La mujer que perdió a sus dos hijas en el incendio de su vivienda es llevada a juicio por abandono de persona. Organizaciones sociales piden su absolución. (Andrea Sztychmasjter)

Desde el 9 de febrero que Yolanda de 26 años quien fue mamá a los 20 no solo afronta el terrible desenlace de tener que llorar a sus pequeños hijos sino que debió encarar a una justicia obstinada en señalar la pobreza y la vulnerabilidad como crímenes en sí mismos.-

Yolanda perdió a sus dos hijos, Melani (6) y Thiago (4) en el incendio de su vivienda, una casilla de madera del asentamiento de Las Palmeras, Colonia Santa Rosa, Orán. Desde ese momento, la acusan por abandono de persona. Solo pudo estar algunas horas en el velatorio luego se la llevaron detenida, acusada de matar a quienes dio vida.

La fiscal de graves atentados contra las personas de Orán, Claudia Carreras, pidió que Yolanda Vargas fuera a juicio, acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Este jueves se informó el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, ordenó la elevación a juicio de la causa.  Además rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de la mujer. La causa fue radicada en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, y el trámite seguirá a cargo del juez Aldo Primucci.

Una mujer, una vida vulnerada

Al parecer esa fiscala y ese juez no se preguntan qué del padre de esxs niñxs. Qué situaciones llevaron a esa madre, jefa de hogar, trabajadora rural, vendedora ambulante y colaboradora en un comedor cerrado por la pandemia tener que afrontar una causa penal de la que organizaciones sociales a lo largo y ancho del país repudiaron.

La militante del PO Gabriela Jorge declaró respecto a la elevación a juicio de la causa anunciada recientemente: “El juez Oyarzú consagra un nuevo atropello contra Yolanda. Falla la elevación a juicio por abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo, una carátula que lleva hasta 20 años de prisión. Estamos frente a una justicia que intenta garantizar la impunidad de los que gobiernan y han gobernado en la Colonia Santa Rosa y en la provincia, responsables todos ellos del avance de la miseria que lleva a nuestras familias a estas tragedias”.

Y agregó “Este fallo de Oyarzú es un mensaje de advertencia a las trabajadoras y a nuestras familias que estamos relegadas a la miseria social, a la falta de trabajo, de viviendas y de urbanización. Mientras ellos buscan nuestra resignación, el camino es el abierto por la propia compañera Yolanda Vargas o Marina Cruz, rebelarnos ante el Estado, sus funcionarios, responsables de nuestras penurias. Convocamos a las compañeras, a sus familias a redoblar la lucha por el desprocesamiento de Yolanda, por el acceso a la vivienda y el conjunto de nuestras reivindicaciones”.

Asimismo, convocó: “Convocamos a todas las mujeres que enfrentan causas similares, que luchan por la vivienda a una reunión abierta este sábado a las 18hs en Santiago 971 para diagramar una agenda de lucha. Convocamos a personalidades, a artistas y a la población en general a sumar las voces contra la Justicia, cómplice de los verdaderos responsables de nuestras penurias”.

Trabajo precario, sin vivienda y sin guarderías

Tres de los pilares fundamentales de los derechos básicos para que mujeres y sus familias puedan vivir una vida mínimamente digna fallan en la provincia con peores índices de trabajo en negro, poco acceso a las mujeres a trabajos formales y nulas políticas publicas destinas al desarrollo de viviendas.

Las mujeres en Salta deben atravesar una vida plagada de necesidades y ausencia del Estado en todos los niveles. En la provincia no existe como política una estructura acorde a la implementación de guarderías maternales que brinden un poco de contención a las mujeres solas que deben hacerse cargo de sus familias.

Así reflexionó otras de las militantas que pide por la absolución lisa y llana de Yolanda. Gabriela Cerrano consideró: “En los municipios del norte los intendentes se florean entregando casas de tablas a las familias pobres, mientras sus diputados y senadores siguen votando presupuestos de ajuste en los fondos destinados a la construcción de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda. Es por eso que hay barrios enteros con casas de madera en Orán, Tartagal y Anta. En Las Lajitas, incluso, hay un barrio llamado La Tablita, donde ocurrió una tragedia similar hace unos años. A las comunidades wichis hasta les dan las tablas de madera para que armen la casa como puedan. En Salta hay 70.000 familias sin techo, hacinadas y viviendo en forma precaria”.

Además Cerrano se refirió a la gran cantidad de trabajo infantil aun hoy presente en las fincas: “la Justicia también culpa a los padres por llevarlos al campo con ellos -pero si los dejan en casa los acusa de abandono”.

 

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