Funcionarios provinciales se reunieron esta semana con directivos de YPF que quieren buscar el “oro negro” en la frontera con Bolivia. Pese a las críticas, el gobierno de Juan Manuel Urtubey apoya la ley de Hidrocarburos que avanza en el Congreso. (Gonzalo Teruel)
YPF se apresta para volver a operar en Salta. Al menos así lo informaron Diego Caligari y Gustavo Di Pietro, gerentes de Exploración y de Relaciones Institucionales de la compañía petrolera, a funcionarios provinciales. El miércoles fueron recibidos por el ministro de Ambiente y Producción, Baltazar Saravia, a quién le entregaron una propuesta “para realizar trabajos de exploración en el límite con Bolivia”.
La iniciativa de la nacionalizada YPF apunta a la exploración de hidrocarburos en el área “Desecho Chico” ubicada en los departamentos de Orán y Santa Victoria. Ahora, la provincia deberá evaluar la factibilidad del proyecto e iniciar el proceso administrativo -licitación mediante- que podría devolver a Salta a la mítica empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
“Es una gran noticia: YPF tiene un interés cierto por volver a Salta”, aseguró el secretario de Energía, Flavio Aguilera, y contó que el objetivo es explorar una cuenca gasífera. El proyecto, ergo, apunta al gas pero no descarta al petróleo porque, según explicó el funcionario, de confirmarse la existencia de un yacimiento “será de gas rico, un complejo de gas y líquido que se utiliza para la elaboración de naftas”.
La evaluación del proyecto demandará entre 60 y 90 días y en caso de aprobarse se abrirá un proceso licitatorio de otros 90 días. “No debería haber problemas y entonces YPF volvería a operar en Salta en la primera mitad del año próximo”, enfatizó Aguilera. La petrolera abandonó la provincia con la privatización de los años 90 y sólo mantiene mínimas asociaciones estratégicas con las transnacionales Tecpetrol, Pluspetrol y Pan Amercian Energy.
El renovado interés de YPF por Salta -donde supo operar en Aguaray y Acambuco, entre otras áreas- responde a la necesidad de “recuperar el autoabastecimiento energético perdido” expresada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en múltiples discursos.
El titular de la mayor compañía nacional, Miguel Galuccio, elaboró un plan para recuperar presencia y avanzar en proyectos de exploración que puedan captar inversores internacionales dispuestos a asociarse con YPF. Para ello, avanza en el Congreso una nueva ley de Hidrocarburos. “Esta ley servirá para atraer inversiones porque los inversionistas requieren un marco de previsibilidad técnica, fiscal y legal”, explicó confiado el ejecutivo durante un reciente plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto, y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación.
Ese marco de legalidad que menciona Galuccio todavía está siendo discutido porque, pese a tener consenso mayoritario, algunos legisladores advierten que la ley avanza sobre facultades que fueron otorgadas a las provincias en la reforma constitucional de 1994. “La nueva ley invade un poco la jurisdicción provincial consagrada por la Constitución Nacional y otorga y prorroga derechos sin los debidos procesos competitivos”, consideró en el mismo plenario el ex secretario de Energía, Daniel Montamat, convocado por los senadores de la UCR.
Más duro aún fue el senador Juan Carlos Romero. “Argentina se convertirá en una sola jurisdicción, como un emirato, donde todos los beneficios quedarán para la Nación y nada para las provincias”, vaticinó el ex gobernador que lamentó la poca resistencia que ofrecieron los mandatarios locales -sobre todo el salteño Juan Manuel Urtubey- al proyecto oficial.
De cualquier modo y pese al lamento de Romero, Salta ya se expresó y convalidó la propuesta. En la última jornada de “análisis técnico y negociaciones” de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, Salta estuvo representada por Andrés Zottos quien avaló el consenso. “El acuerdo respeta los intereses de las provincias y de los municipios con una legislación que buscará atraer inversiones”, indicó el vicegobernador y agregó que “la reforma nos permitirá avanzar hacia el autoabastecimiento energético, sustituyendo importaciones y atrayendo inversiones que permitan aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo”.
Muy por el contrario, desde el Frente de Izquierda denunciaron que “la disputa entre el gobierno nacional y los provinciales no fue más que por el reparto de las migajas que quedan de la entrega que significa esta ley a las multinacionales”. “Esta ley no hace más que validar el acuerdo entreguista firmado el año pasado con Chevron”, indicó el diputado Pablo López.
Los números del proyecto
Fuentes parlamentarias anticiparon a Cuarto Poder que el proyecto recibirá media sanción del Senado y que a la brevedad será girado a Diputados para su confirmación. “Entre otros aspectos, la ley establece nuevos plazos, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación, para las concesiones”, informaron.
La nueva norma habilita concesiones de 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales, y 30 años para los desarrollos off shore en la plataforma marítima. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones. Para adjudicar las concesiones, la ley establece un mecanismo de “licitación competitiva” buscando otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión que en el caso de la exploración no podrá ser inferior a 250 millones de dólares.
La norma prevé, además, un plazo de 6 meses desde su sanción para la elaboración de un “pliego modelo” para ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones. “El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente en concepto de regalía un 12%. Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías pero con un tope del 18%”, agregaron las fuentes consultadas. Al respecto, el senador Romero lamentó que la iniciativa “fija un límite a los ingresos de las provincias: un máximo de 3% en ingresos brutos, 12% en regalías, y sellos sólo para unos casos específicos”.
“La provincia no resigna nada con esta ley”, aclaró el secretario de Energía, Flavio Aguilera, y defendió el proyecto porque “unifica criterios para todo el país”. “La ley aporta seguridad jurídica para los inversores pero no afecta a las provincias que siguen siendo las que deciden las concesiones”, remarcó y “explicó que se respetan los porcentajes actualmente vigentes y se evita que para las prórrogas las provincias exijan un bono o pago adicional a las empresas como pasó Mendoza y La Pampa”.
Los números negros
Un reciente informe de la consultora Economía & Regiones reveló que la producción de gas y petróleo cayó fuerte en el país.
“La producción de petróleo en julio de 2014 alcanzó los 2.586.649 m³, con una caída del 3,7% con respecto al mismo mes de 2013 pero un incremento del 2,3% respecto de junio. En el acumulado anual, la producción totalizó los 7.852.511 metros³, un 1,4% por debajo que en el acumulado hasta igual mes de 2013”, detalló E&R a partir de los últimos datos consolidados.
La producción de gas natural, en tanto, alcanzó en julio “los 3.574.375 metros³ registrando una suba del 0,7% con respecto a igual mes de 2013 y del 4,1% con respecto a junio”. “En el acumulado anual, la producción totalizó los 24.015.341 metros³, un 0,6% menor que el acumulado hasta julio de 2013”, agregó E&R.
En este rubro Salta con un 9,9% registra la mayor caída interanual. “En el acumulado hasta julio, las mayores caídas se presentaron en Formosa 27,4%, Salta 11,5%, y Jujuy 4,8%”, consignó el informe privado.
Ahora, con aval de las provincias, el gobierno nacional busca revertir esos indicadores y con una nueva ley de Hidrocarburos recuperar el abastecimiento perdido durante los años de gestión kirchnerista.
