Cinco miembros de la Auditoría General se disputan con Aguas del Norte y la Corte de Justicia de Salta los sueldos más bochornosos y trabajos que colaboran para que la corrupción no se detenga. Ningún robo a la caja del Estado fue descubierto por quienes tienen a cargo detectar o acusar a los perpetradores. La era de los “sabuesos” quedó sepultada en el pasado. A pesar de contar con más de 300.000 razones mensuales para investigar, prefieren hacer la vista gorda. (C.P.N Phill Trafa)

 

Quejas que siguen apareciendo.

Esta semana en el Senado Provincial se formularon duras críticas a los miembros de la Auditoría General luego de que remitieran un trabajo sobre los fondos que se invirtieron en la Fundación CONIN y que nunca se rindieron. Frente a lo que consideraron una investigación demasiado blanda, el Vicegobernador Antonio Marocco propuso devolver la auditoría para que le pongan más esfuerzo. El criterio fue aprobado por este cuerpo legislativo y el reenvío permite concluir que los auditores no generan confianza y que el órgano de control externo vuelve al ojo de la tormenta.

La avanzada saencista contra la gestión anterior y la Auditoría General.

A pesar de los acuerdos que han firmado los saencistas con la gestión anterior, en medio de tanta crisis han comenzado a aparecer voces que buscan dejar en claro que hoy no hay plata porque mucha se fue a los bolsillos de funcionarios provinciales, empresarios e intendentes municipales.

El presidente del bloque saencista en diputados, Javier Diez Villa, buscó marcar las diferencias con los períodos anteriores. El senador José Ibarra también puso en el dedo en la llaga, anticipando que Sáenz se ve obligado a pedir un préstamo de 2100 millones para pagar los empréstitos contraídos por el urtubeycismo en abril y septiembre de 2018.

El Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario muestran huecos de cientos de millones y poco puede explicar la Auditoría General sobre estos asaltos a la caja pública porque nunca quisieron investigarlos.

La diputada Socorro Villamayor directamente habló sobre el entierro de estos fondos, lo que no quiere decir que pudieran sepultarse millones sin que el órgano de control actúe.

La ex senadora nacional Sonia Escudero también ha difundido una postura crítica, involucrando a la Auditoría General y al Ente Regulador de Servicios Públicos, y proponiendo que en una próxima reforma constitucional se introduzcan modificaciones que aseguren que sean poblados por opositores para garantizar ganas de investigar.

Defectos congénitos.

Al momento en que se produjeron las últimas designaciones en 2016 varios dirigentes políticos expresaron su postura en contra. Uno de los más vehementes, como Carlos Zapata, sostuvieron que Gustavo Ferraris degradaba con su presencia a la Auditoría General, a la par que tres senadores votaron en contra su postulación.

En ese tiempo la puja entre Juan Carlos Romero y el actual gobernador Gustavo Sáenz se dirimió a favor del senador nacional que acordó con Juan Manuel Urtubey que su alfil fuera nombrado dejando con el traje puesto al abogado Martín Diez Villa. Para eso contó con dos operadores legislativos como lo eran Alejandro San Millán y Luis Cisneros que con algunas maniobras poco claras inclinaron la balanza a favor de Ferraris. Más allá de virtudes o defectos, los compromisos de Romero con Ferraris permitieron a éste último ocupar lugares estratégicos como, por ejemplo, una silla en la Corte de Justicia.

Los otros miembros tampoco resisten archivos, tanto por su carencia de antecedentes como auditores y como funcionarios comprometidos con el control del gasto público.

Omar Abdo Esper fue senador provincial por el Departamento San Martín y, luego, se refugió en el Senado Provincial como Secretario de Relaciones Institucionales. No se le conocen proyectos que hayan mejorado la vida de nadie.

Marcos Segura Alsogaray proviene del Partido para la Victoria y ha ocupado el cargo en representación del sector de José Vilariño y Sergio Napoleón Leavy. El recambio dirigencial de esta fuerza hoy lo ha debilitado. Antes de eso no ocupó ningún cargo relevante.

Ramón Muratore viene del Partido Renovador de Salta, y encontró sostén en dirigentes de la talla de Andrés Zottos cuando todavía esta fuerza tenía relevancia en sus acuerdos con el urtubeycismo y garantizó el apoyo del norte provincial en el tercer mandato del ex mandatario. Antes fue un diputado provincial con escasas luces.

El último que ingresó en el organismo es Mariano San Millán, diputado provincial por varios mandatos en representación del Departamento Guachipas y titular de la Comisión de Educación de la Cámara Baja por años. Su designación despertó polémica cuando se cuestionó su título profesional, a pesar de lo cual el criterio político encontró la interpretación más conveniente para garantizarle el cargo.

El criterio para seleccionar a los auditores desnuda un patrón perverso. No se requiere prestigio académico ni moral insospechada por el paso aquilatado en la función pública. Cualquiera podría pensar que la búsqueda se reduce a secuaces o dóciles con ADN acreditado.

La ley 7103 les otorga un mandato de cinco años y el 2021 resulta clave para determinar si van a proseguir o tendrán que regresar a sus actividades particulares, en las que no sobresalieron y, por lo tanto, nunca les resultaron muy redituables.

Entre febrero y diciembre del año que viene se moverán las operaciones políticas, al margen de que el Gobernador envió un proyecto de reforma constitucional que podría afectar a los actuales auditores. Habrá que esperar para ver si algunos vuelven a disfrazarse de opositores y colocan algunos discípulos, o si en cambio comienza a analizarse la posibilidad de que algunos prestigiosos puedan hacerse cargo de una de las funciones vitales para cuidar el dinero de todos los salteños.

Sueldos vip para los que no controlan.

A la fecha estos auditores cobrarían sueldos que superan los 300.000 pesos porque tienen idénticas remuneraciones que los Jueces de Cámara del Poder Judicial. Algunas versiones no confirmadas por el hermetismo que caracteriza al organismo hablan de que, con la excusa de estar equiparados a jueces no pagan el Impuesto a las Ganancias y se habrían asignado algunos adicionales para engordar aún más sus remuneraciones. De ser cierto, esta situación alcanzaría niveles de bochorno.

Luego del alboroto que ha provocado la difusión de los sueldos de directores y gerentes de Aguas del Norte, estos funcionarios y los ministros de la Corte de Justicia son lo que disputan cifras abultadas por tareas improductivas. Por el contrario, una opinión bastante generalizada habla de que el control casi no existe.

Los ministros del Poder Ejecutivo apenas rozan los 200.000 pesos, mientras que el Gobernador de la Provincia cobra 250.000 pesos con el cúmulo de tareas que despliega a diario. Cuál es el motivo por el que personas que tienen inclinación por enterrar los fraudes contra el patrimonio provincial o municipal cobran semejantes sueldos?

Un toque color se produjo en Marzo de este año cuando el llamado “Colegio de Auditores Generales”, decidió aportar al Fondo Solidario COVID-19 con la finalidad de fortalecer el sistema de salud provincial. Sin ponerse colorados fijaron un aporte solidario, aunque voluntario, de 50 mil pesos en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El primer aporte se depositó el 10 de marzo. Debe aclararse que durante más de dos meses los directores se guardaron en sus casas y, tal vez por cargo de conciencia, devolvieron algo de lo que mensualmente llevan para afrontar los gastos de subsistencia.

Una estructura anestesiada.

Ferraris informó que la planta de personal llega a 146 empleados con buenos sueldos, que irónicamente también cobran un adicional por “función control”. Con salarios nada desdeñables conforman una estructura que compromete el presupuesto provincial en tiempos en que la plata poco alcanza para cumplir con servicios esenciales.

De solo ingresar a la página oficial de la Auditoría General puede contemplarse un panorama desolador. Los trabajos de campo de este organismo, que se realizan en municipios, entes públicos y sociedades del estado, además de la administración centralizada, tienen intermitencia promedio de cinco años. La vida útil de esos auditores no alcanza para que den la vuelta a la provincia hasta que se jubilan. Esto quiere decir que fuera de pedidos especiales, los intendentes tienen garantías de dilapidar o sustraer recursos por más de un mandato sin que nadie pueda asustarlos.

Es por esto que la justicia, que ya es demasiado lenta, siempre llega primero que los auditores a la hora de investigar fraudes. Municipios asolados por intendentes de la talla de Julio Jalit, Kila Gonza o Manuel Cornejo, por nombrar a los más sobresalientes, no tuvieron esperanzas de que nadie los detuviera en sus tropelías. Según los mentideros, los intendentes son anticipados de todas las visitas para que puedan acomodar sus cuentas, además de ser auditados en temas poco comprometedores. Por si esto fuera poco, aunque a veces documentan algún robo, solo una vez al año remiten estos antecedentes a un fiscal penal que también vive amordazado desde su nombramiento.

Recién el año pasado, y por necesidades de emprolijamiento del saliente gobierno de Urtubey, se aprobaron las cuentas generales de ejercicio que durante toda su gestión tuvieron un atraso de cinco años. Como es posible que se aprobaran los presupuestos cada año, cuando nadie sabía en qué se había gastado el dinero público un quinquenio antes? Cuando la Auditoría se quejó de que el Gobernador Urtubey no le enviara las cuentas para su tratamiento? Esto habla a las claras de mansedumbre y desidia.

La Auditoría General nunca pudo o quiso -da lo mismo- detectar en estos años demasiadas irregularidades. No quiso investigar porqué casi ninguna obra del Fondo del Bicentenario se ejecutó en los municipios. O porqué el hermano del ex gobernador difuminó cientos de millones del Fondo de Reparación Histórica. O que millones desaparecieran de la caja de la Cámara de Diputados para luego ser materia de sospechoso robo de un secretario administrativo. O que la pauta publicitaria se dilapidara en la campaña presidencial de Urtubey. O que en cada obra un Secretario de Asuntos Municipales cobrara un peaje del 25%.  Cuál es el motivo por el que seguimos sosteniendo semejante estructura si podemos anticipar que no quieren controlar a nadie?

En abril del año pasado los auditores visitaron la Cámara de Diputados. En esa reunión Ferraris explicó que no cuentan con los recursos y el personal humano suficiente y que “tener las auditorías al día es casi imposible”. El dilema que generó semejante confesión todavía no fue resuelto: Habría que darles más plata?