Una columna de opinión aparecida ayer en La Nación pasó desapercibida. Juan Carlos Romero denunció la profunda crisis del campo y pidió “detener el desguace” del sector. No obstante, dijo que no pierde la esperanza de que Urtubey se ponga a la cabeza de este reclamo.

En la nota, el actual senador atribuyó la peor crisis de la historia del campo a la baja del precio internacional de los granos y la errática política oficial que perjudica que provoca la quiebra de muchos productores y la desaparición de miles de puestos de trabajos, directos e indirectos, en Salta y el país. Ante ello, vino la arenga perentoria y escribió: “llegó la hora de detener este desguace del sector. Porque los pequeños y medianos productores necesitan una respuesta, y de forma urgente. El Estado nacional debe salir de su letargo y, junto con los distintos gobiernos provinciales, articular acciones inmediatas para poder remediar esta crisis acuciante”.

Tras ello, Romero se refirió a la provincia de Salta de la siguiente manera: “La parálisis en mi provincia es una foto del drama que viven hoy todas las economías regionales. Cultivos tradicionales como el tabaco y el poroto sufren un retroceso sin precedente. La falta de líneas de crédito, el precio exorbitante de los fletes para el transporte de mercancías hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires y la política de retenciones aplicada por el gobierno nacional son la base de este estrangulamiento”.

Fue allí cuando vino el recuento de lo que hizo en el senado junto a otros colegas: numerosos proyectos de ley tendientes a: 1) reducir la presión impositiva, en particular por los derechos de exportación; 2) terminar con el intervencionismo distorsivo del Gobierno, que provocó, entre otras consecuencias, la reducción del stock ganadero, la caída de las exportaciones de carne vacuna y el cierre de numerosos frigoríficos; 3) proporcionar por parte del Estado la infraestructura necesaria -con un mejoramiento de las rutas y del sistema ferroviario y fluvial en general- para facilitar las comunicaciones y así reducir los costos de flete internos; 4) promover desde el Banco Central y el Banco Nación la ampliación de la oferta crediticia tanto para el financiamiento de cosechas anuales como para inversiones de mediano y largo plazo en cultivos perennes e infraestructura y equipamiento; 5) hacer cumplir la legislación referente a las situaciones de emergencia y desastre; 6) fortalecer entes de extensión como el INTA, promover la diversificación productiva y reducir el monocultivo para que el sector sea menos vulnerable a los vaivenes de precios internacionales y a los errores de una política económica vernácula, y 7) promover la producción sustentable, velando por la conservación de los recursos naturales como también de los suelos y las aguas, sean superficiales o subterráneas.

Según Romero, esas iniciativas fueron frenadas por el oficialismo en el Senado siguiendo a rajatabla las órdenes de la Casa Rosada y aseguró que en “el caso de Salta, aún los legisladores del oficialismo no comprendieron que antes de pertenecer a un signo político representan a todos los salteños. No obstante, no perdemos la esperanza de que nuestro gobernador se ponga a la cabeza de este reclamo. De ser así, los productores, así como nuestro sector político, lo acompañaremos, sin rencores ni mezquindades, para levantar juntos las voces en Buenos Aires. El desafío para toda la dirigencia política es grande. La historia nos juzgará por lo hecho y por lo que deja este modelo”.