Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en abril la provincia lideró el desplome de transferencias nacionales con una caída real del 10,9%. En un escenario donde el 70% u 80% del gasto público se destina a salarios y servicios sociales, la tijera fiscal enciende las alarmas de la conflictividad laboral.
Leona Del Monte
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “La contracara de la caída de la recaudación provincial: el incremento de la conflictividad laboral”, revela que nuestra provincia fue la jurisdicción más castigada de todo el país en la pérdida de Recursos de Origen Nacional (RON) durante el mes de abril.
Mientras que a nivel nacional el promedio de caída de estos fondos fue del 3,3% en términos reales, Salta sufrió un brutal desplome del 10,9%, quedando muy por encima de otras provincias severamente afectadas como La Rioja (-4,4%), Formosa (-4,0%) o Entre Ríos (-4,0%).
La trampa de los recursos y la dependencia de Nación
El escenario se vuelve especialmente crítico si se analiza la estructura de financiamiento. En promedio, las provincias argentinas dependen en un 54% de las transferencias tributarias que envía la Nación (vía Coparticipación Federal y otros recursos nacionales).
Para intentar compensar este ahogo financiero, el gobierno de Salta ha tenido que recurrir a las transferencias no automáticas. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, la provincia recibió $11.000 millones en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), ubicándose detrás de Misiones ($15.000 millones), Corrientes y Mendoza ($14.000 millones). Sin embargo, tal como advierte el informe de CEPA, estos parches financieros tienen un peso marginal (menos del 2% del total de los recursos provinciales) y no logran revertir la tendencia de fondo: la recaudación propia de origen provincial (ROP) también viene cayendo de manera sostenida (un 16% real promedio a nivel país desde el inicio de la actual gestión nacional).
El impacto directo en el bolsillo
La matemática económica se traduce de forma directa en tensión social. El estudio de CEPA detalla que los presupuestos provinciales tienen una rigidez estructural difícil de flexibilizar: entre el 70% y el 80% del gasto total se concentra en servicios sociales esenciales, es decir, en el pago de salarios de docentes, médicos, enfermeros, policías y personal judicial.
Al recortarse drásticamente los ingresos, la capacidad de los gobernadores para ofrecer paritarias que acompañen la inflación se reduce a cero. En lo que va de 2026, CEPA ya registró al menos 101 conflictos laborales estatales de gran magnitud en todo el país, de los cuales el 66,3% siguen activos y sin vías de solución.
Si bien distritos como Buenos Aires, Catamarca, Chaco o Entre Ríos ya muestran focos de protestas extremas (que van desde paros de 48 horas en la justicia hasta ollas populares y cortes de rutas), el dato que ubica a Salta a la cabeza de la pérdida de recursos anticipa un invierno complejo para la paz social en la provincia. Con los gremios locales bajo alerta por la pérdida acumulada del poder adquisitivo, el gobierno salteño enfrenta el desafío de hacer equilibrio entre una recaudación que se achica a ritmo récord y una demanda laboral que amenaza con desbordar las calles.
¿Cómo funciona la Coparticipación Federal?
El sistema se divide en dos grandes etapas:
Distribución Primaria: Es la masa total de impuestos nacionales coparticipables (los más importantes son el IVA y el Impuesto a las Ganancias). De este pozo total, una parte se la queda el Estado Nacional y otra parte se reparte automáticamente entre las provincias.
Distribución Secundaria: Es el porcentaje fijo que le corresponde a cada provincia sobre ese pozo destinado al interior. Estos coeficientes se fijaron por ley en 1988 y nunca se pudieron actualizar porque requieren la unanimidad de todas las provincias. A Salta le corresponde el 3,78% de esa torta secundaria.
Cuando la actividad económica nacional entra en recesión, el consumo interno se desploma. Esto tiene un impacto inmediato en la recaudación del IVA. Como este impuesto es el motor de la coparticipación, si la Nación recauda menos, el pozo total que se reparte de forma diaria se achica automáticamente.
Aquí es donde se produce una asimetría muy fuerte entre las provincias:
Alta dependencia fiscal: Provincias con estructuras industriales o comerciales más grandes (como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe) tienen mayor capacidad de recaudar impuestos propios (como Ingresos Brutos) a nivel local.
El caso de Salta: Al igual que la mayoría de las provincias del Norte Grande, Salta tiene una economía regional más expuesta y un mercado local más chico. Esto genera que más del 70% de cada peso que ingresa a las arcas del Estado salteño provenga directamente de los envíos de Nación (Coparticipación y transferencias no automáticas). Por ende, si el flujo central se corta o se reduce, la provincia no tiene forma física de compensar esa pérdida con recaudación local (los recursos de origen provincial también arrastran caídas reales históricas).
