En el Ministerio de la Primera Infancia parecen luchar contra la pobreza extrema y las falencias estructurales de un Estado que por un lado detecta casos urgentes, para luego descubrir que las estructuras no pueden resolver los problemas que detecta.
El caso del niño de Rivadavia Banda Norte internado en grave estado en el Materno Infantil de nuestra ciudad, evidencia que una contradicción atraviesa a la lucha contra la desnutrición infantil. Desde que se inauguró el Ministerio de la Primera Infancia se activaron métodos de relevamiento que pasando de las estadísticas generales a aquellas que permiten individualizar los problemas de pobreza logra identificar casos puntuales. Información que, en el caso de Rivadavia Banda Norte, permite diseñar planes de acción que sin embargo se encuentra con barreras que parecen imposibles de franquear en el corto plazo.
Una pobreza estructural en donde el 49% de la población que es superior a los 30.000 habitantes posee necesidades básicas insatisfechas en medio de un territorio de 25.951 kilómetros cuadrados; escenario gigantesco donde las actividades productivas son escasas o directamente nulas en muchos de los parajes desperdigados; un 35% de la población indígena con serios problemas de integración con los criollos, los organismos del Estado y la medicina occidental.
A las barreras culturas y los estragos de la pobreza, deben sumársele las falencias del propio Estado para atender las demandas de salud y problemas propios de gestión. Para graficar lo primero, precisemos que como parte del llamado “Refuerzo Estival” que el Ministerio de la primera Infancia diseño para asistir a las poblaciones en riesgo durante el verano, de 500 familias relevadas en Rivadavia Banda Norte se optó por derivar por distintas causas a no menos de 80 personas a centros asistenciales de Santa Victoria Este, Orán y Tartagal. Decisión que luego se encontró con obstáculos frustrantes: falta de agua potable que permita luchar con chances de éxito los problemas ocasionados por el verano; carencia de vehículos que faciliten el traslado de los derivados que obligan a pedir auxilio al ejército, iglesia y hasta particulares; centros asistenciales con falencias de recursos humanos y materiales capaces de dar respuesta a las problemáticas muy concretas que suponen casos como estos; y una indiferencia social que atada a los problemas propios de las grandes urbes se inclina por repudiar la existencia de carros traccionados por animales pero no ve las consecuencias que el hambre produce en los parajes alejados.
Los problemas de gestión no son menos importantes. No alcanza con que un Ministerio (el de Infancia) diseñe planes de acción a largo plazo o campañas inmediatas destinas a atender las urgencias que suponen el periodo estival. Hace falta también que los actores estatales que hasta ahora han mostrado una somnolencia trágica como los ministerios de Derechos Humanos y el de Salud, activen protocolos y mecanismos propios intervención que aporten a un esfuerzo que en países como Chile ayudaron a resolver una problemática que tomó casi 30 años resolver.
