Víctor Bronstein, Director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad; opina sobre las viejas tensiones entre nación y provincias por la producción petrolera en el marco del debate por la nueva ley de hidrocarburos, que ya ocasiona cortocircuitos entre provincias petroleras como la nuestra y la nación.
El artículo fue publicado por Página 12 y a continuación lo transcribimos:
“La discusión de la nueva ley de hidrocarburos pone en primer plano, una vez más, las tensiones sempiternas entre la nación y las provincias. Sin embargo, el problema es más profundo y pareciera que no se lo está discutiendo en su dimensión más importante. Hasta ahora, los puntos conflictivos tienen que ver con el reparto de la renta petrolera y con la reivindicación que hacen las provincias de su derecho a decidir respecto de estos recursos. Es decir, se está discutiendo en el plano económico y legal, olvidando el carácter estratégico que tienen los hidrocarburos para el desarrollo de nuestra civilización y, por lo tanto, la necesidad de establecer las condiciones que garanticen nuestra seguridad energética.
Esta situación genera una tensión esencial de difícil resolución. Al ser un país federal, es entendible la reivindicación que hacen las provincias de estos recursos, pero al ser una cuestión de seguridad nacional el abastecimiento petrolero, la Nación debe garantizarlos y, por lo tanto, al tener la responsabilidad debe tener los instrumentos para lograrlo. Uno de los instrumentos es YPF, el otro, una ley de hidrocarburos que le permita establecer una política nacional en la materia. Así ocurre en otros países de la región que también tienen un sistema federal.
En Brasil, por ejemplo, que en muchos aspectos es mucho más federal que nuestro país, los recursos hidrocarburíferos pertenecen a la Nación. Lo mismo ocurre en México, donde el petróleo pertenece al Estado Federal. En EE.UU. se da una situación particular, porque es el único país donde el dueño del subsuelo es también dueño de los recursos del subsuelo, por lo que no existe un sistema de concesiones ni ley de hidrocarburos. Sin embargo, a través de su historia, el gobierno federal ha establecido políticas y normativas para garantizar el abastecimiento petrolero. Hasta tal punto se considera la cuestión petrolera como estratégica y de seguridad nacional, que el Departamento de Energía fue creado recién en 1974, después de la primera crisis petrolera mundial. La política petrolera estuvo y sigue estando en manos de la Secretaría de Seguridad. Las palabras de Kissinger que encabezan esta nota son por demás elocuentes.
En nuestro país, la problemática entre la Nación y las provincias fue una constante. En las sesiones parlamentarias de 1916 se dio una situación conflictiva entre la Nación y las provincias sobre los derechos de exploración de hidrocarburos, tema que pasó a primer plano de la política petrolera argentina. En aquel momento, la exploración de los yacimientos de Mendoza, Salta y Jujuy estaban recién comenzando y las empresas petroleras extranjeras se precipitaron a adquirir concesiones de los gobiernos provinciales.
Unos años más tarde, después de que Justo se hiciera cargo del gobierno, el Congreso aprobó la primera ley nacional del petróleo. La ley 11.688, del 24 de diciembre de 1932, confirmaba a YPF en su papel de empresa petrolera estatal y le garantizaba el derecho exclusivo de explorar y producir en las reservas del Estado. Pero en 1933 el gobierno salteño firmó un contrato con la Standard desafiando nuevamente al gobierno nacional, lo que produjo una gran tensión entre Justo y Robustiano Patrón Costas, gobernador de Salta. Luego, en 1935, se sanciona la ley 12.161, que si bien permitía la actividad privada, planteaba un monopolio de hecho a favor de YPF en la explotación y producción de petróleo. Confirmaba de ese modo los derechos de YPF a operar en las provincias. Las provincias, sin embargo, conservaron autoridad jurisdiccional para negociar concesiones petroleras con la empresa del Estado y todos los productores de petróleo, públicos o privados, debían pagar una regalía del 12 por ciento al gobierno provincial o al gobierno federal en el caso de que se tratara de territorios nacionales. Estas tensiones se resuelven recién con la Constitución de 1949, cuyo artículo 40 establecía que “…Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación…”.
Si bien esta Constitución fue derogada por el golpe militar de 1955, este artículo siguió vigente y recién es modificado en la Constitución de 1994, que pasa el dominio de los recursos hidrocarburíferos a las provincias, aunque la jurisdicción sigue siendo nacional, y por eso la discusión sobre una nueva ley nacional de hidrocarburos.
Discusión que debe darse en un contexto de futuras tensiones geopolíticas por garantizarse el recurso petrolero. Según un estudio prospectivo del Departamento de Energía de Estados Unidos, el petróleo pasará de los actuales 91 millones de barriles diarios a 115 mbd en 2040, y la producción de gas de los 3,2 billones de m3 actuales a 5,3 billones de m3. Los estudios del Departamento de Energía reconocen que no se sabe bien de dónde saldrá el petróleo y el gas que el mundo necesita para su funcionamiento. Ante este panorama, la explotación de los recursos de Vaca Muerta son imprescindibles. YPF y la Nación deben ser, entonces, los grandes protagonistas y los garantes de nuestra seguridad energética.
