El oficialismo pese a las críticas al sistema de voto electrónico, mantendrá la misma modalidad para las elecciones del año próximo. Un sistema implementado por el ex gobernador que levantó sospechas y resquemor por los millonarios costos de contratación.

Si bien se vendió el sistema de voto electrónico a la población como un avance en materia democrática, teniendo en cuenta que países desarrollados lo utilizan, las críticas estuvieron presentes desde un inicio. Nueve años después que fuera aprobada como parte de la Ley 7.335 de convocatoria a elecciones internas, abiertas y simultáneas, fueron varias las voces que pidieron volver al sistema tradicional.

Los motivos son varios. Algunos sectores han apuntado a la dificultad de constatar la transparencia del método, especialmente porque se han presentado cientos de irregularidades  durante jornadas electorales: denuncias de ciudadanos cuyos votos seleccionados en pantalla no eran los mismos que se imprimían, confusión para entender el sistema, entre otros. Si bien siempre se aclaró desde el gobierno que el sistema es fiable, las contradicciones estaban a la vista.

La Auditoría al voto electrónico confirma las sospechas: el informe revela que en lugar de permitir auditar el código fuente de los sistemas, el gobierno de Salta lo reemplazó por una simple e insuficiente inspección ocular, ofrecida por el personal de la empresa Magic Software Argentina (MSA) y avalada por los representantes del Tribunal Electoral presentes”. De las 21.000 líneas de código que tiene el programa les dejaron “observar” el 0,5% en unas pocas horas, cuando una auditoría de este tipo lleva meses.

Otro elemento de crítica fue el costo millonario que la provincia tuvo que afrontar para implementar el voto electrónico. La firma MSA fue quien se encargó de la provisión de los servicios de implementación del sistema. El precio total del contrato se fijó en $ 48.810.164,48 a desembolsarse en tres etapas, conforme a  la incorporación paulatina del sistema.

Un año antes que el gobierno provincial enviara la ley de voto electrónico, la empresa en cuestión, había enviado un proyecto al Ejecutivo consistente en un plan de incorporación gradual y progresivo, a partir del año 2.011, de tecnología de voto electrónico, basado en boletas y escrutinio provisorio. Mediante el decreto 2788 y de forma más acelerada de lo normal, se declaró de interés provincial la iniciativa.

La licitación pública estuvo a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia, quién mediante resolución de fecha 26 de mayo de 2010, resolvió adjudicar la contratación del servicio electrónico a la empresa en cuestión.

Si bien el costo del contrato se fijó en casi 50 millones de pesos, una cifra exorbitante, la provincia tuvo que destinar para la implementación total del proyecto un total de 141.702.061 millones de pesos.