La “topadora” del gobierno nacional avanza contra las administraciones provinciales y, con argumentos burocráticos, amenaza con suspender el envío de fondos que la Ley de Bosques les asigna por legítimo derecho y por los servicios ambientales que prestan sus bosques nativos. (Gonzalo Teruel)
En números groseros, el gobierno nacional le debe a las provincias unos $40 mil millones por los reiterados incumplimientos en el envío de los recursos correspondientes al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos previsto en la Ley de Bosques sancionada hace casi una década. Pero, además, tal como sospechaban en varias provincias argentinas el gobierno federal pretende discontinuar en el futuro el envío de esos millonarios recursos.
“En los últimos 8 años (la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010) el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi $29 mil millones y entregó menos de $2.100 millones. Pero esos casi $27 mil millones nunca devengados medidos en términos reales, es decir actualizados por inflación, llevan la deuda ambiental de la nación con las provincias a casi $40 mil millones” reportó Cuarto Poder, a partir del cálculo de especialistas en la materia, hace un par de meses. La Casa Rosada, en efecto, nunca, ni con Cristina Kirchner ni con Mauricio Macri, integró conforme a derecho el Fondo de Bosques. Siempre estableció, en la Ley de Presupuesto, una partida tan arbitraria como insuficiente (nunca alcanzó siquiera el 10% de lo debido) para el pago de los servicios ambientales que brindan las provincias en general y los titulares de las tierras boscosas en particular a la sociedad toda.
Pero, ahora, la cosa es mucho peor. Según denunciaron desde organizaciones ambientalistas, el gobierno nacional busca volver inaplicable la ley con un doble e inconfesable objetivo: dejar de enviar dineros a las provincias y, sobre todo, reducir los controles ambientales para facilitar “inversiones” en los sectores agropecuario, minero, petrolero e inmobiliario.
Esa infamante acusación, por cierto, ya fue negada desde el Ministerio de Ambiente de la Nación. “Este año vamos a estar remitiendo a las provincias unos $560 millones, casi el doble que el año pasado” aseguraron desde la cartera que encabeza Sergio Bergman. Pero en las organizaciones ambientalistas y en despachos provinciales advirtieron que el cambio en los trámites burocráticos y administrativos que promueven desde Buenos Aires “para facilitar la gestión de los recursos” en realidad beneficia al poder central que podrá “discontinuar las transferencias”.
“Hay que entender que no es un regalo de nación a las provincias sino todo lo contrario, es la compensación que nación debe pagar a las provincias por los servicios ambientales prestados” explicó un especialista en derecho ambiental y recordó que “desde la última reforma constitucional (de 1994) son las provincias las titulares de los recursos naturales por lo que nación debe pagarles para que estas puedan compensar su no utilización y/o explotación”.
Pero desde el Ministerio de Ambiente quieren administrar esos recursos, según se sospecha, de manera discrecional y en obvio desmedro de las autonomías provinciales. Con el real y cierto argumento de un atraso (administrativo) en el pago y la rendición de cuentas, hace un par de semanas funcionarios y operadores del ministro Bergman hicieron saber de manera extraoficial a las provincias que estaba “lista y a la firma” una resolución que establece como último plazo para la debida presentación de comprobantes (y demás papeles respaldatorios) el 31 de diciembre. Sin esa presentación pueden ser interrumpidas las transferencias futuras, algo no contemplado por la Ley de Bosques. Al cierre de esta edición sobre el final de la jornada del viernes, fuentes gubernamentales confirmaron a Cuarto Poder la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 391-E/2017 fechada el 14 de julio que, efectivamente, exige la rendición de cuentas por parte de las provincias hasta el último día del año.
El trámite administrativo para acceder a los pagos nacionales es realmente engorroso: la provincia recibe un proyecto (de conservación y/o enriquecimiento del bosque nativo) por parte del titular de un predio rural, lo analiza y lo aprueba, lo circula a nación que también lo analiza y lo aprueba y entonces gira los fondos correspondientes que después deben ser rendidos desde las provincias. Ese circuito demora meses y hasta años. Salta, la provincia con más hectáreas de bosques a proteger, fue la primera que estableció un mecanismo más o menos aceitado para la implementación de proyectos y la recepción de dineros. Así y todo tiene todavía fondos del período 2009 – 2012 sin rendición y certificación total mientras que los de 2013, 2014 y 2015 están también pendientes. Oficializada ahora la resolución anunciada por los adláteres de Bergman, el destino de esos futuros dineros es absolutamente incierto y podría quedarse en las arcas nacionales.
Semanas atrás y ante la preocupación de los ministros y secretarios provinciales, desde nación habían sugerido que esa polémica resolución podía esperar hasta que estén todos los papeles en orden (algo poco probable porque con la salida del kirchnerismo y la llegada del macrismo a despachos oficiales mucha documentación se perdió) siempre que cada provincia firme un convenio particular y específico con la administración central. “Ellos saben que es poco probable que las provincias puedan rendir los gastos y, entonces, te hacen firmar un convenio que es muy favorable para nación” despotricó una fuente oficial a la que accedió Cuarto Poder antes de conocer la nueva resolución nacional.
En efecto, tan favorable para nación es ese convenio (que esta semana ya firmaron las patagónicas Neuquén y Chubut, depositarias de pocas hectáreas de bosques) que establece que “el incumplimiento de las obligaciones, rendición de fondos 2009 al 2012 hasta 31 marzo del 2018, podrá dar lugar a la caducidad de los actos administrativos que ordenen la transferencia de fondos suspendiéndose la tramitación de los fondos de la Ley 26.331”. En buen criollo: si hasta el último día de marzo del año que viene las provincias no cumplimentan la rendición de cuentas, nación puede interrumpir los pagos. Y, además, las provincias no podrán generar nuevos pedidos. Pero ahora, mucho peor aún, la resolución publicada este viernes adelanta los plazos al 31 de diciembre.
Una interrupción en el envío de esos recursos es especialmente grave porque el 70% de los fondos se destinan de manera directa a los titulares, individuales o comunitarios, de las tierras boscosas a conservar pero el restante 30% va a “fortalecimiento institucional”. Muchas de las acciones que realizan los ministerios y secretarías provinciales se financian con ese 30% y si se discontinúa su envío muchas iniciativas de control se verán resentidas. “Eso es lo que quieren en Buenos Aires: que no haya plata para hacer un control responsable y efectivo de los bosques y que las provincias cedan, entonces, ante proyectos productivos en zonas protegidas” acusaron desde una organización ambientalista. Y sugirieron que el cerebro detrás de esta iniciativa no es el ministro Bergman que poco entiende sino su segundo, Diego Moreno, acompañado por el secretario de Coordinación Interjurisdiccional, Lucas Figueras, y la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges, ejecutores de las presiones a las provincias.
“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación avanza con acuerdos que facilitarán la transferencia de pagos para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que éstos brindan. Así, se resolverán trámites pendientes de antiguas rendiciones de cuentas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos que prevé la Ley de Bosques para las provincias de Neuquén y Chubut” informaron desde Buenos Aires días atrás y avisaron que “se prevé llegar a acuerdos similares con Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santiago del Estero, Tucumán y Salta”. Para qué se “avanza con acuerdos” particulares si ya emitió una resolución general sólo Bergman y sus colaboradores lo saben.
Hasta el viernes, con la intensión de garantizarse la continuidad de los recursos que debe girar nación y que por legítimo derecho le corresponden a la provincia, en Salta analizaban rubricar la adhesión al convenio siempre que se elimine toda mención a una posible “caducidad” o “suspensión” de los fondos. En juego están nunca menos de $80 millones anuales que se destinan a los proyectos de conservación y manejo del bosque nativo y a no pocas actividades e iniciativas de la Secretaría de Ambiente. Aunque están demoradas las transferencias, la provincia recibirá este año unos $78 y el año próximo si es cierto que el gobierno nacional continuará engrosando esa partida no menos de $100 millones que, ahora y por medio de artilugios burocráticos, están en riesgo de llegar. Ahora, el escenario es distinto y el análisis de los funcionarios salteños pasa, también, por cómo evitar administrativa o judicialmente que el vencimiento del plazo impuesto por nación de manera unilateral e imposible de cumplir desfinancie a la Secretaría de Ambiente. No lo reconocieron todavía pero, una posibilidad, es la presentación ante la justicia federal de una medida cautelar para “no innovar” hasta tanto se pueda avanzar con un acuerdo que garantice el normal flujo de los dineros que corresponden a la provincia.
“Más allá de los trámites y las rendiciones que por cierto son complejos, lo verdaderamente grave es la amenaza de suspender el envío de fondos por incumplimientos administrativos” advirtieron a Cuarto Poder ambientalistas desilusionados con los hoy funcionarios de Bergman, otrora miembros de organizaciones que promovieron la Ley de Bosques, y acusaron que “en realidad lo que subyace es una clara intención de desfinanciar a las provincias y provocar que la ley se vuelva inaplicable”. Denunciaron, además, que “para determinados sectores económicos la Ley de Bosques es un claro escollo para los grandes desarrollos inmobiliarios y productivos que pretende llevar adelante el gobierno nacional”. Los últimos y contradictorios movimientos de Bergman, firmar acuerdos particulares y emitir en simultáneo una norma general, parece darles la razón.
