La maniobra que le costó a la Municipalidad 500 millones no es la de un genio del mal: es la de un Minion. Es burda y solo pudo haber sido concretada por alguien que goza de total impunidad. O que cree que está bajo el amparo de gente mucho más poderosa. Ahora suma denuncias. Por Lucas Sorrentino

 

Se complica la situación legal de Daniel Nallar, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad. CUARTO PODER dio a conocer durante la semana, en exclusiva, la denuncia que ingresó a la Justicia contra el funcionario del romerato por el supuesto delito de fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. El miércoles que viene la abogada Liliana Mazzone realizará una ampliación de esa denuncia, que deja al descubierto un entramado mucho más complejo.

El motivo de la denuncia es tan claro, como obsceno: el funcionario de Bettina Romero actuó de los dos lados del mostrador en una causa judicial que le costó a la Municipalidad de Salta casi 500 millones de pesos, que no saldrán del bolsillo de Bettina, sino que pagarán todos los salteños que viven en la ciudad.

La jugada es obvia y evidente: Daniel Nallar encabezó la denuncia de la empresa Plumada contra la Municipalidad de Salta y al ser el asesor legal del Municipio debía intentar que esa denuncia no prosperara. Era, al mismo tiempo, el que pateaba el penal y el que debía atajarlo.

El fallo se conoció en diciembre y fue un baldazo de agua fría para las arcas municipales: la sentencia judicial, dictaminada en septiembre pasado, ordenó el desembolso de un total de $619.249.694, de los cuales, tras un arreglo con la firma demandante, se debe pagar un 20% menos, que son $495.399.755.

«Ya realizamos el primer pago de $54 millones y el de una cuota», dijo el procurador adjunto de la Municipalidad, Ramiro Angulo. El Tribuno recalca que el costo del juicio es similar a lo que el municipio destinará a su área social en 2022, que son unos $646 millones según el presupuesto aprobado.

 

Danielito, el terrible

En su denuncia, Liliana Mazzone recalca que «Daniel Nallar es titular de la Cátedra de derecho Administrativo de la Ucasal, por lo que no podría desconocer la ilicitud de su conducta».

La maniobra que le costó a la Municipalidad 500 millones no es la de un genio del mal: es la de un minion. Es burda y solo pudo haber sido concretada por alguien que goza de total impunidad. O que cree que está bajo el amparo de gente mucho más poderosa.

Y Daniel Nallar tiene sobrados motivos para creerse impune.

Nallar fue secretario de Seguridad del gobernador Juan Romero. Algunos recordarán esos tiempos: le encantaba ordenar represiones. Le gustaba eso de mandar a otros a golpear a los pobres. Fue una de esas salvajes represiones durante su gestión que murió Aníbal Verón.

Llegó a ocupar el cargo de presidente del Ente Regulador, cargo para el que tampoco estaba capacitado, pero donde, hacía menos daño.

Cuando se acabó el mandato de Juan Romero, pasó a ser el asesor de Plumada, empresa que siempre tuvo un tufillo a romerato. Volvió a trabajar al Estado hace dos años, como funcionario de la hija de Juan Romero.

La nueva denuncia deja al descubierto un modus operandi: funcionarios del romerato que dejaron al estado, pasaron a trabajar para empresas beneficiadas por el mismo romerato y luego inventan acciones legales contra el Estado trabajando para esas empresas. Cresud y Casinos Austrias son los focos de irregularidades a investigar.

 

El origen de Plumada

 

En 2006, una empresa que sólo se había dedicado al transporte de aguas gaseosas y chupetines se reconvirtió para especializarse también en guarda de archivos y le ofreció sus servicios a la provincia.

Plumada parecía un invento de Juan Romero. A días de dejar de ser gobernador en 2007, contrató en tiempo récord la digitalización de los archivos oficiales con un millonario adelanto. Así «privatizó» la memoria de los salteños: todos los archivos pasaron a manos de una empresa, que los resguarda.

Entonces los camiones de Plumada, que hasta ese momento sólo habían transportado Chupetines, gaseosas y agua mineral comenzaron a estacionar frente a dependencias provinciales para llevarse cajas y cajas de documentación a un galpón construido a un costado del acceso a Salta.

Miguel Angel Isa, entonces intendente capitalino, llegó al mismo acuerdo.

En 2014 Plumada comenzó a exigirle a la Municipalidad que actualice los importes, de acuerdo a unas cláusulas incluidas en el contrato. Ni Isa ni Gustavo Sáenz respondieron.

El duo de abogados integrado por Daniel Nallar y Osvaldo Camisar patrocinaron a Plumanada en un juicio contra la comuna para obtener por vía judicial lo que no habían podido por la vía administrativa.

Como resultado de esa demanda, hoy el Municipio tiene un agujero negro en las arcas.

 

 

Lo peor está por venir

 

El fallo de la jueza Silvia Longarte establece que esa millonaria cifra se debe pagar debido a los reclamos de la empresa Plumada por la guarda de archivos entre 2014 y 2017.

El problema es que Bettina Romero deja las puertas abiertas para una nueva demanda. La denuncia de Mazzone lo deja bien claro: «mientras las boletas de impuestos y los legajos desbordan en sus propias oficinas, la intendencia sigue pagando por el servicio de guarda de archivos sin las actualizaciones que la empresa reclama, preparando el terreno para que ésta vuelva a lograr un nuevo fallo judicial por los períodos 2018-2022».

Ese fallo, con el antecedente que ya existe, saldrá en un abrir y cerrar de ojos. Bettina, probablemente, ya no sea intendenta de la ciudad, cuando todos los vecinos deban seguir pagando las consecuencias.

Daniel Nallar, curiosamente, más gana mientras más pierde. Se ha convertido en una aceitada máquina de perder.

En 2021, volvió a dejar picando, en el área, una pelota para que la Municipalidad pierda otro juicio. El Profesor de la Universidad Católica actuó como un estudiante sin título: contrató, en forma directa los servicios de la cámara de empresas Cecaitra para librar fotomultas a los conductores de Salta: la empresa se iba a cobrar un módico  “porcentaje” del 40% de las multas, con lo que ató al lucro empresario la irrenunciable tarea municipal de prevenir los accidentes de tránsito. Pero fue tal el escándalo que la Municipalidad debió suspender el contrato cuando ya la empresa había instalado sus aparatos en autopistas y distintos lugares en la ciudad: es solo cuestión de tiempo para que todos tengamos que pagar ese chistecito.

También está plagado de irregularidades el Proyecto de Servicio Funerario y Crematorio que pretende instalar en la ciudad junto a la empresa Pieve.

Cuando todo esto pase, “Danielito, el terrible”, probablemente volverá a Plumada, donde siempre lo esperan con los brazos abiertos. Para ellos no es una máquina de perder. Es una pieza clave que los hizo ganar millones.