El agua que se bebe en una comunidad originaria cercana a Campo Durán “no es apta para el consumo humano”, demostrando que el extractivismo y la profusión del mercado le quitan estatus de congénere a ciertos “nadies”, irrelevantes para la producción y el consumo, y por lo tanto, prescindibles. (Franco Hessling)

“Los habitantes de Campo Durán reciben agua de dos fuentes: una de ellas proveniente de la planta de Refinor S.A., y que los habitantes del lugar emplearían para riego y bebida de animales, y la otra corresponde al nexo con el acueducto Itiyuro-Tartagal, obra realizada por el Municipio de Aguaray -apunta un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación y luego añade:- Se extrajeron muestras del agua proporcionada por ambas fuentes en distintos puntos de la Escuela y los resultados de las muestras colectadas arrojaron que el agua no es apta para consumo humano». La conclusión no admite ambigüedades, es taxativa.

El informe añade que “en particular, las muestras colectadas dan cuenta de la presencia de bacterias patógenas tales como coliformes y pseudomona aeruginosa. A raíz de un convenio celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Provincia de Salta, a fines de 2015 se iniciaron las obras de provisión de agua potable. Durante 2016, se realizó el seguimiento de las citadas obras mediante requisitorias a los organismos involucrados. La obra se encuentra finalizada”.

Desconfiando de esta última afirmación de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), realizada en su más reciente informe anual, Cuarto Poder revisó los legajos de obras que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia. No se encontraron registros recientes de ninguna tarea, lo cual desmiente que se haya introducido infraestructura para acabar con el consumo de agua nociva en Aguaray, o bien deja al desnudo las demoras del Gobierno en hacer públicas sus decisiones, acostumbrado a divulgarlas con semanas y hasta meses de desfase.

El río Itiyuro, único afluente sobre el que se trabaja para extraer agua y potabilizarla, tiene su origen en tierras bolivianas. Del lado argentino cuenta con un caudal importante nada más que en los meses estivales, tras los cuales decrece ostensiblemente su caudal. Una nota del matutino local de los Romero, publicada en 2011, reseña que durante los últimos meses antes del golpe de la Revolución Libertadora, el proyecto de construir un dique en Itiyuro era prioritario. Con la interrupción del gobierno la iniciativa quedó en una meseta hasta que Bernardino Biella la rescató del olvido; igualmente el proyecto se truncó.

Para colmo, la situación de la refinería dista de ser la de años anteriores, cuando el petróleo se extraía de aquí y, con algunos tratamientos, se exportaba. Hoy se importa el gas, la situación de la matriz hidrocarburifera se subvirtió. Es una planta que está en remisión, postergada por la del Gran Chaco boliviano, de la cual es subsidiaria. Tan gráfico como que el gasoducto construido para que Salta exporte gas, ahora es utilizado para que lo importe.

Lo cierto es que, en los estudios realizados sobre muestras de aguas tomadas en 2016, se comprobó que los pobladores de Campo Durán cada vez que ponen la pava están acercándose con mayor velocidad al cadalso. La esencialidad del agua y el hecho de que sea impotable se combinan como sentencia perentoria para los lugareños. La investigación se realizó a partir de una denuncia realizada por una comunidad de originarios sita entre Campo Durán y Aguaray, en la que se apunta a la empresa Refinor como responsable por el deterioro en la calidad de vida. Se subraya que el agua está contaminada sin argumento científico, cuestión que la DPN, tras recibir la delación, se encargó de comprobar.

La conclusión de que «el agua no es apta para consumo humano» nos recuerda el devenir contemporáneo del capitalismo: algunos simplemente no importan, muertos valdrían más para las estadísticas (habría menos escoria) y no alterarían el sistema económico si no existieran (ni en la producción, ni en el consumo). Como son inofensivos, no obstante, la maquinaria capitalista no los ultima directamente, los hace morir como costo humano en aras de mantener andando la economía.

Des-pa-cito, así el tipo de genocidio contra aquellos que viven cerca de los lugares elegidos para producir en el periodo de auge del extractivismo. El saqueo ambiental concitado por la fiebre de ampliar la frontera productiva también implica vidas humanas. No es sólo la «Pacha» como entidad intangible atribulada por el capital, el problema urgente son los “nadies” de carne y hueso que fenecen como parte de los costos. That’s the business.