Cristina Fernández es una ex presidenta a la que la Justicia se le vino encima al terminar su mandato. La estrategia era no parar hasta que vaya presa, aunque sea preventivamente. Aunque en Argentina al principio de inocencia se lo guarden en el bolsillo. Sus funcionarios fueron prueba de ello.
A ella no llegaron, pero no porque no pudieran sino porque el costo político podría ser mucho y la victimización de ella les jugaría en contra. Así las cosas, con testigos falsos, pericias y pruebas inventadas y leyes infringidas, las causas existen.
En el caso de dólar-futuro, tras la pericia que determinó que no hubo perjuicio para el estado, los imputados pidieron la intervención de la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal concedió el recurso y se volverá a debatir un sobreseimiento antes del juicio. Hay un pedido de que se dicte el sobreseimiento ya mismo. La Casación podía haber rechazado los planteos, con lo cual el juicio seguía su preparación, pero aceptó el recurso, de manera que habrá un pronunciamiento sobre el caso.
En el Memorándum de Entendimiento con Irán se espera una definición de Interpol, pero en seis años no se pudo avanzar un paso en la acusación. En la causa de las fotocopias de los cuadernos, el Tribunal Oral tiene que decidir si considera válidas las declaraciones de los arrepentidos, porque la ley para casos de corrupción es posterior a los hechos y porque no hay registro ni en video ni en grabación de esas declaraciones, tal como indica la norma.
Hay quien dice que todas las causas que armaron entre Comodoro Py y los grandes medios se están convirtiendo en callejones con pocas salidas, por la orfandad de pruebas, la inexistencia de delito y, sobre todo, porque la acusación encierra más persecución política que realidad, que la acusada denomina LowFare, o guerra juridica.
El caso de la Obra pública es el decisivo porque el punto de partida de Comodoro Py (y de Cambiemos, casualmente) fue que hubo un fraude con la obra pública de Santa Cruz para beneficiar a Lázaro Báez y de allí salió dinero para los Kirchner, lo que derivó en las causas Hotesur, Los Sauces y en las que ya se frustraron por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juicio lleva ya 18 meses, aunque hay que descontarle cinco en que estuvo parado por la pandemia. El cálculo es que tardará un año más. Van 70 testigos, faltan 100. Las defensas dicen que “lo que ocurre en el juicio supera las expectativas más optimistas”, porque las acusaciones se van cayendo.
El expediente de Fotocopias o cuadernos, también está elevado a juicio, pero interviene la Sala I de la Casación que debe tomar una decisión sustancial. Ana María Figueroa, titular de esa Sala, pidió las constancias de las grabaciones o videos de la declaración de los arrepentidos, algo obligatorio según establece la ley, aunque en la instrucción, tanto del fiscal Carlos Stornelli como del fallecido juez Claudio Bonadio nunca se grabó ni filmó nada. Según cuentan el apriete era feroz y no se podía grabar a ninguno de ellos diciendo “si declara contra CFK y admite ser arrepentido, se va a su casa.
De lo contrario, a la celda”. La Fiscalía contestó que la filmación o grabación no eran necesarios, que bastaba con la firma del imputado y su abogado, pero la norma dice «las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior». Pero lo más importante es que la Ley del Arrepentido existía sólo para casos de narcotráfico y se extendió a casos de corrupción en 2016, durante el macrismo, pero los hechos que se juzgan en el caso de las fotocopias son anteriores, de manera que la defensa afirma que no se puede aplicar la ley en forma retroactiva. La Sala I, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tiene que tomar una decisión y lo haría sobre el final de la semana que se inicia.
Todo indica que el aparato de Comodoro Py no se quiere perder una foto con CFK y Axel Kicillof sentados como acusados.
