Tras la publicación de Cuarto Poder en la que se reveló que Marcelo López Arias es también director de la empresa imputada como responsable por la muerte de un estudiante de la UNSa en 2016, los diaguitas cuestionan la investigación y se solidarizan con la familia de Lucas Salberría. Esta semana la jueza Ada Zunino deberá resolver si sobresee al socio del ministro.
Por Kolla Baltasar
Las consecuencias del caso Lucas Salaberría va tomando caminos inesperados. Se trata del joven estudiante de Geología de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) que falleció en noviembre de 2016 en una expedición de exploración minera en un sector del Nevado de Cachi. Lucas, de 27 años, fue contratado por la empresa Cardero S.A para ir a trabajar a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, de una manera totalmente irregular. Sin estudios médico-físicos, sin cobertura de ningún seguro, sin avisar a ninguna autoridad competente y sin equipos sanitarios para trabajar en las condiciones de altura que imponen las montañas. Su deceso fue tras cuatro días de padecer el denominado “mal de altura”, por la inercia del jefe de la expedición, un geólogo peruano que sólo le dio un Tafirol, que nada hizo ante el edema pulmonar.
El andino John Huaman Canchaguía, quien estaba al frente de la expedición, fue imputado por la Justicia por la investigación llevada a cabo por el titular de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz. La Fiscalía le imputó el delito de “homicidio culposo” al guía. Loa padres de Lucas lucharon y lograron que en febrero de este año se amplíe la imputación para el titular de la firma Cardero S.A., Mario Luis Castelli, por haber contratado y organizado una expedición minera en total irregularidad. Ahora bien, los padres de Lucas avanzaron otro paso y descubrieron que el otro “director titular” de la firma es el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo Eduardo López Arias, tal como se reseñó en la edición del 7 de abril último de este semanario. El jefe de los ministros de Juan Manuel Urtubey está implicado en la muerte de un chico y nadie dice nada.
En el Boletín Oficial 20.184 la mamá de Lucas descubrió que el histórico referente del Partido Justicialista (PJ), es el director titular de la firma que llevó a su hijo a la muerte. No se explica cómo Castelli está imputado y el ministro López Arias no, ya que ambos tienen el cargo de directores en la empresa hallada responsable por la muerte del joven.
Por el lado judicial, Norma, madre de Lucas, tiene ahora una urgencia. Los abogados de Castelli ahora pidieron el sobreseimiento ante el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Ada Zunino, quien durante esta semana debe definir la situación procesal. “Si lo sobreseen a Castelli se nos cae todo. Nosotros vemos como las estructuras del poder en Salta se tocaron con el caso de la muerte de mi hijo”, le dijo Norma a este semanario.
“El único que se anima a publicar la vinculación del hombre fuerte del Gobierno con la muerte de Lucas es el Cuarto Poder. Nadie más quiere hablar del tema, mucho menos la gente de la Dirección de Minería”, reflexionó. La mujer no sabía que además de no salir a decir nada sobre la muerte de Lucas, López Arias y Castelli son socios de Wealth Minerals Argentina S.A., según el Boletín Oficial 20.041, publicado el 14 de junio de 2017. Se trata de otra firma dedicada a brindar servicios mineros con lo cual habría que al menos aclarar si no existen los ya conocidos “conflictos de intereses”, ya que es bien sabido que el superministro es el encargado de “invitar a invertir” a empresas mineras en Salta. En abril de 2017 estuvo reunido con empresarios suizos y antes, en septiembre de 2016, recibió a la embajadora de Sudáfrica también para mostrarle los beneficios de la provincia como potencia minera. Lo que no se aclarara en los partes oficiales es si López Arias además ofertó los servicios que prestan sus dos empresas.
Aliados
A los papás de Lucas les salieron unos compañeros de viaje inesperados. Los miembros de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, cercanas a Cachi, estuvieron reunidos en asamblea extraordinaria ante la información de este medio sobre las empresas de las que es propietario el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.
“Ahora entendemos toda la trama del poder intocable que se teje en torno de las exploraciones mineras a escondidas que se realizan en nuestro territorio”, dijo Héctor Fabián que es el primer representante de la comunidad Diaguita Kallchaki de La Pailas y que además es delegado de la UPND Salta y vocal del Ippis (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas) por el pueblo diaguita.
“Cualquier acción, movimiento o expedición que se realice en territorio diaguita debe contar con aprobación mediante consulta. Eso lo dicen los tratados internacionales y no lo puede desconocer un ministro. Esa expedición que realizaron y en donde muere Lucas nunca estuvo consulta o informada por nadie. Tampoco informaron a la Policía, al Municipio ni al hospital. Entonces, López Arias oculta algo y eso para un funcionario es inaceptable. Si tiene todo en regla y tiene buenas intenciones de negocios hubiera organizado regularmente la expedición y nos habría consultado”, dijo Fabián.
Los diaguitas desconfían del lugar en donde se estuvieron tomando las muestras minerales. “En el lugar que muere Lucas están las nacientes de una serie de arroyos y manantiales que van a desembocar luego en el río Calchaquí. Nosotros cuidamos nuestras nacientes porque son la base de la vida. Ya tenemos un antecedente de una mina que se llama El Apunao, donde por los años 40 se extrajo material y se usó como base un antiguo lugar sagrado. No vamos a permitir que usurpen nuestros lugares que son ancestrales y aseguran algo tan elemental como el agua”, dijo Fabián.
Los diaguitas confirmaron que ya están en contacto con la familia de Lucas para compartir información y avances en la investigación.
Ahora se entiende algunos de los “por qué” de este nuevo avance pro-minero apoyado por todo el aparato estatal y la gran mayoría de los medios de comunicación. Nadie dijo nada sobre quién estaba por detrás de una expedición “trucha” y una muerte evitable. Habrá que ver qué dictamina la jueza Zunino. Para quien la recuerde, es la misma jueza que tenía 27 mil dólares, en abril del año pasado, en un despacho de Ciudad Judicial, y que luego nada se supo sobre el tema.
