Esta semana se confirmó el primer caso de COVID- 19 positivo dentro de la cárcel de Florencio Varela de Argentina despertando una ola de violencia en cárceles del país. En la cárcel N° 10 de Melchor Romero de la Plata se produjo una toma de rehenes y en la unidad N°1 de Corrientes se produjo un enfrentamiento entre detenidos y guardias que tuvo como resultado un muerto y catorce heridos. En Salta, las personas privadas de su libertad enviaron una carta solicitando mayores condiciones de salubridad y prisión domiciliaria para aquellos que están por alcanzar su condena. (Por Guadalupe Macedo)

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las cárceles de argentinas se encontraron convulsionadas por el doble aislamiento social en el que viven, ya que restringieron visitas, sectores de educación, trabajo y esparcimiento a los que estaban habituados.  Las malas condiciones que existen en contextos de privación de libertad se ven agravadas en este contexto de pandemia. Hay una ausencia del estado, a pesar de las recomendaciones de instituciones que se encargan de la defensa de los derechos humanos en estos contextos como CELS Centro de Estudios Legales y Sociales, y Pensamiento penal, entre otras, no tomaron medidas para evitar los contagios dentro de las unidades penales.

¿Qué implica el encierro dentro del encierro?

En las cárceles existe violencia y es importante destacarlo en esta emergencia sanitaria ya que la sobrepoblación y sus consecuencias como el hacinamiento. Los principales problemas que se vive es la mala alimentación, “la comida no llega o llega como no debería llegar” según la encuesta realizada por ACIFaD. Si la alimentación no llega, quiere decir que otros insumos básicos para la vida tampoco son suministrados como la vestimenta e insumos de limpieza, por lo que deben estar a cargo de la familia de los y las presas. Este motivo hace que las visitas sean algo esencial para estas personas ya que son los familiares los que le proveen de insumos básicos para la vida diaria. Otra problemática es la disminución al acceso a los derechos humanos como a la educación, al trabajo, la recreación, la salud y la pérdida del derecho a la intimidad y el pudor.

Esto lleva a pensar la violencia penitenciaria desde el personal penitenciario y desde los mismos internos que se manifiesta de manera física, de manera instrumental, psicológica y comunicacional condicionando el acceso a los derechos humanos, dejando en último lugar el cuidado del ambiente a través de la limpieza y el cuidado de la salud. Esta realidad no permite que se lleven a cabo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el estado nacional, convirtiéndose en un lugar propicio para el contagio.

La sobrepoblación que existe en todas las cárceles del país convierte a esta institución en un espacio inhumano. “Hoy en día la tasa de encarcelamiento en la Argentina es una de las más altas de la región: 213 personas detenidas cada 100.000 habitantes” según Esteban Rodríguez Alzueta investigador de UNQ de cárceles y seguridad. Siendo una de las tasas de encarcelamiento más altas de Latinoamérica. Las condiciones actuales en las que viven hacen imposible aplicar las medidas de aislamiento propuestas por el gobierno nacional dentro de las cárceles, por lo que el contagio puede ser veloz ya que las medidas de salubridad son casi nulas dada por la sobrepoblación, la falta de insumos de limpieza, la falta de control de plagas. Estas condiciones llevaron a que presos y presas de diferentes puntos del país reclamen que se hagan efectivas las medidas dispuestas por la Cámara Federal de Casación quien ordenó a todos los tribunales inferiores “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo”.

La violencia existente dentro de las cárceles es un recurso fundamental cuando se quiere procesar rápidamente los reclamos ya que no tienen respuestas por parte de los jueces. La violencia se convierte en un recurso de los presos para poder obtener respuestas en este tiempo donde las posibilidades de contagio de COVID- 19 dentro de los reclusorios son urgentes, por la falta de medidas de distanciamiento social e higiene. El resultado de esto fue la las diversas situaciones que sucedieron en las cárceles argentinas donde internos resultaron heridos y uno murió.

En Salta

En la provincia de Salta los privados de libertad reclaman por mayores medidas de higiene dentro de los pabellones y que se cumplan con las prisiones domiciliarias. En la carta enviada reclaman que en las requisas el personal penitenciario no tiene los insumos necesarios para evitar  contagios como son el uso de guantes y barbijos, «No sabemos si están contagiados o no. Necesitamos que vengan de Derechos Humanos a ver nuestra situación» describen en la carta.

Las disposiciones de la institución penitenciaria fueron la restricción de visitas donde solo pueden visitarlos familiares directos una vez a la semana y si no pertenezcan a grupos de riesgo.  A la vez se suspendieron las actividades recreativas, educativas, laborales y de culto dentro de la Institución. Las personas que gozan del beneficio de semilibertad son revisadas al regresar al penal para evitar posibles contagios  según lo contemplado en el protocolo de prevención elaborado por el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro.

Es imposible pensar hoy la sociedad sin espacios de restricción de libertad cuyo único objetivo es el confinamiento como castigo. Hablar de las cárceles es referenciar instituciones de muros y de seguridad bajo la excusa de encerrar a personas peligrosas para la sociedad. Peligrosas por que irrumpen el orden, peligrosas porque alteran la normalidad del mercado, peligrosas porque atentan contra las estructuras sociales que detenta el poder; pero no todas las personas peligrosas están allí, es sabido que en su mayoría las cárceles alojan personas que provienen de clases sociales bajas o muy bajas.

Pensar en el contexto de privación de libertad, es pensar en un espacio de castigo. El sistema penitenciario es una institución encargada de administrar el dolor a través de determinadas reglas, utiliza formas racionalizadas de gestionar el dolor con la finalidad de hacer pagar el dolor causado a través de dolor en el tiempo de la duración de la pena. Tenemos que tener en cuenta que la palabra pena significa dolor, castigo por lo que el fin primero de las condenas de las personas privadas de su libertad es otorgarles sobre sus cuerpos dolor. Esta finalidad de la cárcel causa contradicción con el fin primero de los Derechos humanos, ya que es evitar el sufrimiento y las prisiones buscan generar sufrimiento, por lo que los derechos humanos ocupan un lugar secundario dentro de estas instituciones, lo primordial es la seguridad, convirtiéndose muchas veces en antagónicos. Estableciendo quienes merecen acceder a derechos y quiénes no.

 

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