la Nueva Orán, donde dos agentes fueron detenidos bajo la figura de prisión preventiva. Y otros dos demorados y posteriormente liberados, no pueden irse de la localidad.
Inicialmente la investigación tomó estado público porque dos federales quisieron –en pleno aislamiento sanitario y obligatorio– robarle mercadería y dinero a un comerciante. Lo cierto es que la delegación viene siendo observada por la Justicia hace tiempo. Y si bien la investigación se encuentra en un punto crucial hay datos que son claves: agentes federales asignados en esta dependencia viajaban sin autorización a Bolivia, también a Formosa.
De hecho, se los acusa por “los delitos de asociación ilícita, concusión, robo, abuso de autoridad y tráfico de estupefacientes”, según informaron oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). En esa línea, tal como informaron fuentes judiciales, llamó fuertemente la atención que en esa zona la Policía Federal no tenía investigaciones conducentes en curso.
Al respecto, el fiscal Villalba –titular de la Unidad Fiscal Salta– aseguró sobre los detenidos: “Se trata de efectivos cuya foja de servicio evidencia una evidente inactividad en materia investigativa, aunque sí una rapidez para delinquir aprovechándose de la función pública en ellos confiada por los vecinos de Orán”.
Los viajes a Bolivia y Formosa son una pista clave porque en la delegación allanada hay al menos 70 policías –inactivos según la Justicia– y ahora van tras una pregunta: si los agentes de la PFA y sus jefes no perseguían delincuentes, ¿qué estaban haciendo allí?
Se trata de una región fuertemente afectada por el abandono estatal. Allí, durante 12 años, el ex fiscal federal Raúl Reynoso dirigió una asociación ilícita que otorgaba beneficios judiciales a traficantes de cocaína a cambio de sobornos.
Denuncias de comerciantes
Toda la investigación comenzó tras la denuncia de un comerciante de Orán que aseguró haber sido emboscado; dijo que le robaron 54 kilos de hojas de coca y dinero en efectivo. Señaló a los policías como responsables. Y, si bien se trata de cuatro agentes que estarían involucrados inicialmente, la Justicia federal analiza las fojas de servicio de los 70 policías de la Unidad de frontera.
El informe oficial del MPF indicó que la emboscada se desarrolló «en cercanías a un corralón de esa ciudad, lugar al que el comerciante llegó con una suma de dinero de 50 mil pesos”. Uno de los acusados, quien se movía en su camioneta, apareció y ascendió al rodado del denunciante con una mochila donde supuestamente llevaba el dinero para concretar la operación.
Se inició como contrapartida una segunda investigación para saber a quién respondían estos efectivos acusados de fraguar operativos, efectuar robos y también de estar vinculados con movimientos de tráfico de drogas. Por el momento los agentes identificados son Helvio Rodríguez Reyes, Gonzalo Damián Díaz, Robinson Orellana y Nicolás Rivero. Los allanamientos se realizaron en la dependencia de la PFA pero también en la casa de los acusados.
Dos de ellos están detenidos preventivamente, y otros dos quedaron vinculados al proceso sin poder salir de Orán. La acusación concreta es por robo, abuso de autoridad, asociación ilícita y tráfico de estupefacientes.
Más allá de este hecho, desde hace tiempo la Justicia federal investiga en Orán al menos a cinco bandas dedicadas al narcomenudeo que por su zona de acción buscan intervenir en las principales rutas del tráfico. De hecho, uno de los líderes criminales más pesados de la ciudad manejaba envíos de drogas y sicarios desde una cárcel federal. La problemática del narcotráfico se agrava en Orán, donde la herencia de corrupción del ex juez Reynoso quien generó la propagación de nuevos grupos delictivos.
