En una reunión realizada ayer entre funcionarios nacionales y empresarios petroleros se trataron cambios en la ley de hidrocarburos que tiene impactos en las provincias petroleras que incluyen a Salta. La Casa Rosada propuso eliminar la cláusula de acarreo que preocupaba a las provincias.
Ampliamente tratado por Página 12, un informe de ese medio enfatizo que el Gobierno nacional presentó ante las empresas petroleras con actividad en el país un borrador del proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos. El documento contiene cambios con respecto a la iniciativa original, entre los cuales se destaca que la eliminación del contrato compartido con carry (acarreo) entre la empresa privada y la provincial sólo regirá para las nuevas adjudicaciones de áreas a explotar y no para todos los proyectos. Para entender lo que esto significa, conviene precisar que el “acarreo” se define como la posibilidad de que las empresas petroleras provinciales, sin aportar capital de inversión, participen de las concesiones en alianza con compañías privadas, con porcentajes de entre 10 y 15%.
Ese cambio con respecto al proyecto original, según Página 12, está más en línea con los intereses de los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) entre los que se encuentra Salta, aunque la provincia de mayor peso al respecto es la de Neuquen en donde se ubica el yacimiento de Vaca Muerta, considerada una de las reservas más importantes del mundo en lo que a gas no convencional se refiere.
La reunión de ayer fue encabezada por los ministros de Economía, Axel Kicillof; de Planificación, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga. Además de Galuccio, por el lado empresarial dieron el presente representantes de Total, Exxon Mobil, Sinopec, Tecpetrol, Pluspetrol, Roch, Medanito, CGC, Wintershall, Petrobras, Enap-Sipetrol, Chevron, Entre Lomas, PAE, Wintershall, Petrolera Pampa y Capsa.
El diagnóstico del Gobierno es que la Ley 17.319, que regula la actividad en la actualidad, está desactualizada porque “no contempla las necesidades de la explotación no tradicional, como el shale-gas y el off-shore”, indican fuentes oficiales. El objetivo del proyecto de ley es “maximizar las inversiones e incrementar las reservas y la producción”, y se suma a otras iniciativas que apuestan a concretar esa meta, como la mejora en los precios para la cadena de valor de los hidrocarburos y el acuerdo de pago a Repsol por la expropiación de YPF.
El proyecto propone reducir los plazos de permisos exploratorios y definir un sistema de “licencias competitivas”, sin reservas de áreas. En ese punto aparecen los cambios en la modalidad de acarreo, que permite a las empresas provinciales asociarse en los proyectos sin necesidad de invertir dinero. Fuentes oficiales indican que el proyecto de ley elimina esa imposición pero sólo para los contratos todavía no firmados. “Para lo que ya está cerrado, en todo caso se renegociarán los términos del contrato entre las empresas y las provincias”, señalan.
