En agosto de 2020, una mujer denunció en el programa Central Policial que en Villa Las Rosas vendían drogas a los detenidos y luego amenazaban a familiares para que paguen. La UFINAR inició una investigación que concluyó con 9 imputados.

Esta tarde se desarrolló la última jornada del juicio debate que se sigue contra nueve personas -dos de ellos internos de la Unidad Carcelaria N° 1-, por comercialización de estupefacientes.

En su alegato final, el fiscal Penal de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, solicitó 9 años de prisión para Guillermo Pedro Lozano, y 7 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva para Nicolás Martínez Fleitas por considerarlos coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.

En cuanto a Cristina Santander Contreras, desde la UFINAR solicitaron 7 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva; y para Rocío Rodríguez, 6 años y 6 meses por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.

López Soto también requirió 7 años de prisión para Martín Navarro por considerarlo coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Para Micaela Alderete solicitó 4 años de prisión efectiva por ser autora del delito de entrega de estupefacientes a título oneroso agravada por realizarse en el interior de un lugar de detención en grado de tentativa.

En cuanto a Claudia Carrizo, Daniel Valeriano y Pablo González Hussein solicitó 4 años y 6 meses para los dos primeros y 5 años para el tercero por los delitos de comercialización de estupefacientes.

Se espera que mañana continúen las réplicas y luego el Tribunal colegiado integrado por los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber dé a conocer la sentencia.

La causa

En agosto de 2020, la UFINAR inició una investigación por una notitia criminis dada a conocer en el programa Central Policial de FM Profesional. Allí fue entrevistada una mujer que tenía un familiar o allegado cumpliendo condena en la Unidad Carcelaria 1 a quien otros internos le vendían sustancias estupefacientes. Luego, se le exigía a los familiares de los condenados el pago de las sustancias a través de transferencias, amenazándolos en caso de negativa con tomar represalias en contra de éstos dentro del penal.

A través de la investigación se pudo establecer que, mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de la Unidad Carcelaria, el interno Guillermo Alejandro Alfredo Lozano era el encargado de conseguir sustancias estupefacientes. Esta tarea la realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además la fraccionaba y la hacía ingresar al penal a través de distintas mujeres, entre las que se pudo identificar a Micaela del Valle Alderete.

Una vez ingresada la droga, Lozano y el interno Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas se encargaban de venderla entre los detenidos y cobraban en el momento o encargaban a Santader Contrera que le cobrara a sus familiares a través de una cuenta de Mercado pago.

Por su parte, la hermana de Fleitas, Rocío Alejandra Rodríguez, también se encargaba de la adquisición de estupefacientes fuera del penal y coordinaba el ingreso a la Unidad Carcelaria.

Finalmente, Valeriano Daniel Nicolás, Miguel Martín Navarro, Pablo Alexis González Hussain eran los proveedores de Rodríguez y Santander Contrera.