ALEJANDRO SARAVIA
Hay frases que atraviesan el tiempo porque capturan algo más profundo que la coyuntura. No son meras palabras: son advertencias. Cuando Miguel de Unamuno, en la Universidad de Salamanca, lanzó su célebre “vencerán, pero no convencerán”, no estaba discutiendo una norma ni una técnica electoral. Estaba señalando la distancia irreductible entre el poder que se impone y la legitimidad que se construye.
La media sanción en la Cámara de Diputados de Salta para reinstaurar un sistema análogo a la ley de lemas obliga a recuperar esa advertencia. No se trata de un debate técnico ni de ingeniería institucional neutra. Se trata, en esencia, de una decisión política que redefine la relación entre representación y poder, entre ciudadanía y dirigencia.
El argumento a favor de estos sistemas suele revestirse de pragmatismo: ampliar la oferta electoral, ordenar internas, evitar fracturas. Pero la experiencia histórica argentina —y salteña— muestra otra cosa. La ley de lemas no es un instrumento de ampliación democrática, sino de distorsión de la voluntad popular. Permite que quien no obtiene la mayoría de los votos individuales acceda al poder por acumulación artificial. Es, en términos llanos, un mecanismo para ganar sin convencer.
Ahí radica el núcleo del problema. Las reglas del juego democrático no son un detalle accesorio: son la condición misma de la legitimidad. Cuando esas reglas se diseñan para favorecer al poder en ejercicio, el sistema deja de ser un canal de representación para convertirse en una tramposa herramienta de conservación. Puede producir victorias electorales, sí. Pero esas victorias cargan con una fragilidad de origen: la sospecha.
No es casual que los sistemas de lemas hayan sido abandonados en buena parte del país. Su lógica contradice una intuición básica del votante: que su voto elige directamente a quien gobierna. Cuando esa relación se opaca o se manipula, se erosiona la confianza pública. Y sin confianza, la democracia se vacía de contenido, aunque conserve sus formas.
La decisión de Diputados en Salta, por lo tanto, no puede analizarse en clave menor. Es un movimiento que impacta en la calidad institucional de la provincia. Puede que el oficialismo logre, a través de esta ingeniería, mejorar sus probabilidades electorales. Puede que venza. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿a qué costo?
Porque la democracia no se agota en el resultado. Es también —y sobre todo— un proceso de construcción de legitimidad. Convencer implica persuadir, ofrecer un proyecto, generar adhesión genuina. Vencer mediante reglas que diluyen la voluntad individual del votante implica otra cosa: es mantener el poder desde la ventaja estructural.
Unamuno lo entendió en un contexto extremo, pero su advertencia sigue vigente en escenarios mucho más sutiles. Cuando el poder se apoya más en la arquitectura del sistema que en la fuerza de las ideas, se debilita a sí mismo. Puede imponerse, pero no logra arraigo.
Salta enfrenta, una vez más, una encrucijada institucional. No es la primera ni será la última. Pero cada decisión de este tipo deja una huella. La política puede optar por el camino corto de la conveniencia o por el más exigente de la legitimidad.
Si elige el primero, quizás logre triunfos electorales. Pero corre el riesgo de confirmar, una vez más, aquella vieja advertencia: vencerán, pero no convencerán…
