La madre de Gabriela Surita, víctima de un femicidio en Villa Lavalle, pide que sus tres nietos estén a su cargo y no con la familia paterna como lo ordenó el juez del Juzgado Nº 6. Andrea Sztychmasjter

“Ya hay un antecedente de un caso como lo fue el de Yapura-Alderete” señala Mariana Saldaño, abogada de la mamá de Gabriela Zurita y militante por derechos de género. La letrada dice esto al referirse a la denuncia que una semana y media antes del femiçidio, Gabriela Surita, ahora muerta, había realizado. En ella, según comenta Saldaño, la mujer de 21 años daba cuenta del riesgo que ella y sus hijos corrían por la violencia que Gustavo Adolfo Herrera Leañez, hoy condenado a perpetua, ejercía sobre la joven madre.

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Sin embargo, el alerta y pedido de ayuda de una mujer que se encontraba en un estado importante de vulnerabilidad social no fueron escuchados en una provincia que dice llevar adelante un arduo trabajo contra la violencia de género. La inacción de la Justicia y la responsabilidad del Estado por la muerte de Gabriela Surita “será algo de lo que más adelante nos encargaremos”, señala la abogada y agrega que “lo importante ahora es que los hijos de ella puedan estar bien y creemos que lo mejor es que estén con la mamá de Gabriela, la señora María Jerez”.

Como ya se informara, la semana pasada la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó a Gustavo Adolfo Herrera Leañez a la pena de prisión perpetua como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género contra Gabriela Surita. El femicidio ocurrió en julio del año pasado en Villa Lavalle y en un primer momento el asesino estuvo prófugo.  Aunque Daniel Luna, el abogado defensor de Herrera, planteó argucias para atacar la figura de femicidio, no logró exculpar a su defendido del grave crimen  cometido.

En los fundamentos de la condena contra Herrera se puede leer el crudo relato de un vecino al enterarse del crimen. El hijo más grande de la víctima de tan solo cinco años con su hermanita de meses en brazos y con la otra hermana de 3 años al lado, fue quien les avisó: “Están matando a mi mamá”. Es así que se evidencia que los tres hijos de la víctima presenciaron el crimen de su propia madre.

Morir por ser mujer

El estado de vulnerabilidad de Gabriela Surita era evidente: había sido madre a los 15 años y desde hacía tiempo se encargaba sola de sus hijos, dado que el padre de los chicos, Carlos Ramos, está alojado en Villas Las Rosas por robo. Un tiempo antes de su muerte, Gabriela organizaba dejar Villa Lavalle y dirigirse a Chile donde vive su madre. Consideraba que allí podría darle una mejor vida a sus hijos.

“Los hijos actualmente están en Villa Lavalle a metros de donde mataron a su mamá” señala la abogada Saldaño, “la madre de Gabriela quiere pelear por la guarda de los chicos, ella está en una mejor situación económica, tiene residencia en Antofagasta y nuestra lucha como abogadas parte del hecho de que esos chicos puedan tener una mejor calidad de vida, y no como la de sus padres”. La abogada explica que legalmente para el caso de las guardas, el Código civil prioriza la residencia en nuestro país. Este es uno de los motivos por los que el juez de Familia, Daniel Canavoso, decide darle la guarda de los chicos a la familia paterna y no a la madre de la víctima que vive en Chile.

“Sin embargo hay jurisprudencia que refiere que cuando vos no tenes un centro de vida arraigado siempre se prioriza el interés del niño por los tratados internacionales incorporados en nuestros derechos por el articulo 75 inciso 22 de la Constitución”, explica la letrada agregando que por ello ya hicieron la presentación en primera instancia, apelando lo dictaminado por el Juzgado Nº 6 de Familia.

“El juez en su sentencia para que los niños se queden con la familia paterna se vale del ‘principio de estabilidad’, considera que los chicos deben seguir yendo a la misma escuela del barrio. Desoyó los informes de la Asesora de Incapaces y hasta el informe del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia que señalan que los chicos estarán mejor con la abuela materna”,  manifestó Mariana Saldaño. “No entendemos la sentencia. El Juez no dejo ni que los niños puedan irse dos meses de vacaciones con la abuela”.

Desde que mataron a su mamá, los niños se encuentran con Clarisa Rojas de 71 años, abuela paterna y con un tío, Aldo Ramos. Un tiempo antes estuvieron con otro tío hermano de Gabriela, pero éste avisó que ya no podía hacerse cargo de los niños, porque se encontraba al cuidado de su hijo recién nacido y de sus otros hijos.

“Consideramos que van a estar mejor con la abuela materna no solo porque creemos que les va a hacer bien salir de Villa Lavalle, sino porque Rojas es ya una señora mayor que está enferma y porque su tío tiene denuncias por violencia y antecedentes penales comprobados”, señala la abogada y agrega: “Tenemos que evitar que las hijas mujeres terminen como terminó su mamá y que el varón termine como su papá, debemos resguardarlos”-

Una semana antes del femiçidio, la casa donde vivía Gabriela con sus hijos había sido vendida. “Justamente la intención de Gabriela era irse a Chile con su mamá, pero necesitaba la autorización de su papá que está preso para llevar a sus hijos, pero él no quería que se vayan. En la cárcel cuando ella va a pedirle la autorización, Gabriela sufre otro hecho de violencia por parte del padre de sus hijos. El termina fracturándole un dedo”, comenta Saldaño.

Según se pudo saber en el juicio, Gabriela desde muy chica había sido víctima de violencia por parte del padre de sus hijos. Çarlos Ramos la obligaba a vestirse con ropa de hombre y le tenía prohibido que se maquille. Pese al hecho de violencia que en la propia cárcel ejerció contra Gabriela, Ramos un mes después del femicidio tomó la decisión de hacer una huelga seca a modo de reclamo para pedir prisión domiciliaria y así  reencontrarse con sus hijos. En ese momento argumentaba que solo le quedaban 8 meses de condena.

Para finalizar, la abogada adelantó que pedirá un informe al Ministerio de DD.HH y Justicia para ver cuál es la situación de los niños hoy y manifestó que espera que la justicia salteña reconsidere la sentencia de la guarda. “La abuela materna considera que los niños todavía no están a salvo. A su hija ya nadie se la va a poder devolver, pero ella sufre por sus nietitos. Considera que no están bien ni psicológica ni físicamente. Esperamos que haya una sentencia favorable porque creemos que con ella es donde mejor pueden estar contenidos los chicos y no en Villa Lavalle haciendo la misma vida que tenían sus padres.”

Ley Brisa

Desde La Casa del Encuentro, con el apoyo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) están impulsando un proyecto de ley que garantice una ayuda económica mensual para niños y niñas cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios. Cada semana, seis niñas y niños quedan huérfanos de madre por femicidios perpetrados en Argentina y quedan desamparados, bajo el cuidado de familiares u otras redes de contención en caso de poseerlas. En el peor de los casos, terminan en hogares. Además, cabe señalar que la mayoría de las veces, sus padres resultan detenidos, al ser responsables de esos femicidios.

La ley permitirá que hijas e hijos, víctimas colaterales de la violencia machista, cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud, hasta su mayoría de edad. Las organizaciones impulsoras de este proyecto, insisten en que no se trata ni de un subsidio ni de una asignación o ayuda, sino de una reparación económica para que precisamente el Estado se responsabilice sobre la situación que no llegó a prevenir. Además será compatible con otras asignaciones que posean (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo) e independiente de otros aportes que reciban de padre y/o familiares.

El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” para recordar el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años que vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años. Su madre Daiana Barrionuevo fue asesinada a golpes y su cadáver arrojado a un río dentro de una bolsa.

El femicida, su marido, denunció para cubrirse y obtener impunidad que la víctima había abandonado el hogar y se había fugado con un amante. Pero el cuerpo fue hallado y el sujeto resultó detenido. Desde entonces, la pequeña y sus hermanos conviven con su tía Cintia Barrionuevo, quien es madre de tres hijos.