Seis militantes fueron detenidos por luchar contra los desmontes. El Cuarto propone detener seis terratenientes que desmontan ilegalmente para emparejar los tantos: Aldito Navilli, Mauricio Macri, Alejandro Roggio, João Pereira Coutinho, Bruno Varela Marín y Martín Laplacette. También proponemos la yapa (Fede Anzardi)
Una de las canciones más conocidas del repertorio reciente de León Gieco dice: “Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual”. El tema, que hace alusión a los malos tratos que perciben los inmigrantes a lo largo del mundo, puede servir para la propuesta de Cuarto Poder: si los activistas de Greenpeace son detenidos por denunciar desmontes ilegales, los que provocan esos desmontes también deberían ser encerrados.
Los activistas Bruno Castro (22), Emiliano Castillo (36), Carla Guzmán (20), Nahir Florencia Palazini (21), Maite Ruggieri (25) y María Paula Giacalone (41), quedaron en libertad el miércoles a última hora, tras casi dos días de detención por haber participado de una protesta en el Centro Cívico Grand Bourg, en reclamo por la ilegalidad de los desmontes autorizados por el gobierno provincial. Intentaron desplegar un cartel de grandes dimensiones en el techo de la sede del gobierno provincial que decía “Urtubey: basta de desmontes”.
El hecho continúa la senda de otras intervenciones contra la depredación de árboles en la provincia. En julio del 2013 intervinieron la catedral de la ciudad. En agosto de este año, en Buenos Aires, hicieron algo similar en la Casa de Salta. En septiembre pasado trasladaron al cabildo salteño la protesta de gobernadores sentados sobre inodoros (que podía interpretarse como “Urtubey se caga en la ley de bosques”). Esta semana le tocó al Grand Bourg.
Lo cierto es que algunas de las acciones que se manejaron contra los activistas podrían trasladarse a los principales propietarios de tierras desforestadas de la provincia. Los enumeramos basándonos en un informe que este año publicó Greenpeace, ávidos administrativos publicados en el Boletín Oficial y noticias periodísticas de distintos medios y años que permiten recrear la biografía de los ilegales. ¿Quiénes son?
1: Aldito Navilli
La estancia “El Carmen” es propiedad de la empresa Santa Cecilia del Oeste S.A., cuyos dueños son Aldo Adriano Navilli y sus hijos. El Grupo Navilli es uno de los grandes referentes en el negocio cerealero, conformado por Compañía Argentina de Granos S.A. y Molino Cañuelas S.A. Compañía Argentina de Granos S.A. cuenta una extensa red comercial de 93 sucursales, 45 plantas de acopio y depósitos, distribuidos en las zonas más productivas de Argentina. El Grupo Navilli también es propietario de VIU S.A., dueña de las marcas de ropa femenina Vitamina y Uma. La facturación anual del Grupo Navilli ronda los 4.300 millones de pesos y su fortuna está estimada en 380 millones de dólares, lo que lo coloca en el puesto 29º del ranking de los más ricos de la Argentina, publicado por la revista Forbes, a comienzos del 2013.
“El Carmen” está ubicada en el departamento San Martín, cerca de Embarcación. Abarca 7.407 hectáreas, de las cuales un 90% son bosques nativos. Fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte, sí aprovechamiento sustentable). A pesar de esto, a pedido de sus dueños, el gobierno salteño autorizó el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder realizar el desmonte de 3.327 hectáreas para agricultura y ganadería sobre un total de 6.457 hectáreas solicitadas.
El 16 de enero de este año, en el Salón Fortín Gaucho “Los Montaraces”, ubicado en Hickmann, departamento San Martín, se realizó una Audiencia Pública para analizar el posible impacto ambiental y social que podría causar una deforestación en “El Carmen”. El gobierno provincial la anunció a través del Boletín Oficial del 6 de enero, dando plazo a los interesados hasta el 14 de enero para estudiar los expedientes (trámite que debía realizarse en la ciudad de Salta) y presentarse como parte. Poco tiempo.
2: Mauricio Macri
El 19 de febrero de 2005, Clarín informaba que Franco Macri, asociado a la israelita Universidad Ben Gurion, anunciaba inversiones por US$363 millones “para desarrollar una mega granja en Salta” con la que esperaba facturar US$330 millones anuales. “El empresario presentó ayer formalmente el proyecto, acompañado por los técnicos de la universidad que ya están trabajando en su finca El Yuto, de 20.000 hectáreas, cercana a la ciudad de Embarcación. Macri rodeó toda la iniciativa de una idea de trascendencia: pretende convertirse en un ejemplo a ser seguido por el país. ‘El 70% de las tierras argentinas son áridas o semiáridas, como las que tenemos en Salta -dijo. Si se las aprovechara como lo haremos nosotros, el país podría crear bienestar y empleo para todos’”, aseguraba el diario.
El artículo también informaba los alcances del emprendimiento y las expectativas de Macri: “La granja tendrá cuatro rubros: cultivo en invernadero (tomates, pimientos), al aire libre con riego (melón, sandía, maíz dulce, cebolla, berenjena), colmenas para miel, y una plantación de granadas (…) El mes próximo arranca la puesta en marcha. En tres años tendrían 2.100 hectáreas en producción, con una facturación aproximada de US$50 millones anuales. Luego comenzarán a expandir las plantaciones, para cubrir las 13.000 hectáreas restantes que piensan ocupar, y llegar a ventas de 300 millones anuales”. Además, el diario aseguraba que la inversión para la primera etapa era de 54 millones de dólares. Macri aportaría 10 millones, y el resto, según las palabras del empresario, sería financiado por el banco israelí Leumi. La segunda etapa, insistía la noticia, requeriría inversiones por otros US$309 millones. El personal permanente de la finca serían 251 personas al inicio y 585 al final. Pero ocuparían en forma temporaria otros 5.700. La empresa desarrolladora era un 70% de Socma y 30% de la Universidad. Esperaban que las primeras 500 hectáreas entraran en producción en un año.
Un año después, en 2006, Greenpeace denunció los desmontes que se realizaban en la finca. A principios de este año, Franco Macri delegó Socma a sus cinco hijos, Mauricio incluido.
La finca “El Yuto” tiene un nombre poco glamoroso, pero sus dueños están muy lejos de ser de la clase obrera. Está en el departamento San Martín y abarca unas 20 mil hectáreas, de las cuales fueron desmontadas cerca de 6 mil. Se produce soja, poroto negro y granada. Fue clasificada por el OTBN en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte, sí aprovechamiento). A pesar de esto, en diciembre de 2011 el administrador de la finca, Agustín María Ocampo, pidió al gobierno de Salta el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder realizar el desmonte de 8.163 hectáreas para agricultura sobre un total de 14.232 hectáreas solicitadas. Greenpeace asegura que la deforestación de esta finca afectará seriamente a las comunidades indígenas y campesinas cercanas.
Según informó el diario La Nación en julio pasado, el patrimonio de Mauricio Macri era de $51 millones de pesos y 3,5 millones de dólares en 2013. El matutino informaba que sus bienes habían crecido en 20 millones de pesos con respecto al año anterior. En su Declaración Jurada como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri declaró la mayor parte de su fortuna en empresas: 27,5 millones de pesos. La Nación también destacaba que la base de su riqueza le generó la mayor parte de sus utilidades en 2013: ganó 5 millones de pesos en ese rubro. «El 80% de su capital está invertido en sociedades agropecuarias», dijeron desde su entorno, según el periódico.
3: Alejandro Roggio
Spinica S.A. posee la finca “La Maravilla Lote A4”, que está ubicada en el departamento San Martín, cerca del límite con Bolivia, y abarca 6.191 hectáreas de las cuales fueron desmontadas 2.500. Fue clasificada en la Categoría II – amarillo: no permite desmonte, sí aprovechamiento.
Con un proceder similar al que realizó con “El Carmen”, el 7 de enero de este año el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a una Audiencia Pública para el 17 de ese mismo mes, en Aguaray, sobre el impacto ambiental y social que podría tener el desmonte de 1.423 hectáreas de un total de 3.710 solicitadas. El cambio fue autorizado.
Spinica S.A tiene como integrante de su directorio a Alejandro Carlos Roggio. Éste es dueño de muchas empresas de los principales accionistas e integrantes del directorio del Grupo Roggio, que está conformado por empresas de diferentes rubros como Aguas Cordobesas S.A., Cliba S.A., SUBE y Metrovías S.A.
4: João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho es un empresario portugués, dueño de varias empresas de telecomunicaciones, inmobiliarias y automotrices. Entre ellas se ubica Agrobari S.A., que posee 30 mil hectáreas en el departamento Anta, en la zona denominada Bañado del Quirquincho, lindera a la Reserva Provincial Los Palmares. Forman parte de un Área Prioritaria para la Conservación del Gran Chaco de The Nature Conservancy.
El “Establecimiento Agrobari S.A.” posee un área de producción de más de 10 mil hectáreas dividida en un 50% agrícola (soja, poroto negro y trigo) y un 50% ganadera, la cual es comercializada bajo el nombre de Cabaña La Brava. Su producción agrícola es exportada principalmente a Portugal y Brasil. Greenpeace denunció que la mayor parte de la finca tiene bosques nativos y fue zonificada por el OTBN en la Categoría I – rojo: no permite desmonte ni aprovechamiento.
Sin embargo, el gobierno salteño autorizó, a pedido de los titulares del Establecimiento, el cambio de zonificación de gran parte de la finca. Pasó a la Categoría III – verde, que permite desmonte. Tras la recategorización de la finca, la empresa pidió una habilitación de desmonte de 7.259 hectáreas para agricultura y ganadería sobre un total de 14.508 hectáreas solicitadas.
5: Bruno Mauricio Varela Marín
Bruno Mauricio Varela Marín es nieto de José Enrique Varela Iglesias, militar español destacado durante el franquismo. Es el representante de una de las empresas (Cresud) que más desmontó en la provincia, arrasando con unas 90 mil hectáreas.
Cresud posee la finca “La Peregrina”, ubicada en el departamento Rivadavia. Fue clasificada en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte, sí aprovechamiento). Pero, claro, a pedido de su dueño, el gobierno autorizó el cambio de zonificación de gran parte a la Categoría III, para realizar el desmonte de 7.054 hectáreas. La Audiencia Pública para revisar los posibles daños ambientales y sociales se realizó el 12 de julio del año pasado, en Joaquín V. González y se dio aviso sólo diez días antes.
Al comienzo, la finca se llamaba “Los Pozos”. Tenía una superficie de 262 mil hectáreas. Durante el debate de la ley de bosques, Cresud vendió 14.516 hectáreas. En junio de 2007, la empresa informó que “el precio acordado por dicha operación fue de U$D 2.177.431,50; es decir U$D 150 por hectárea, los que fueron abonados por el comprador en forma íntegra al momento de la escritura traslativa de dominio y entrega de posesión. Cabe destacar que la compañía tenía valuado en sus libro s la parcela vendida a un valor de U$D 7 por hectárea, es decir que la presen te venta arrojará un resultado de aproximadamente U$D 2,0 millones”.
6: Martín Laplacette
La Finca “Santo Domingo o Palo Santo” es de 7 mil hectáreas. Está ubicada en el departamento Rivadavia sobre el límite con la provincia de Formosa. Fue zonificada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo: no permite desmonte, sí aprovechamiento.
Los dueños de la finca son Martín Laplacette, Santiago Eugenio Caride Fitte, Juan Manuel Arias, Emilio José Pellet Lastra, Pablo Raúl Munzi y Marcelo Augusto Salinas.
Laplacette es el representante y director de Amaggi Argentina, la filial local del Grupo André Maggi, compañía brasileña líder en producción, comercialización y procesamiento de soja. Maneja 210 mil hectáreas entre propias y arrendadas, posee tres plantas de procesamiento y tiene una flota fluvial propia. Su principal accionista es el brasileño Blairo Maggi, actual senador y ex gobernador del Estado de Mato Grosso; reconocido como el mayor productor individual de soja del mundo. El informe de Greenpeace revela que la empresa apunta a superar las 30 mil hectáreas cultivadas en nuestro país para los próximos años. En junio de 2005, Blairo Maggi ganó el premio “Motosierra de Oro” de Greenpeace por la deforestación realizada por sus empresas en Brasil.
Greenpeace denunció que a pesar de tener la Categoría II, el gobierno salteño autorizó el cambio, a pedido de sus dueños. Así, “Santo Domingo” pasó a Categoría III – verde, para poder realizar el desmonte de 3.289 hectáreas para ganadería. En este caso, el aviso de Audiencia Pública para analizar los posibles daños ambientales y ecológicos, también fue anunciado con muy poco tiempo de anticipación y el lugar elegido para realizarla se parecía mucho a uno bastante inaccesible.
La yapa
La propuesta de Cuarto Poder correspondía a la misma cantidad de empresarios y de activistas detenidos, pero los casos anteriores no son los únicos. A continuación, otros señalados como responsables del desmonte de la provincia.
La Charqueada Fracción 23
Esta finca está ubicada en Anta. Depende de Pablo Arturo Pasman y Las Trojas S.A. Posee una habilitación de desmonte de 1.593 hectáreas para agricultura sobre un total de 2.285 hectáreas solicitadas. Era Categoría I – rojo y fue cambiada el 70% a Categoría III – verde y el 20% a Categoría II – amarillo. Es lindera al río Del Valle. Fue completamente desmontada.
Establecimiento San Francisco
Está en el departamento San Martín. Su expediente es el 119-38984/10, iniciado por Ignacio Manuel, María Carolina, José María y Sergio García del Río. Se habilitaron 5.779 hectáreas de desmonte para agricultura y 604 para ganadería, sobre un total de 11.084 solicitadas. La finca era Categoría II – amarillo y fue cambiada casi en su totalidad a Categoría III – verde. Afecta seriamente a comunidades indígenas. Se desmontaron más de 3 mil hectáreas.
Establecimiento Ganadero Los Pozos
Ubicada en el departamento Rivadavia, esta finca de Pedro Luis Cignetti, Jorge Ricardo Cignetti, Héctor Luca Boccolini, Guillermo Aldo Sona y Adriana Magdalena Sona, era de Categoría II – amarillo y fue cambiada casi en su totalidad a Categoría III – verde: 4.186 hectáreas para ganadería sobre un total de 6.968 solicitadas.
Morocoyal
Está en el departamento San Martín. Pertenece a Exportin S.A. Se habilitaron 1.695 hectáreas de desmonte para agricultura sobre un total de 3.454 solicitadas. Era Categoría II – amarillo y fue cambiada casi en su totalidad a Categoría III – verde.
